Dibujo WallmapuEl miércoles 14 de junio en la mañana, un violento allanamiento tuvo lugar por parte de las fuerzas especiales de carabineros y del GOPE en la Escuela Básica y Pre-básica G-816 en la Comunidad Temucuicui (región de la Araucanía). Entraron con tanquetas, y tiraron gases lacrimógenos ahogando a niños, niñas y adolescentes en clases. Un hecho de índole agresivo que les afectó tanto físicamente como emocionalmente: llantos, gritos de temor, desmayos y asfixia fueron las consecuencias directas de este ingreso brutal.
La vulneración de derechos que comete Carabineros está siendo avalado por el Estado chileno, el mismo que firmó la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU) en 1990. El Estado no es garante de derechos. Cuando genera su política represiva en especial contra los niños y niñas Mapuche, está violando sus derechos a no ser discriminados (artículo 2). Aquí "tratándose de una escuela donde se irrumpe, provocando el pánico de los estudiantes, no solo se vulnera su derecho a la educación en un clima que favorezca el aprendizaje, sino que quiebra la seguridad que representa un centro educativo" (Mesa BICE Chile[1]). La violación al derecho a la educación no toca solamente las escuelas básicas y pre-básicas sino también liceos. En la misma comuna, el liceo Técnico Profesional de Pailahueque se transformó en una base militar. Las comunidades manifestaron su descontento y fueron violentamente reprimidos por Carabineros, quienes detuvieron a niños y niñas y al fotorreportero Camilo Tapia, quien denunció en Radio Villa Francia[2] que fue ahorcado y que les destruyeron el material recolectado. El liceo era el único liceo técnico donde se podían formar 180 estudiantes en su mayoría mapuche. Este lugar debe ser un "espacio que debe proteger la dignidad de los niños/as y sus derechos humanos universales" y que debe "promover la paz"[3]. El derecho a ser protegido, respetado o a la no violencia están igualmente afectados y vulnerados con estas mismas experiencias.
La situación de abuso, hostigamiento, amedrentamiento, discriminación y violencia sistemática tanto de carácter física como psicológica se repite de manera cotidiana. Las experiencias son muchas[4] : el homicidio frustrado de Brandon Hernandez Huentocol (Collipulli, región de la Araucanía), el caso de Sayen, hija de Lorenza Cayuhan que nació mientras su madre se encontraba engrillada (Arauco, región del Bío Bío), la tortura y secuestro de una niña de 2 años y un niño de 3 años hijos de la familia Lepicheo Llanquileo (Huentelolen, Cañete, región del Bío Bío), el ataque a su hogar de Ruth Meñaco y el hostigamiento a su sobrino de 15 años en Lleu Lleu (Tirúa, región del Bío Bío), el baleo a su camioneta a la familia Huenchuñir donde iba su hijo de 2 años y 10 meses en Curapaillaco-Ralum, región del Bio Bío), el disparo a Fabiola Antiqueo de 18 años perdiendo uno de sus ojos (Temuco, región de la Araucanía), el caso de Luis Marileo, quien a los 17 años de edad fue encarcelado bajo la ley anti-terrorista y luego fue asesinado a manos de un ex carabinero (región de la Araucanía) después de haber experimentado una vida marcada por la violencia y la falta de paz, y dejando a su hijo sin padre. Y eso, por el solo hecho de ser Mapuche. Hoy día, la discriminación y segregación están instalados como un discurso aceptado y naturalizado. La experiencia de represión política y racial provoca, en el sistema familiar y comunitario, desconfianza, instabilidad y sentimientos de miedo recurrentes. En este contexto, los aspectos esenciales de la calidad de vida y de la estimulación del potencial de las personas en desarrollo tales como salud, educación y recreación no pueden lograr su pleno cumplimiento. Son preocupantes las secuelas psicológicas debidas a procesos repetidos de violencia física o mental, porque son lesiones más permanentes y complejas de reparar que las lesiones físicas, "que en términos psicológicos constituyen cuadros clínicos de complejidad diversa"[5]. Entre ellos, se han documentado por parte de equipos profesionales de servicios de salud de las zonas afectadas[6], trastornos de ansiedad, cuadros depresivos, altercaciones del sueño, somáticas tales como enuresis y/o dolores y malestares físicos, en respuesta al trauma que vive cotidianamente la niñez mapuche. Y ¿porqué tienen que vivir este trauma? Por luchar contra el capitalismo y defender sus tierras que fueron robadas para el pleno desarrollo del sistema neoliberal. El pueblo Mapuche lucha desde siempre contra toda forma de acaparamiento, territorial y cultural. Defiende su cosmovisión y el Küme Mongen frente a una homogeneización cultural que niega toda forma de espiritualidad y que destruye a la Ñuke Mapu. Frente a esta lucha nació un conflicto del cual están victimas desde siempre la infancia y todo el pueblo Mapuche.
