Actividades

Directora del Archivo Nacional ratifica necesidad de derogar leyes que impiden acceso a la información

Emma de Ramón respondió a la misiva enviada hace algunas semanas por Londres 38, espacio de memorias, remarcando el compromiso de esa institución con el tratamiento, resguardo y acceso universal a la información.

Publicado el 21 de abril de 2017
Emma de Ramón Acevedo

Emma de Ramón Acevedo, actual directora del Archivo Nacional. Foto: Archivo Nacional

El pasado mes de marzo, Londres 38, con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, sitios de memoria y organismos a cargo de archivos, enviaron una carta a la directora del Archivo Nacional, Emma de Ramón, donde exhortaban a esa institución a tener un rol protagónico en la lucha por terminar con los archivos secretos de la dictadura y el resguardo de la documentación.

La autoridad, recientemente, dio respuesta al texto, señalando que concuerda con la necesidad de fortalecer la institucionalidad archivística del Estado para enfrentar los desafíos respecto al acceso documental ciudadano de la información sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.

Por otra parte, indica que como medida preliminar el Archivo Nacional se ha dado la tarea de formular proyectos de trabajo que permitan el tratamiento, el resguardo y accesibilidad de los archivos transferidos recientemente, como es el caso de los libros de registro del ex campo de prisioneros de Pisagua, encontrados por Gendarmería.

"Confiamos que trabajando juntos podamos continuar esta senda y en un breve plazo, derogar las leyes que heredamos y que no nos permiten actualmente todo el acceso a la información", sentencia la directora.

A continuación, reproducimos el texto íntegro de la respuesta enviada por la directora del Archivo Nacional:

Santiago, abril de 2017

Señores
Corporación Londres 38
Presente

Estimados/as señores y señoras:

Como claramente señala la carta abierta enviada a esta Directora, durante los últimos años, los archivos relacionados con la vulneración de los DDHH en Chile han alcanzado gran relevancia por cuanto a través de ellos es posible demostrar los terribles hechos ocurridos en los años de la dictadura cívico-militar y con ello, buscar justicia. Esto no es nuevo en la larga historia de Chile y de sus archivos: muchas veces en nuestra historia han ocurrido sucesos lamentables que han dejado sus heridas en nuestros connacionales y sus rastros en los documentos que conserva el Archivo Nacional. Sólo para recordar algunos, el genocidio de indígenas fueguinos durante la ocupación y colonización de las tierras australes se encuentran descritos ampliamente en diversos documentos judiciales y administrativos relativos a la región de Magallanes que se conservan en nuestros depósitos. La represión sufrida por diversos personeros del régimen balmacedista en los crueles sucesos de 1891, pueden constatarse en varios sumarios del fondo Judicial de Santiago, mientras que el despojo de las tierras (y con ello parte importante de la cultura) mapuches desde el siglo XIX en adelante pueden encontrarse en el Archivo Regional de la Araucanía. Nuestra historia patria, desgraciadamente, se encuentra jalonada por estos hechos trágicos que reflejan la falta de respeto y aún el desprecio por la vida y la dignidad de las personas.

Todo ello ha quedado impregnado en los documentos que conservan nuestros depósitos en la medida que éstos van llegando a nosotros de acuerdo a las leyes que rigen estos procesos y, tal como señala en su carta, es nuestro deber tanto exigir a los jefes de servicio la documentación que debe ser entregada al Archivo Nacional como también, visitar los diversos archivos y establecer las normas técnicas que garanticen la conservación y acceso a los documentos mientras se encuentran en poder de cada repartición. En el caso de los documentos a los que hace referencia su carta, las fichas encontradas en el Ministerio de Defensa corresponden a sentencias que se encuentran resguardadas en el Archivo Nacional de la Administración así como los documentos de Gendarmería de Iquique, en el Archivo Regional de Tarapacá; otros documentos relacionados con casos de violaciones de DDHH, como aquellos que se encuentran en el fondo Ministerio del Interior y en el fondo Cárcel Pública de Santiago, se ponen en servicio de la justicia cada vez que se solicitan.

Concordamos plenamente en la necesidad de fortalecer la institucionalidad archivística del Estado para hacer frente a los desafíos planteados respecto al acceso documental ciudadano a la información que garantice el ejercicio de derechos, particularmente en lo referido a las violaciones de derechos humanos acaecidas durante la dictadura. En lo específico, como medida inicial, el Archivo Nacional se ha dado a la tarea de formular proyectos de trabajo que permitan el tratamiento, el resguardo y la accesibilidad de los archivos transferidos recientemente como es el caso de los de gendarmería de Chile.

El Archivo Nacional hace a diario grandes esfuerzos por resguardar todo nuestro patrimonio documental utilizando para ello, los recursos que nos confiere la Ley. Asimismo, está todo el tiempo poniendo atención y acompañando a la ciudadanía en la defensa de archivos relativos a estos y a otros temas sensibles. Confiamos en que, trabajando juntos como hasta ahora lo hemos hecho, podamos continuar en esta senda y, en el más breve plazo derogar las leyes que heredamos y que no nos permiten actualmente el acceso a toda la información.

EMMA DE RAMÓN ACEVEDO
DIRECTORA
ARCHIVO NACIONAL DE CHILE


Ver más:

Carta abierta enviada por Londres 38 junto a organizaciones de derechos humanos y archivos. Respuesta de la directora del Archivo Nacional