Después de casi 80 años, el 11 de enero de 2017, la Cámara de Diputados solicitó la desclasificación de este fondo de documentos de inteligencia, y con ello su entrega al Archivo Nacional, como lo estipula la ley. Según los diputados, "esto es una parte importante de la historia de nuestro país que no ha sido contada", y por ello la importancia de su desclasificación.
Si bien éste es un ejemplo más de la inaceptable demora con que en Chile se han desclasificado archivos históricos que se encuentran bajo secreto, el Archivo Nacional ha anunciado que junto con su recepción, estos documentos serán digitalizados e inmediatamente puestos a disposición de acceso público a través de internet.
Desde Londres 38, espacio de memorias, valoramos esta decisión y la senda que está trazando el Archivo Nacional, en el sentido de entender la recepción de estos documentos como una oportunidad para promover el ejercicio del derecho al patrimonio, a la verdad y la memoria, poniendo a disposición de toda la sociedad este fondo documental a través de internet.
Asimismo, creemos que esta entrega establece un desafío importante para continuar y profundizar, puesto que - en el mismo sentido en que argumentaron los diputados- aún hay partes de la historia de nuestro país que no han sido contadas o conocidas por la sociedad, básicamente porque sus fuentes principales se encuentran bajo secreto, como
otros archivos de inteligencia, de las Fuerzas Armadas y Carabineros, del Ministerio de Defensa e Interior, y muchas otras reparticiones que podrían guardar información valiosa y de interés histórico y patrimonial, que hoy se encuentran bajo la sombra del secreto.
Nada justifica argumentar que los archivos de la dictadura no son también de interés histórico y público.
En el caso de los archivos de la represión y violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar, cabe señalar que el acceso a estos documentos es un imperativo para avanzar en la enorme deuda que mantiene el Estado chileno para alcanzar la justicia plena sobre estos crímenes, poniendo a disposición del poder judicial, de las víctimas, y de la sociedad en general, toda información que contribuya a la investigación sobre estos
crímenes que marcaron a la sociedad en su conjunto. El acceso a estos archivos, a su vez, es una condición fundamental para el derecho a la verdad, tal como lo establecen las convenciones y recomendaciones internacionales suscritas por Chile.
Por lo anterior, junto con valorar esta iniciativa, nos parece necesario seguir insistiendo en la necesidad de que desde el Gobierno se dispongan las medidas necesarias para encontrar, proteger y asegurar el acceso público a estos archivos. Junto con ello, es necesario avanzar en una política pública de Estado sobre archivos, con especial énfasis en el tratamiento distintivo que merecen los archivos de la represión y derechos humanos, mejorando la institucionalidad, el marco normativo y regulatorio, las atribuciones y los recursos disponibles para realizar este
importante trabajo.
Este gesto sería una clara señal de cambio frente a la conducta mantenida por los distintos gobiernos de la posdictadura, los cuales han perpetuado la impunidad a través de un verdadero sistema de encubrimiento de los responsables.
#NoMásArchivosSecretos
#TodalaVerdadTodalaJusticia
Londres 38, espacio de memorias
Junio de 2017
Adhieren:
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Comisión Ética Contra la Tortura
Movimiento Acción Migrante
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Serigrafía Instantánea
Centro social y librería Proyección
Comunidad Ecuménica Martin Luther King
El Colectivo ReConociendo Chile Una Mirada de Frente
Asociación Mutual Expresas y Expresos Políticos del MIR y la Resistencia Popular
Red Lumazo
La Espora Creatividad
Colectivo Rufián
Corporación Memoria Borgoño
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