Toma de CONADIAlgunos organismos internacionales dieron a conocer varios de los casos de violaciones de Derechos Humanos y Derechos del Niño. Así, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH) presentó frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el Informe Sobre Violencia Policial Contra Niños, Niñas y Adolescentes Mapuche e Impunidad[7]. Recopila las diferentes violaciones de Derechos al Niño en Temucuicui y Trapilwe entre 2011 y 2015, mostrando el uso desproporcionado e ilegitimo de la fuerza por parte de Carabineros. Amnesty International, en su reporte sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile, denunció también las violencias sobre los niños de comunidad mapuche[8]. En cuanto al recién ataque en la escuela de la comunidad Temucuicui, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) expresó su preocupación y señaló que las fuerzas especiales deberían resguardar y proteger los derechos de los niños y adolescentes[9]. Son pocos los posicionamientos por parte de organismos con influencia nacional e internacional. En la mayoría de los casos, la situación de la infancia mapuche es un tema solo visibilizado a nivel del activismo y no sale más allá de las regiones militarizadas y de los comunicados de los Lov en Resistencia.
La toma pacífica de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en Cañete el 6 de junio de 2017, por comuneros y comuneras mapuche de distintos Lov y comunidades en Resistencia Arauco, tenía como objetivo denunciar los atropellos que el Estado, a través de la policía, ha hecho a las comunidades y especialmente a los niños. La meta de la ocupación de las dependencias de la CONADI era convocar a los medios masivos de comunicación para que den a conocer y denuncien las violencias que Carabineros han efectuado en contra de niños mapuche del territorio, además de manifestar el fin de la militarización y del modelo extractivista que el gobierno tiene como modelo de desarrollo en la zona. Pero cuando lograron contactarse con el gobernador Humberto Toro y mientras conversaban con él[10], se desató el violento desalojo: los Carabineros ingresaron con motosierra, hacha, combo, carro lanza agua, gases lacrimógenos y armas de fuego, destrozando todo a su paso. Una vez más, el Estado chileno, a través de la policía, mostró su modalidad de dialogo con las comunidades mapuche.
Los responsables de los hechos de vulneración constante a la infancia en el territorio Mapuche son las autoridades policiales y políticas. El poder político está representado en persona del Ministro del Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández Baeza y del Subsecretaría del Interior, Mahmud Aleuy Peña y Lillo. A nivel provincial y regional, en persona del Gobernador de la Provincia de Malleco, Guillermo Pirce Medina; el intendente de la Región de la Araucanía José Miguel Hernández Saffirio; el Gobernador de la Provincia de Arauco, Humerto Toro y el intendente de la Región del Bío Bío Rodrigo Días Worner. En cuanto al poder policial, está representado en la estructura de mando jerárquica de la institución de Carabineros: el general Eric Gajardo Vistoso, jefe de zona de la Araucanía de control y orden público, y el Jefe de la IX Zona Araucanía de Carabineros, el general Christian Franzani Cifuente, el Jefe de la VIII Zona de Bío Bío de Carabineros, el general Hermes Soto Isla. Son ellos los que hoy día representan la cara de un Chile que vulnera los derechos de su pueblo ancestral.
