Desde Londres 38, espacio de memorias, rechazamos con fuerza las reformas constitucionales impulsadas por el gobierno de Kast y planteadas como condición para la agenda de seguridad. Advertimos que lejos de avanzar en esa dirección dicha reforma afecta gravemente derechos y libertades y concentra nuevos poderes en la figura del Presidente. Detrás de su intención de enfrentar el crimen organizado y el terrorismo se esconde el afán por atacar al movimiento social y desarticular la organización social, legalizando el espionaje bajo formas autoritarias que no son las que proceden en tiempos de democracia.
La propuesta enviada al Congreso incluye un nuevo estado de excepción constitucional por un periodo de hasta 240 días sin autorización previa del Congreso, permite suspender la libertad personal, arrestar, relegar, y prohibir la salida y entrada al país de quienes se considere pertinente, la libertad de desplazamiento, reunión y asociación, así como interceptar comunicaciones privadas y requisar bienes.
También entrega al Presidente la facultad de declarar el carácter "terrorista" o de "crimen organizado" de cualquier grupo u organización, interfiriendo en las atribuciones de otro poder del Estado. Tal discrecionalidad podría afectar a la oposición de este, u a otro gobierno, en el futuro, así como a organizaciones sociales. Medidas que han sido parte de otros proyectos políticos de ultraderecha a nivel mundial que han buscado la neutralización de los movimientos sociales y políticos.
Por ello ha habido una alerta transversal sobre esta reforma, y expertos constitucionalistas han advertido incluso sobre el riesgo de que esta pudiera conducir a una "dictadura constitucional".
Estas no son las herramientas para la seguridad requeridas por nuestra sociedad, donde el miedo fomentado por el poder es mucho más grande que la realidad.
Por otro lado, la experiencia comparada muestra el inmenso fracaso de otra de las medidas propuestas: la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública para las que no tienen preparación. Su participación no solo no ha contribuido al objetivo, sino que ha significado graves y masivas violaciones a los derechos de la población y el aumento de la corrupción en sus filas.
En México, la estrategia no logró derrotar al narcotráfico; por el contrario, aumentó significativamente el número de homicidios que, aún continúa registrando niveles muy altos. Para 2024, la tasa nacional fue de aproximadamente 19,3 casos por cada 100.000 habitantes. En Chile la cifra es de 6,1 pero, según el estudio 2024 de Paz Ciudadana, casi la mitad de las personas consultadas (45,6%) manifiesta "mucho" o "bastante" temor a ser víctima de este delito. Así, el temor es también un problema en sí mismo.
Recordamos que este modelo represivo tiene ciertas continuidades en nuestro país: El Wallmapu lleva más de cinco años consecutivos con un estado de excepción constitucional en el que se ha normalizado la presencia de militares en las calles, sin que se hayan abordado los conflictos que han dado origen a la violencia. Alertamos que mientras nos tienen discutiendo este proyecto constitucional específico se aprueban leyes como la Naín-Retamal 2.0, que refuerza la imperante impunidad policial, ahora, posibilitando la legítima defensa privilegiada para carabineros y militares estando incluso de franco, eliminando así los necesarios controles antes posibles abusos.
Estas no son las herramientas específicas para abordar problemas de seguridad. Es preciso preguntar ¿A quién se busca atacar realmente con estos proyectos? ¿A las bandas criminales que no ven afectadas las rutas del dinero gracias al secreto bancario? ¿O a los movimientos populares y a la protesta social que ya se ha expresado contra una política económica regresiva que solo beneficia a unos pocos?
Así, usando como trampolín las instituciones democráticas, el autoritarismo intenta avanzar.
Hacemos un llamado a las y los parlamentarios que creen en la importancia de la defensa y promoción de los derechos humanos a rechazar un enfoque de seguridad que prioriza la revisión de las mochilas de los estudiantes en lugar de levantar el secreto de las cuentas bancarias de los criminales.
