Según explicó el ministro de defensa, Alberto Espina, se formará un equipo autónomo de profesionales, elegidos por la Alta Dirección Pública para realizar el control del uso de los recursos en las FFAA, se transparentarán los proveedores y se regularizará la contratación de familiares de uniformados, entre otras medidas.
Sin embargo, los anuncios no incluyen una mayor transparencia de la gestión, la cual podría obtenerse a través de la derogación de la ley 18.771, promulgada por la dictadura en 1989, que exime a estas instituciones de la obligación que tienen todos los organismos del Estado de depositar su documentación en el Archivo Nacional, y le autoriza a destruirla sin consulta a otras instancias.
Un proyecto con este objetivo fue elaborado originalmente por los diputados Tucapel Jiménez (PPD) y Gabriel Boric (Movimiento Autonomista), a partir de la solicitud realizada por Londres 38, espacio de memorias, a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de diputados.
En 2015, la Comisión aprobó el proyecto de ley que "Modifica el decreto N°5.200, de 1929, del Ministerio de Educación Pública, para suprimir la eliminación de archivos y antecedentes por parte del Ministerio de Defensa Nacional, y de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública" (Boletín 9958-17), que restablecía la obligación de traspasarlos al Archivo Nacional y, por tanto, permitir su uso público."Cuando presentamos este proyecto hicimos los esfuerzos para que no hubiera secretos en ningun aparato público, era la intención, que no hubiese archivos secretos que avalaran la impunidad", comenta Tucapel Jiménez, al ser consultado por Londres 38.
Pero los cambios introducidos posteriormente al proyecto, en las sesiones realizadas en secreto por la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados desvirtuaron completamente el sentido original de la iniciativa. El objetivo inicial del proyecto de ley era enfrentar el ocultamiento de información y el pacto de silencio institucional que ha garantizado la impunidad a los violadores de derechos humanos, así como también avanzar en mayor transparencia y acceso a los archivos públicos para que la ciudadanía pueda intervenir de manera informada en las decisiones relacionadas con estas instituciones. Las modificaciones realizadas permiten que estas instituciones, las mismas que gracias a leyes de dictadura han carecido de fiscalización, definan a propia discreción lo que se considera o no materia de seguridad nacional, y por lo tanto, secreto. Las modificaciones también proponen que sean estos organismos, los custodios de sus archivos y que garanticen su no destrucción.
El proyecto de ley pasó a tramitación en el Senado en 2015, en donde descansa hasta hoy, sin avances. "Nosotros hemos dado la lucha, a nivel legislativo y en conjunto con organizaciones sociales, como por ejemplo Londres 38, para que haya total transparencia de los archivos de las Fuerzas Armadas. No puede seguir sucediendo que las Fuerzas Armadas estén en una suerte de mundo opaco, donde no tienen subordinación completa al poder civil y donde se mantiene el secretismo respecto a esos archivos y, por lo tanto, las reformas que anuncia Espina no son suficientes desde nuestro punto de vista en materia de archivo", comentó a Londres 38 el diputado Boric.
Para el diputado del Frente Amplio, sólo queda esperar que la iniciativa sea rescatada por algún senador: "Por nuestra parte el proyecto logramos despacharlo de la Cámara y aunque, no de la forma que impulsamos originalmente, sí fue un avance, en la materia. Ahora la tarea es del Senado, nosotros estamos dispuestos a hablar con quien sea necesario, pero requiere que los senadores tomen la iniciativa para poder mover este proyecto".
"Cuando tu tienes secretos siempre se instala la duda, sobre todo ahora que se ha solicitado información a las Fuerzas Armadas y se han negado, supimos que incluso quemaron antecedentes en el caso Frei Montalva, solo por dar un ejemplo. Para cualquier sociedad es bueno transparentar el tema y sobre todo las Fuerzas Armadas que se sometan al poder civil y que tienen una deuda con lo que ocurrió en la historia de Chile", agrega Tucapel Jiménez.
Londres 38, espacio de memorias, promovió esta iniciativa legislativa en el marco de su campaña "No Más Archivos Secretos", desplegada en medios de comunicación, redes sociales, así como a través de diversas gestiones y de sus actividades diarias, para exigir el acceso a los archivos reservados de las Fuerzas Armadas, muchos de ellos relacionados con crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura.