De esta manera, se evidencia como Chile aún mantiene deudas importantes en temas de igualdad, buen trato y garantías de derechos sociales básicos. No logra erradicar la segregación de las escuelas, que se reproduce en todos los ámbitos y áreas de desarrollo del niño mapuche. No logra proteger sino violar sus derechos. La militarización del territorio implica el acto prolongado de ejercer la violencia como la colonización y las primeras víctimas son los niños Mapuche. Es importante mencionar que cuando se vulneran derechos de niños, niñas y adolescentes, se altera el sistema familiar y social del cual son partes los infantes. Por lo tanto, el impacto se produce a nivel individual y colectivo, acarreando múltiples consecuencias negativas que son invisibilizadas por el Estado y por quienes ejecutan una política racista en el territorio.
Aunque se presente Chile como modelo de democracia y de desarrollo en el extranjero, la realidad cotidiana del pueblo Mapuche es distinta. Dentro de un sistema neoliberal, el gobierno protege los intereses particulares de empresas forestales en menoscabo de los derechos de la infancia y de todo el pueblo Mapuche. Este pueblo reivindica una lucha política, social, territorial, cultural y espiritual en donde propone un mundo distinto, una forma de entender la vida de manera distinta. Hoy día se da un conflicto político-territorial porque en el Wallmapu impera una forma capitalista de ver el mundo, donde hay que explotar los recursos naturales de forma irracional. El pueblo Mapuche entiende que hay que proteger a la Ñuke Mapu; la Madre Tierra, y todo lo que habita en ella.
A través de su lucha, este pueblo defiende derechos que han sido ratificados internacionalmente: la autonomía, el derecho al territorio ancestral y a la libre determinación. Es en este ámbito que exigen la libertad de los presos políticos mapuche y el fin de la ley antiterrorista. Esta ley, aprobada por la Junta Militar de Gobierno y promulgada por Augusto Pinochet en mayo de 1984 y todavía vigente, busca criminalizar una lucha basada en argumentos jurídicos internacionales, políticos ancestrales y de defensa cultural. La criminalización de la lucha del pueblo Mapuche es una estrategia del Estado para desatender el problema de fondo, ignorarlo y así poder seguir explotando la naturaleza y multiplicando las bases militares para proteger las inversiones y proyectos de megaempresas sin consultar a las comunidades, contraviniendo el convenio 169[11] de la OIT y el artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la Republica[12].
¿Hasta cuándo seguirán violando los derechos humanos en el sur de Chile? La lucha del pueblo Mapuche es una propuesta para la humanidad y las generaciones futuras, debería ser la lucha de todos.
Laura Barbereau
Pasante en Londres 38 espacio de memorias
Santiago, Región Metropolitana
Marion Martel
Pasante en el departamento de educación y administración
Tirúa, Región Bio Bío
[1] Oficina Internacional Católica de la Infancia.
[2] Relato de un fotorreportero : «A pesar del miedo debemos seguir registrando lo que está pasando con el pueblo mapuche» en radiovillafrancia.cl
[3] Según la definición que da la UNICEF.
[4] Casos citados en el comunicado público sobre violencia policial a la niñez y adolescencia Mapuche firmados entre muchos por la Fundación PIDEE y la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU).
[5] «La deuda del estado con la infancia mapuche», artículo de Christhie Mella Aguilera, 27 de febrero de 2017 - El Mostrador.
[6] que relata la misma Christie Mella Aguilera en su articulo.
[7] CEJIL,octubre de 2015
[8] Informe anual, situación de Chile 2016/2017
[9] Comunicado de prensa publicado el 16/06 por Manuel Stuardo en biobiochile.cl
[10] Conversación disponible en el video.
[11] ¿Qué es el Convenio 169 de la OIT ? Ministerio de Desarrollo Social
[12] « El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.»
