Foto: Agencia UNO
Brandon Hernández Huentecol, de 17 años, fue herido de gravedad mientras estaba contra el suelo luego de haber sido detenido por haber acudido a ayudar a su hermano de solo 13 años que pedía auxilio mientras era detenido.
El disparo fue realizado por Cristian Rivera, funcionario del GOPE del Retén de Pailahueque, quien disparó su escopeta antimotines, sobre lo cual Carabineros solo informó que se trató de "un accidente" a investigar, mientras que el autor del disparo fue dejado en libertad por el fiscal Jorge Bustos.
Sin embargo, sus familiares denuncian que se trató de abuso de poder y excesiva fuerza policial, lo que se respalda claramente en la violencia ejercida durante este procedimiento, un control de identidad en el que ambos hermanos fueron reducidos contra el piso y apuntados con armamento, sin que ninguno de ellos ofreciera resistencia.
Durante el domingo 18 ninguna autoridad política se pronunció, a pesar de la gravedad de los hechos que se suman a numerosos atropellos recientes a las comunidades mapuche, entre ellos, los incidentes de noviembre pasado por los que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso recientemente un recurso a favor de seis personas violentadas por Carabineros, entre ellas una niña y un adolescente, que fueron víctimas de golpes y disparos de bombas lacrimógenas al cuerpo mientras se manifestaban en solidaridad con los presos políticos de Cañete.
El INDH criticó el actuar de carabineros y señaló que se trata del "uso excesivo de la fuerza (uso desmedido de medios disuasivos sin tomar resguardos) y fueron ejecutadas al margen de la legalidad y de los derechos consagrados a los amparados en la Constitución Política y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados y vigentes en Chile". Con el recurso "se busca proteger su derecho constitucional a la libertad personal y seguridad individual".
De esta manera, este tipo de situaciones no son aisladas, y se producen en un contexto de permanente hostigamiento y represión hacia las comunidades mapuche en el sur del país, lo cual ha sido constatado y denunciado insistentemente por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
Ante estos hechos el gobierno debe instruir la baja del carabinero involucrado, de los oficiales responsables del operativo, y pronunciarse sobre las políticas de seguridad desplegadas contra las comunidades mapuche, amparadas en marcos normativos y legales que avalan la represión e impunidad de este tipo de crímenes, procedimientos, y protocolos absolutamente injustificados.
Asimismo, la investigación que se lleve a cabo debe estar a cargo de la justicia ordinaria y no de las autoridades de Carabineros ni de la justicia militar, puesto que no ofrecen garantías de investigación ni condenas correspondientes a la gravedad de estas vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas.
