Marcha 8M crasLa confusa e inquietante información sobre la crisis producida en la Cárcel Santiago 1 plantea la urgencia de adoptar prontas medidas. Familiares de presos y presas políticas, detenidos en el contexto de la revuelta social, han demandado el reemplazo de la prisión preventiva aplicada a la mayoría de las personas procesadas encarceladas, que se estima son más de 2.500.
Esa decisión de tribunales constituye un castigo anticipado y desmedido previo a la investigación, que ignora la presunción de inocencia y la inexistencia de antecedentes de delitos previos en la mayoría de los casos.
En el contexto del coronavirus la situación se hace aún más crítica dada la inexistencia de condiciones sanitarias adecuadas en las cárceles en que se encuentran. La demanda de la Coordinadora 18 de Octubre es el reemplazo de la prisión preventiva e internación provisoria de menores en el Sename por reclusión en el hogar.
Este tipo de medidas han sido adoptadas en varios países afectados por coronavirus, incluido Estados Unidos, donde se ha liberado a presos que no representan riesgo para la sociedad, porque las cárceles multiplican las posibilidades de contagio y propagación del virus.
La indolencia del gobierno muestra con claridad un doble estándar: mientras condenados por crímenes de lesa humanidad en Punta Peuco gozan de privilegios, permanecen aislados del resto de la población penal y cuentan con expedita atención médica en los hospitales institucionales de las FFAA, en caso de necesidad, los presos y presas del estallido social permanecen hacinadas y hoy han sido duramente reprimidas, desconociendo el número de heridos.
La dramática situación vivida hoy en la cárcel concesionada Santiago 1, demuestra que no existe un escenario que permita asegurar condiciones humanas básicas, para quienes fueron privados de libertad en el contexto de la #Revuelta y se encuentran con medidas cautelares, pues ellos y ellas no han sido condenadas por delito alguno.
Londres 38, espacio de memorias
Llamamos a solidarizar y apoyar estas justas demandas.
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COMUNICADO La contingencia del covid 19 pone evidencia la realidad de miseria de las cárceles del país. Este es un día que se ha mostrado como catastrófico en cuanto al manejo gubernamental de una urgencia sanitaria y humana de envergadura global. El Estado de Chile devela en tiempo record su infamia contra el estrato social mas vulnerable ante estas circunstancias excepcionales. Es la vida de todxs aquellos quienes se encuentran recluidxs y en condiciones de hacinamiento la que se fragiliza con su actuar. Como coordinadora hemos estado atentas y atentos a la situación de los prisionerxs políticos de la revuelta y los prisionerxs políticos en general. Una perspectiva de fraternidad y de consciencia de clase nos ha llevado a preocuparnos por la problemática de la prisión en sí. A primera hora del día de ayer se expresó la rabia digna de los emprisionados alzados y amotinados del modulo 31 de Santiago 1 para develar las fallas de un estado que, luego de encerrarlos, los deja en el abandono de sí mismos en aspectos tan esenciales como alimentación y artículos de aseo y desinfección, los nombres de la Dignidad a que pueden apelar ante las limitaciones sociales, médicas y estructurales del encierro. Si la angustia es el estado afectivo que acompaña al grueso de la población en "libertad" hoy por hoy, esta se multiplica bajo la perspectiva del encierro. Es humano orientar la angustia individual en un acto social de insurrección. La respuesta de gendarmería y del estado ha sido la ultra represión y la violencia, porque el estado y gendarmería no saben de humanidad. El encierro y la angustia es extensivo no solo a mujeres y hombres adultos. La semana pasada se produjeron detenciones masivas de jóvenes y adolescentes menores de 18 años en el contexto del tomazo de lxs secundarixs, atentándose nuevamente por parte de carabineros contra su condición de rebeldía y de sujetxs de palabra y de acción social. También la semana pasada fueron por segunda vez detenidos integrantes de la primera línea luego de que se resolvería una primera vez su libertad. La libertad y la vida misma no puede seguir siendo un juego legal o policial. Durante la noche del ayer, se realiza un barrotazo por parte de las presas de san Miguel, sus gritos de angustia acompañan la presunta intención de gendarmería de separarlas de sus niñes como medida precautoria ante la emergencia sanitaria y biológica del covid 19. Se devela así la situación de encierro no solo de estas mujeres sino también la de sus niñes. Sus gritos de angustia nos hablan de su condición de vulnerabilidad y fragilidad humana, pero también de su valentía y del deseo de vida que alojan. Acompañamos el sentir y el desgarro de estas mujeres y madres emprisionadas, así como sus demandas de cuidado y de protección de sus vidas y las de sus hijos e hijas y exigimos el pronunciamiento de los organismos de infancia a cargo de velar por su bienestar, cuidado y resguardo, en la medida que nosotrxs, desde afuera, nos vemos limitadxs en el contacto directo con la prisión. Nuestra condición social en territorio chileno es la susceptibilidad de encierro y emprisionamiento en un marco legal que criminaliza la pobreza de niñes, jóvenes y adultes y las diferentes formas de protesta social. Cualquier suceso que atente contra el bienestar de estos y estas es responsabilidad directa del Estado de Chile, dadas las limitantes estructurales e inhumanas que se nos han impuesto para velar directamente por su integridad y bienestar. COORDINADORA POR LA LIBERTAD DE LXS PRISIONERXS POLÍTICOS 18 DE OCTUBRE |
