Este jueves 15 de marzo, en un fallo inédito en el país, la Corte de Apelaciones de Concepción decidió procesar a cuatro civiles por la ejecución de 19 personas, entre ellos, trabajadores de la papelera perteneciente al grupo Matte, campesinos y estudiantes, en la zona de Laja, región del Biobío. Entre los civiles, hay dos funcionarios de la papelera, CMPC, además del jefe de seguridad de la empresa, quienes podrían ser condenados por estos crímenes en los próximos días, en un fallo que sirve como antecedente para definir la responsabilidad de empresas y civiles (terceros actores), en estas causas.
Los ejecutivos, Lionel Aguilera y Carlos Ferrer, ejecutivos de la empresa en 1973, guiaron y dieron nombres a efectivos de carabineros de la zona, para ejecutar a las víctimas. También, la investigación ha arrojado que Pedro Jarpa, jefe de seguridad de la empresa, inició la operación, mientras que Rodolfo Román fue el chofer que trasladó a las víctimas hasta el fundo San Juan, donde fueron asesinados.
"En mayo pasado, el ministro Galdano había descartado imputar a estos civiles, sin embargo, los familiares solicitaron que se incluyeran entre los procesados y así lo definió la Corte de Apelaciones de Concepción, que ellos tendrían responsabilidad en los hechos. Si es así, ésta sería una demanda histórica y completa los antecedentes que teníamos de la participación de estas personas, antecedentes que se tenían desde las primeras declaraciones del caso, en 1979", señala el abogado del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría, Patricio Robles.
"Lo que podría venir a continuación es una orden de detención a estas personas y nosotros, como querellantes, esperamos pronta condena. Los involucrados arriesgan hasta cinco años de prisión y puede que no accedan a beneficios", agrega Robles.
El caso podría tener por segunda vez en la historia a civiles condenados por delitos de lesa humanidad. El primero fue hace unos meses el caso del empresario Francisco Luzoro, condenado por asesinatos de campesinos en Paine. A la vez, aunque no se condena directamente a la empresa, la investigación involucra a la CMPC, incluso mediante prácticas de persecución a sus trabajadores antes del golpe de estado, con la intervención de militares en sus dependencias para evitar supuestas tomas de parte de sus trabajadores.
Según lo indagado, los imputados dieron nombres de los trabajadores calificados como "agitadores", facilitaron medios de transportes y recursos para trasladar a los detenidos y facilitar el ocultamiento de los cuerpos, en colaboración con el agricultor de la zona, Peter Wilkens.
