Juana AguileraPor Lissette Fossa / Video y fotos: Daniel Miranda
Londres 38: Hola Juana ¿Podrías contarnos de qué trató el encuentro que sostuvieron hace algunas semanas en nuestro espacio?
Juana Aguilera: Todos los años conmemoramos el 26 de junio, día que Naciones Unidas constituyó como el día internacional contra la tortura y de apoyo a los sobrevivientes de tortura. A Chile le costó mucho instalar esa efeméride; lo hicieron bajo un decreto ley, de manera muy callada. Este año lo conmemoramos en Londres 38 e invitamos a dos personas: una abogada del centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Liliana Galdame y a Roberto Garretón, renombrado abogado de Derechos Humanos. Nuestro objetivo era buscar opiniones en la sociedad civil de lo que podría ser un organismo nacional de prevención de la tortura en Chile, ya que buscamos erradicar la tortura en Chile. Pero eso es un camino largo, porque por ahora tenemos un gran margen de impunidad sobre la tortura del pasado. Hoy día tenemos plenamente vigente la tortura: el país no se horroriza suficientemente frente a los 1300 niños muertos en el Sename, por ejemplo. O con la gente muerta en furgones policiales en mayo de 2015, o con Johnny Cariqueo, asesinado en 2008 bajo tortura en una comisaría en Pudahuel, y así varios casos. La tortura es un crimen que ejerce fundamentalmente el Estado. Y nuestro propósito siempre va a ser decirle al Estado '¡Pare de torturar!' y vamos a seguir denunciando casos.
Hoy día se da un contexto particularmente interesante porque la Asociación para la Prevención de la Tortura -que trabaja en conjunto con las Naciones Unidas- luego que se emitiera el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura obliga a los Estados firmantes a instalar un mecanismo nacional de prevención. Sería una instancia de trabajo que se dedicaría exclusivamente a prevenir la tortura y no hacer la denuncia después de que aconteció, como lo hace el Instituto (INDH) hoy día o como lo hacemos todos.
¿Tal organismo, como institución del Estado, existe?
Chile firmó y emitió un decreto para aprobar este protocolo en febrero del 2009 y tendría que haber instalado este mecanismo en febrero del año 2010. No sucedió al terminar el primer gobierno de Michelle Bachelet, tampoco durante el gobierno de Piñera y ahora en el segundo gobierno de Bachelet -después de mucha presión internacional sobre este tema- se logró enviar al Congreso un proyecto de ley para instalar este mecanismo de prevención de la tortura como apéndice del INDH. El protocolo dice que debe ser autónomo, o sea contar con total y absoluta independencia gubernamental, total autonomía financiera, y con total autonomía para actuar y constituirse en las cárceles o en las comisarías; en cualquier lugar donde se sospeche que hay tortura.
Al contrario de las recomendaciones, Bachelet puso este proyecto en el Parlamento, bajo la ley del Instituto y bajo su responsabilidad. A ningún gobierno le conviene atender esta situación porque la tortura física y psicológica es un crimen que han cometido todos los poderosos frente a quienes se le oponen.
Hay una impunidad permanente y la tortura aparece como una política continua del Estado ¿Cómo se inicia el trabajo de la Comisión Ética Contra la Tortura en los casos del pasado, de la dictadura, y en los casos actuales?
Partimos cuando Pinochet estaba preso en Inglaterra en 1998. Entonces nos juntamos como ex-prisioneros políticos primero para esperar a Pinochet con querellas criminales por tortura porque rápidamente entendimos que se le estaba imputando ese crimen. Nosotros, como exprisioneros habíamos hecho un análisis genérico de la tortura como un crimen que había estado en el centro de la represión dictatorial. Por eso el informe Valech habla de más de 1200 centros de tortura funcionando en el país durante la dictadura. Por lo tanto, los agentes del Estado, los militares, los carabineros y todos los aparatos de la policía política como la DINA y la CNI, así como todas las ramas de las fuerzas armadas, formaban un cuerpo enorme de torturadores con los que nos encontrábamos todos los días y vivían en completa impunidad. Cada uno de nosotros -los exprisioneros- éramos testigos de nuestros compañeros desaparecidos y ejecutados, pero nunca hablamos de lo que nos había pasado a nosotros o de aquello que se cometió en contra de nosotros. No teníamos tan claro que era un crimen. Entonces cuando empezamos a mirar esto, descubrimos que lo que nos pasó era un crimen de lesa humanidad, una violación a los derechos humanos que fue sistemática, masiva y permanente durante los 17 años de dictadura. En Chile hubo terrorismo de Estado y su columna vertebral, desde donde se sostuvo, fue la tortura. Todos nuestros compañeros prisioneros fueron torturados. Nuestros compañeros ejecutados también fueron torturados. Todo lo que significó la desarticulación del tejido social, las rupturas de las organizaciones, el dominio de la sociedad y el sometimiento total de la sociedad chilena en la dictadura, fue bajo tortura.
