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Ex Fiscal Carlos Gajardo:

“Las empresas y civiles que participaron en delitos de lesa humanidad debieran ser sancionados”

El abogado conversó con Londres 38 sobre diversos temas y dio su opinión sobre los beneficios que están recibiendo criminales de lesa humanidad. “La Corte Suprema en el fallo pareciera razonar que debiera aplicarse la legislación común. Creo que eso es un error, ese fallo no respeta lo que son las modernas teorías del delito de lesa humanidad”, comenta Gajardo

Publicado el 05 de septiembre de 2018
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Carlos Gajardo

Carlos Gajardo, ex fiscal del Ministerio Público, recibe al equipo de Londres 38 en su oficina, que queda frente a la Villa San Luis, en Las Condes, histórico proyecto social durante la Unidad Popular. Dice que estuvo leyendo sobre derechos humanos en los últimos días, a propósito de la decisión de la Corte Suprema de darle el beneficio de libertad condicional a seis reos de Punta Peuco. Comentó el hecho en una columna de La Tercera y en el programa de radio en que participa como panelista. Su participación en medios ha ido in crescendo tras pasar de ser el fiscal a cargo de la investigación de los casos de corrupción más álgidos de la historia reciente, como el caso Penta y el lucro en la educación. Hablamos con él sobre corrupción, justicia y las nuevas investigaciones sobre "terceros actores" en derechos humanos.

Usted afirmó que existen avances con respecto a delitos de corrupción, como el caso Penta, el financiamiento ilegal de la política, y otros. Pero hay una sensación de la calle, una sensación popular, de que estos delitos quedan impunes. La gente piensa que "los políticos roban", por ejemplo, y que no pagan por ello ¿Es tan real esa sensación de impunidad? ¿Es el efecto de lo que ya ha ocurrido?

Me parece que efectivamente llegamos a una situación que es peligrosa, ya que el sistema tuvo la capacidad de descubrir muchas conductas ilícitas. Muchas de ellas constitutivas de delito y que son especialmente enervantes para las personas. La democracia es una institución en la que debemos confiar y eso implica creer que nuestros representantes se deben a nuestra voluntad. Cuando esa ilusión se rompe y descubrimos que nuestros representantes en verdad lo que están haciendo es representar intereses de personas que han financiado sus campañas o incluso, luego de financiar sus campañas, han seguido pagando dinero, esa ilusión de que el sistema democrático funciona se rompe, y es particularmente peligrosa porque, frente a esa desilusión los riesgos de dejar de creer en la democracia son altos. Esos riesgos son básicamente la aparición de populismos o de figuras con caracteres más autocráticos, que son cosas que pasan en otros países. Este tipo de conductas terminan generando consecuencias y dentro de esas consecuencias, está el afectar profundamente la legitimidad del sistema democrático.

También, me queda claro que la corrupción no tiene un color político, en cualquier espacio que nos encontremos dentro de la política, de derecha o de izquierda, puede haber espacio para personas corruptas como también, por supuesto, hay espacio para personas íntegras y preocupadas por el bienestar de sus conciudadanos.

Hace poco entrevistamos a Mauricio Weibel, que es el periodista que investigó el Milicogate y ahí claramente hay un nivel de corrupción importante. Él hablaba de que hay una "cultura de la corrupción" en las Fuerzas Armadas y del Orden ¿Es el Estado corrupto? ¿Hay instituciones que son culturalmente más corruptas que otras? ¿O es una visión sesgada?

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Creo que en cualquier espacio en que no exista fiscalización, va a haber corrupción. Para evitar la corrupción lo que se necesita es prevención, fiscalización y sanción. Y yo diría que eso es aplicable para cualquier tipo de delito, si uno habla sobre cualquier delito lo importante es prevenir, investigar, sancionar

Las Fuerzas Armadas., por su particular necesidad, son espacios en que es necesario cierto nivel de secreto porque se ha establecido como cultura que dentro de la inteligencia militar es muy importante que el vecino no sepa cuáles son sus reales capacidades. Entonces, se establece un sistema secreto, o sea, que nadie sabe cuál es la verdadera potencia militar de Chile, y que nadie sabe cuánto dinero se invierte, en qué se invierte y cómo se invierte. Eso, que puede tener cierta lógica militar, es un caldo de cultivo salvaje para la corrupción. Esto es aplicable a otros ámbitos también. Pensemos, por ejemplo, en lo que ha pasado en torno a las asesorías parlamentarias. Concuerdo mucho con lo que habla Mauricio Weibel, ahí hay un sistema en donde se genera corrupción. Por supuesto que hay que cambiar a todas las personas corruptas, pero más importante es instaurar sistemas para prevenir esos delitos, para fiscalizar de manera externa, y luego para que los delitos sean duramente sancionados. Esa es la única manera de prevenir.

