Daniela Cornejo y Macarena Silva.Daniela Cornejo y Macarena Silva. Integrantes de Londres 38, espacio de memorias.
Entre el 21 y 23 de abril, en la ciudad de Cartagena, se llevó a cabo el sexto Congreso de Barrios y Zonas Patrimoniales "Por una Ley de Patrimonio para Chile", que tuvo por objetivo contribuir a la consolidación de una propuesta que permita reemplazar a la actual Ley de Monumentos, número 17.288 de 1970, que hoy se encuentra obsoleta. En esta instancia, también estuvo presente Londres 38 para referirse a las demandas asociadas a la nueva institucionalidad, en la perspectiva de un Estado garante de la verdad la justicia y la memoria.
En representación de la organización participaron Macarena Silva, y Daniela Cornejo, quienes explicaron el trabajo que han llevado adelante durante los últimos años, el cual se caracteriza por la realización de acciones que permiten evidenciar la falta de políticas orientadas a la recuperación, conservación y acceso público de los archivos de la represión y derechos humanos en Chile y de la necesidad de una política integral de recuperación de sitios de memorias.
Las restricciones de acceso de los antecedentes de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Rettig) y el absoluto secreto sobre aquellos de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech), así como el ocultamiento y no reconocimiento de la información en manos de las Fuerzas Armadas y de orden, y la falta de acciones proactivas de búsqueda de información en las reparticiones públicas, dan cuenta de la dispersión y la ausencia de una responsabilidad clara, institucional y pública del Estado como garante del derecho a la verdad, el acceso a la información pública, y a la justicia, entre otras dimensiones vinculadas al rol clave que pueden tener los archivos sobre la represión y derechos humanos.
De los 1.132 sitios que en 2004 se habían catastrado, solo 23 cuentan con el reconocimiento de Monumento Nacional, y continúan las declaratorias individuales a solicitud de las agrupaciones. Pocos cuentan con financiamiento para su gestión y la gran mayoría es de Santiago. No existe una política de protección y recuperación territorial, ni estratégica y representativa. Tal como ha sucedido en los casos de La Providencia de Antofagasta y la ex Colonia Dignidad, los logros han sido posibles gracias a los esfuerzos y recursos casi inexistentes de las agrupaciones y organizaciones que, una a una, han gestionado y demandado su recuperación enfrentando grandes obstáculos, principalmente de las Fuerzas Armadas y de orden.
La función pública de la protección de la memoria ha sido delegada, ya que desde el Estado no está garantizado el derecho a la memoria, y este se está ejerciendo gracias al trabajo de diversas organizaciones y colectivos de la sociedad civil que, con recursos casi inexistentes, se embarcan en la labor titánica de intentar proteger cada sitio, responsabilidad que recae en cada uno de ellos y cuyo resultado es incierto. Finalmente dependerá de la capacidad de organización y gestión de cada organización, con las posibles consecuencias de las potenciales pérdidas irreversibles de información, memoria y, verdad, dificultando así toda y posibilidad de diálogo y transmisión generacional, que esto conlleva.
Además, Londres 38 plantea la necesidad de terminar con el secretismo de los archivos, invitando a las instituciones patrimoniales a asumir un rol público protagónico que garantice el derecho al patrimonio, a la memoria, a la verdad, en colaboración con la administración de justicia, asociada a los lugares de memoria, con mecanismos participativos reales y respeto a la autonomía de las organizaciones, cumpliendo las atribuciones y funciones del Estado en la recuperación y protección de la memoria, fuente primaria de debate, construcción colectiva y democrática de una mejor sociedad.
Organizaciones participando del congreso de barrios y zonas patrimonialesOrganizaciones participando del congreso de barrios y zonas patrimoniales
