Londres 38 ante el respaldo del gobierno al director de Carabineros Ricardo Yáñez, y la postergación de su formalización por parte del Ministerio Público, declara:
A casi cinco años de la revuelta social y de la presentación de más de 10 mil denuncias contra agentes del Estado chileno por masivas violaciones a los derechos humanos -entre ellas homicidios, traumas oculares, lesiones, torturas y abuso sexual-, las víctimas de estos delitos siguen sin tener acceso a la justicia ni a reparación.
En ese contexto, preocupa que la fiscalía haya tomado una decisión tan sensible como la postergación de la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yañez, por sus responsabilidades como alto mando de la institución en estos delitos. Esta decisión es un nuevo obstáculo que se suma a la persistente negativa de Yañez a concurrir y declarar ante el tribunal, y a las dilaciones y falta de colaboración institucional que han prolongado esta investigación durante ya demasiado tiempo. Ella también pone en tensión los principios de independencia y autonomía del Ministerio Público que, por definición, no debería actuar en función de la contingencia ni de posicionamientos políticos y debilita el Estado democrático de Derecho.
Por ello, el asesinato de tres carabineros en Cañete, y la necesidad de su esclarecimiento, no debe ser utilizado como argumento para impedir o ralentizar la también necesaria investigación de los crímenes cometidos por agentes del Estado y la formalización de sus responsables. Estos delitos han sido denunciados y establecidos por numerosos informes nacionales e internacionales.
Asimismo, es muy grave y preocupante el respaldo del gobierno, y el consenso político en torno a la continuidad de un director de Carabineros que iba a ser formalizado en una semana, hecho que, claramente, pone en cuestión su idoneidad para el desempeño del cargo. Así, lo que pone en riesgo la institucionalidad es la postergación de su formalización, y no la formalización en sí misma, como se ha señalado por las autoridades.
Esta situación es una nueva expresión de impunidad que revictimiza a las víctimas, pone en evidencia la ausencia de garantías de no repetición y de un compromiso verdadero del Estado con el Nunca más a las violaciones a los derechos humanos. El Estado chileno, falta así, incluso, a sus obligaciones en el marco del derecho internacional.
