Luego de una fuerte campaña comunicacional de familaires,abogados y abogadas defensoras de derechos humanos, tanto en redes sociales como en medios de comunicación locales y en el país trasandino, se logró la captura de este criminal. El martes 8 de junio, como Londres 38 denunciamos públicamente, a través de nuestras redes sociales, la nueva fuga de Walter Klug Rivera, cómplice activo de la dictadura de Augusto Pinochet.
Lo que se sabe es que Klug logró traspasar la frontera por el sur de Chile, encontrándose en estos momentos en Argentina. Su intención era llegar hasta Buenos Aires, donde aparentemente ya tenía un vuelo comprado para dirigirse a Europa, llegando primero a España para luego trasladarse a Alemania, país del que no podría ser fácilmente extraditado debido a su doble nacionalidad chileno-alemana.
Los crímenes de Walter Klug
En 1973, luego del golpe de Estado civil militar de Pinochet, Klug, siendo entonces un teniente de 23 años, instaló y organizó en las caballerizas del Regimiento de Infantería No.3 de Montaña Los Ángeles un campo de detención y tortura, según constata en su investigación del caso la periodista alemana Ute Löhning, lo que da cuenta en un reportaje publicado este miércoles 9 de junio por El Ciudadano.
"Prisioneros que lograron sobrevivir caracterizaron a Klug como particularmente brutal y sádico", menciona Löhning, añadiendo que el teniente, quien años más tarde sería ascendido a coronel, visitaba la cárcel local buscando nuevos prisioneros para trasladar al regimiento, siendo uno de los principales responsables de torturas y asesinatos en esa base militar.
Walter Klug fue condenado en 2014 por la Corte Suprema de Chile a diez años y un día de prisión por su participación en el homicidio calificado de siete trabajadores de ENDESA. Además de encontrarse sentenciado por participar en el secuestro calificado de catorce trabajadores de las centrales hidroeléctricas de El Toro y El Abanico. A esto se suman procedimientos penales pendientes por la desaparición de varios prisioneros, entre ellos la del estudiante de la Universidad de Concepción, Luis Cornejo Fuentes.
Nueva fuga
En 2014, el criminal escapó a Alemania, donde vivió cuatro años en Vallendar, hasta 2019, cuando fue detenido durante un viaje que realizó a Italia, siendo extraditado a Chile en 2020.
Durante su estadía en Alemania, el Estado chileno le pagó mensualmente a Klug una importante pensión de dinero en su calidad de militar retirado, monto que hasta el día de hoy continuaba recibiendo en Chile y que, de acuerdo a su rango, equivaldría a un aporte base de 1.200.000 pesos chilenos, según denuncia la periodista Ute Löhning en su investigación.
Pese a contar con dos órdenes de aprehensión y captura internacional, dictadas por el ministro Carlos Aldana y la ministra Paola Plaza, esta semana Klug volvió a salir del país.
Cómplices de la impunidad
Estas situaciones son permanentes, denuncia Erika Hennings, directora de Londres 38, citando lo ocurrido con Ricardo Lawrence Mires, quien permaneció cinco años prófugo. También existen los casos de Hartmut Hopp (médico de Colonia Dignidad y colaborador de Paul Schäfer), quien permanece en Alemania; de Adriana Rivas (secretaria de Manuel Contreras y agente de la DINA), que actualmente vive en Australia y cuya extradición está en proceso; o de Osvaldo Pulgar y Daniel Cáncino, ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, ya capturados.
"En mi opinión es una responsabilidad compartida, tanto de tribunales como de la PDI. De Tribunales porque es el juez o jueza que debe emitir una orden de alerta roja, que debería estar entonces en los registros de la Interpol para que, ante la posibilidad de intento de paso de alguno de los condenados, que están en libertad, que son muchos los casos, no puedan pasar y sean capturados. (...) Creemos que tenemos que estar super vigilantes pero tampoco es algo que nos competa, le compete a los poderes del Estado", comenta la también defensora de derechos humanos, ex presa política y esposa de Alfonso Chanfreau, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, hasta hoy detenido y desaparecido.
Para Erika Hennings, hechos como estos se deben a "la desidia, negligencia e impunidad de responsabilidad de poderes del Estado que debiera garantizar que la justicia sea hecha y que las y los condenados de lesa humanidad cumplan sus condenas en prisión" En la misma línea, la abogada de derechos humanos, Karinna Fernández, parte del equipo jurídico de Londres 38, señala que "La fuga de un extraditado es un hecho que demuestra mucho la complicidad de las instituciones con la impunidad".
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