Informes CECTSe organizan en 1998 ¿Qué detonó esto?
No fue fácil hacer una organización de ex presos políticos con todas las secuelas que teníamos. Empezábamos la reunión y terminábamos escuchando a un compañero o a una compañera contando su historia porque muchos de ellos jamás lo habían hecho. Entonces lo que se propuso fue recoger los antecedentes de la lucha contra la tortura, la experiencia de lucha en el pasado, para poner este tema en la escena nacional. Lo que queríamos era una Comisión Nacional de Justicia, de Verdad y de Reparación integral para los sobrevivientes de torturas y el compromiso de su gobierno, porque nosotros fuimos luchadores por esta democracia que nos ha marginado e invisibilizado. Para lograr esta democracia, pusimos todo lo que teníamos: nuestro cuerpo.
Luego trabajamos el tema de la tortura asociada a la prisión política y finalmente se constituyó en noviembre del 2003 la Comisión Valech encabezada en términos ejecutivos por María Luisa Sepúlveda y monseñor Valech. Y nosotros, a través de una minuta, colocamos el tema de los niños, de los extranjeros, el tema de la tortura a los chilenos en el extranjero, y sobre todo queríamos que fueran identificados los torturadores y que se hiciera publicidad a esta comisión porque la gente no la conocía suficiente. Aun así, llegaron casi cerca de 30 mil testimonios más. Ricardo Lagos, en diciembre, entre navidad y año nuevo, decreta la ley 19.992 donde reconoce una reparación de alto significado simbólico e histórico de casi 112 mil pesos para cada persona calificada por esta Comisión. ; Pero no se publicaron los nombres de los torturadores además de ocultarlos por 50 años. Se plantea entonces atención gratuita en los servicios públicos a nivel médico y becas para que continuaran con estudios.
Este fue un esfuerzo grande a nivel de los ex presos políticos; el tema de la tortura se había puesto en la sociedad. Había salido a la luz. En adelante, denunciamos todo tipo de tortura. Hicimos nuestro primer informe, pero también empezamos a diversificar nuestra manera de captar y capturar la información porque esta no aparece en los medios de comunicación. Constituimos misiones de observación y fuimos a las cárceles a ver a los compañeros. También trajimos a observadores internacionales para entrar en las cárceles. Cuando empezaron las grandes manifestaciones en el 2011, constituimos los Observadores de los Derechos Humanos y eso quedó instalado como una práctica. Ahora nosotros nos concentramos en otras tareas: en hacer informes, en vincular las luchas del pasado y de hoy, en hacer que la gente comprenda que las violaciones a los derechos humanos no fueron solamente en dictadura y que también hoy día se siguen cometiendo.
¿Y cómo reaccionan ustedes al proyecto de ley que podría crear un comité sobre la tortura?
La Presidenta Bachelet mandó un proyecto de ley para tener un mecanismo nacional de prevención de la tortura, así dicen que Chile está dando un paso, pero nosotros lo examinamos con lupa y volvemos a decir que es otra mascarada. En la realidad, este mecanismo va a ser como un apéndice del Instituto, no va a tener autonomía porque la gente del Instituto y sus consejos, y todo lo demás están nombrados por el Parlamento, por la Presidenta, etc. El protocolo facultativo dice que el mecanismo tiene que ser con gente con independencia total en recursos humanos y financieros, no tiene que tener injerencia gubernamental, precisamente porque significa fiscalizar a agentes o empleados del Estado. Además, contaría con 9 expertos anclados en el Instituto en Santiago: ¿Qué van a hacer frente a 75 prisiones a nivel nacional, para atender a una población penal de 46 mil personas que están recluidas? ¿Qué van a hacer con respecto a los menores de edad?
