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Migrar es un derecho

De 30 a 30: A cuatro años de la muerte de Joane Florvil nos volvemos a encontrar en el Día Contra el Racismo

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Publicado el 29 de septiembre de 2021

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La Articulación Migrante Justicia y Dignidad Sin Fronteras, integrada por un conjunto de organizaciones y personas defensoras de los DD.HH., lleva varios años trabajando contra el racismo y por los derechos de las personas migrantes. La Campaña “De 30 a 30”, concluirá este jueves con una romería y velatón por Joane y por todas las víctimas de negligencia y discriminación racial.

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Por Mayron Sills*

Este jueves 30 de septiembre, organizaciones de derechos humanos y migrantes, invitamos a participar de una romería y velatón, para conmemorar la muerte de Joane Florvil y continuar la lucha contra la impunidad en hechos de violencia racista. El encuentro será a las 13:30 en el frontis de Londres 38, espacio de memorias, para iniciar nuestro recorrido hasta la Posta Central, donde realizaremos una velatón y un posterior punto de prensa a las 14:15 horas.

Campaña contra el racismo "De 30 a 30"

Desde el 30 de agosto (fecha en que Joane Florvil fue detenida en 2017) y hasta el 30 de septiembre, la campaña "De 30 a 30", se realiza cada año con diversas actividades para exigir justicia, abrir espacios de lucha antiracista, visibilizar los casos de violencia contra personas migrantes, desnaturalizando situaciones cotidianas de este tipo, y establecer el 30 de septiembre como el Día contra el racismo en Chile.

La desaparición de Jean Fedor, en mayo de 2020 en Quilicura, durante el toque de queda, estando la ciudad bajo el control de agentes del Estado; la muerte de Monise Joseph, en mayo de 2019, mientras esperaba atención en un hospital; el fallecimiento del niño Emmaus Louis, en enero de 2021, al ahogarse en una piscina municipal, en presencia de otros escolares y adultos; y el reciente asesinato de Louis Gentil, en agosto de este año, a manos de Carabineros y en plena vía pública, son otros de los casos de negligencia y discriminación institucional y social. Por eso, este 30 de septiembre seguimos exigiendo memoria, verdad, justicia y reparación por todas las víctimas del racismo.

El caso de Joane Florvil: No fue el idioma, fue el racismo

Mujer, joven, haitiana, negra. Con el sueño de tener una mejor calidad de vida, Joane Florvil llegó a Chile junto a su marido, Wilfred Fidele, en 2016. Tenía 27 años y se instaló en Cerro Navia, al límite con Lo Prado. Junto a su compañero, nunca tuvieron problemas para trabajar en lo que fuera para que a sus hijos no le faltara nada.

Un año después de llegar a Chile, fueron estafados. El 30 de agosto de 2017, Joane acudió a la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD) de la Municipalidad de Lo Prado para denunciar la estafa de la que habían sido víctimas ella y Wilfred, en un trabajo que deberían realizar para esa institución, y para intentar localizar los documentos de identificación que les habían hurtado.

Con un dificultoso español, Joane le pidió ayuda a un guardia, pero él no le entendió. Por este motivo, la joven haitiana le pidió al uniformado que cuidara su hija mientras buscaba a alguien que pudiera traducirle para poder explicarse mejor. El hombre creyó que Joane había abandonado a la niña y desde la OPD llamaron a Carabineros por el supuesto delito. Mientras tanto, Florvil buscaba por los alrededores del lugar a una persona que pudiera ayudarla con la traducción pero pasados quince minutos desde que salió de la oficina, se dio por vencida y fue en busca de un familiar que pudiera ayudarla.

Cuando se encontraba en su casa a minutos de volver a las oficinas de la OPD, Carabineros de la 48° Comisaría de Asuntos de Familia la detuvo y trasladó a esta unidad, pese a que un vecino explicó a la policía lo que realmente estaba ocurriendo. Luego de doce horas en las que la familia no supo ninguna información acerca de Joane, se enteraron que había sido trasladada a un centro asistencial por graves contusiones en la cabeza. Sin prueba alguna, la institución aseguró que ella misma se había golpeado y, hasta el día de hoy, no se sabe concretamente qué sucedió al interior del calabozo donde Joane se encontraba bajo la custodia de las y los funcionarios policiales.

La madrugada del 31 de agosto, fue llevada a la ex Posta Central y trasladada a la UCI cerca del mediodía. A la familia se le informó de diferentes diagnósticos del motivo de sus contusiones. Les dijeron, por ejemplo, que Joane había sufrido un ataque de epilepsia, pero ella no padecía ese trastorno.

El 4 de septiembre, Joane salió de la UCI y lo primero que hizo fue preguntar por su hija. La pequeña, en ese entonces, se encontraba a cargo del Sename por instrucciones del Juzgado de Familia de Pudahuel, haciendo caso omiso de la insistencia de la familia de la menor, que señaló que todo había sido un error. Todos los días, desde la detención de Joane, el padre acudía desde las primeras horas a visitar a su hija al recinto, incluso pidió una fotografía para mostrársela a Joane, que estaba con mucha angustia por la situación; pero el Sename también se lo negó. Sin saber nada de su hija y creyendo que su familia le ocultaba su muerte, Joane desarrolló una depresión profunda durante su hospitalización. Lloraba todo el día, pedía fotos de la niña y preguntaba cómo poder recuperarla, recuerda su familia.

El 27 de septiembre, el Juzgado de Familia de Pudahuel notificó que la niña seguiría a cargo del Sename. La noticia devastó a la familia y ese mismo día Joane entró nuevamente a la UCI. Dos días después, fue trasladada con muerte cerebral al Hospital Clínico de la Universidad Católica. A las 7:15 de la mañana del 30 de septiembre de 2017, Joane murió.

En mayo de 2020, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el fallo que condenó por discriminación a la Municipalidad de Lo Prado, pero rebajó el monto de la multa inicial, de 20 a 5 UTM, siendo confirmado por la Corte Suprema. Ese valor tuvo para la justicia, la vida de Joane. En julio de 2021, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, solicitó la reapertura del caso al estimar que la investigación del Ministerio Público no estaba agotada y se ordenó reabrirla por un plazo de 150 días, con la finalidad de agotar la investigación penal, y avanzar en el esclarecimiento de los hechos y establecimiento de eventuales responsabilidades penales.

La familia tomó la decisión de hacer una demanda penal contra el Estado por su muerte y, actualmemente, está "en conversaciones con una entidad que ve temas de tortura" para investigar lo que sucedió en el calabozo, afirmó Roxana Gómez, cuñada de Florvil.

A la espera de los nuevos resultados de la investigación, la Articulación Migrante Justicia y Dignidad Sin Fronteras, de la cual forma parte Londres 38, sigue exigiendo toda la verdad y toda la Justicia para Joane Florvil y su familia.

Comunicado de Articulación Migrante Justicia y Dignidad Sin Fronteras:


*Mayron Sills es estudiante de Periodismo de la Universidad de Avellaneda de Argentina y practicante del Área Comunicaciones y Prensa de Londres 38, espacio de memorias.

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