Este tipo de comisiones ¿funcionan en los otros países? ¿Cuáles son las experiencias en los otros países?
Donde mejor funciona es en Paraguay, en América Latina. También, en Argentina, en Uruguay. En Paraguay, la estrategia fue concentrarse en los niños y con eso abrirse camino. Con el pasado que tiene Chile y la historia reciente, no tendría que haber un mecanismo de 9 personas. Para empezar, tendrían que haber varios mecanismos. Mecanismos que tengan que ver con grupos etarios, por ejemplo, o por prisiones, separando por hombres y mujeres, por niños y niñas, para atender a personas que tienen diversos tipos de custodia y que a veces están sometidos a prácticas aberrantes.
Sabemos que el proyecto es insuficiente. Como si fuera poco, un articulado dentro del proyecto de ley señala que si los expertos, dentro del cumplimiento de sus funciones, detectan algún delito, no están obligados a denunciarlo. Entonces, ¿qué hacen? Desde el momento en que una persona -cualquier ciudadano- tiene conocimiento de un delito, tiene que entregar antecedentes a la instancia que corresponde. Además, el proyecto señala que los expertos no tienen que denunciar en caso de que no haya riesgo de vida de las personas, entonces, no serían tortura los delitos sexuales, los golpes. Así, ¿dónde va a estar la prevención de la tortura?
A nosotros, nos importa que exista el mecanismo de prevención de la tortura, pero como mandata la ONU, para que cumpla el objetivo para el cual fue creado: prevenir la tortura. Hemos hecho una minuta para los diputados que verán el proyecto, con 10 nuevas propuestas de cómo podría ser el rol de la sociedad civil movilizada y activa para la erradicación de la tortura en Chile.
Juana Aguilera 2¿Van ir vigilando el avance de este proyecto? ¿Cómo van a tratar de influir en este tema?
Sí, vamos a seguir atentos. Y entre otras cosas, queremos que se vea el tema del entrenamiento de soldados y policías, porque la Escuela de las Américas es el lugar donde ellos aprenden a torturar. Nosotros queremos instalar dentro de la cabeza de nuestro país, de nuestros jóvenes que están luchando hoy día, de nuestros pueblos originarios que se han movilizado por defenderse de esta feroz explotación extractivista, que nadie entienda como normal la tortura. El maltrato no es algo que debemos aceptar calladamente. Y eso es lo único que nos mueve. Entonces, todo lo que es la lucha de Londres 38 por "Toda la verdad y toda la justicia", nosotros no la compartimos solo respecto del pasado, sino también de la actualidad, porque nosotros sabemos que hay varios muertos, varios torturados y varias personas que han sido afectadas por la represión y que han estado silenciadas, para los cuales no ha habido justicia. Tenemos 27 años de recuperar nuestra exigua democracia y no es tan distinto porque el Estado no ha dejado de cometer violaciones a los derechos humanos.
Es una represión política también, claramente enfocada en los más pobres, en los activistas de distintos ámbitos, en el pueblo Mapuche, en quienes luchan ¿Qué le dirías a la gente mayor o a estos jóvenes que se han acostumbrado a ver como normal la tortura? ¿Qué podemos hacer para removerlos?
Hay un deber de los luchadores sociales de informarse. Es muy fácil hacer un comité de defensa de la vivienda o cualquier otra reivindicación por un derecho básico, y que termine en represión consumada. Y en ese sentido, creo que nosotros como Comisión somos más bien difusores de algo. Debemos llevar a cabo prácticas de educación vinculadas con el tema de los derechos humanos. El Estado de Chile se ha hecho el sordo: el tema de la prevención de la tortura debiese estar tan presente en los colegios como las matemáticas. Lo esperanzador es que poco a poco el pueblo de Chile y las organizaciones sociales han seguido avanzado en la conquista de los derechos.
Para quienes están organizados: debemos avanzar en la lógica de aprender de este pasado histórico reciente que tenemos, de represión por parte del Estado y saber qué hacer frente a estas prácticas de tortura que todavía se reproducen. Yo le diría a cualquier persona organizada que tiene que formarse sobre esto. Lo mejor que podemos hacer al día de hoy es informar.
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