En muchos casos de delitos económicos, de corrupción, hay gente que estuvo directa o indirectamente ligada a la dictadura también. Ponce Lerou es el caso más icónico, pero la misma UDI en el financiamiento ilegal de la política. Entonces, ¿esto se debe a que Chile es muy chico y la élite está demasiado conectada entre sí? ¿O es que existe una especie de cultura o tradición de corrupción que quizás se viene replicando?

Efectivamente hay un tema con nuestra pequeña élite, por ejemplo, buena parte de los directorios de empresas vienen de cinco colegios. Y la concentración de la riqueza, especialmente alta en nuestro país, claramente provoca endogamia.

Es un fenómeno, dentro de todo, nuevo. Chile tuvo, a partir de los ochenta y los noventa, un desarrollo económico que provocó una serie de nuevos ricos. Todas las personas que se apropiaron de las empresas que antes eran del Estado, básicamente antes eran funcionarios públicos, como Ponce Lerou, y pasaron de un día para otro a ser los dueños de las empresas: pasó con SQM, con empresas eléctricas, etc. No sé si eso ha sido tan distinto en otros países.

¿Qué cree que se viene en el ámbito jurídico relacionado a la corrupción?

Creo que el grueso de las investigaciones que se iniciaron van a terminar de la manera que han terminado los casos anteriores (financiamiento ilegal de la política). Es decir, sin grandes sanciones para los responsables, pero a pesar de eso, yo valoro mucho todo lo que se hizo porque mostró y aportó para entender cómo funcionaba el sistema político. También se modificó la manera en la que se financia la política y creo que eso es muy provechoso. Hubo cambios también de carácter tributario que permitieron que hoy haya una mejor recaudación, eliminando mucha actividad en relación a emisión de boletas falsas, etc. Entonces, tuvo una serie de consecuencias muy positivas, pero en lo que es sanción propiamente penal es donde está el gran déficit.

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Creo sí que un segundo gran efecto positivo ha sido que con estas investigaciones se ha corrido la barrera de lo que es posible investigar. Uno podría hacer el símil con las primeras condenas en caso de derechos humanos que fueron importantes, pero que en cuantía de penas eran bastantes menores. Creo que es importante porque se corre la barrera, y hoy día, por lo tanto, es mucho más fácil iniciar una gran investigación porque el Ministerio Público se empoderó y ahora sus fiscales saben que pueden, si tienen buenos antecedentes, perseguir a cualquier persona.

Derechos humanos y justicia

En un ámbito más jurídico, sabemos lo que está pasando con todos los beneficios a ex reos de Punta Peuco, personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Milton Juica hablaba en una entrevista, y luego muchos abogados lo comentaron, que una solución para esto sería un tribunal de ejecución que se encargue de ver esta aplicación de beneficios, reinserción, etc. Primero, en palabras básicas ¿qué es un tribunal de ejecución? ¿Cree usted que sería una solución para estos temas?

Creo que hay que tener una mirada global del fenómeno de lo que ha pasado con la justicia y los derechos humanos. Tengo la sensación que Chile ha tenido un proceso que progresivamente le ha dado mayor protección a los derechos humanos. Así fue cómo pasamos de tener un sistema en que, antes de los noventa, todas las causas por violaciones a los derechos humanos eran amnistiadas o sobreseídas, a un sistema que a partir del año 1994 empieza a aplicar progresiva y paulatinamente distintas tesis que reconocen la diferencia de este tipo de delitos, que son delitos de lesa humanidad. Hoy día tenemos una situación en que hay más de mil ex militares involucrados en procesos de derechos humanos, más de trescientas condenas ya dictadas y más de un centenar de personas efectivamente en prisión.

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Lo preocupante del fallo de la Corte Suprema sería si este desarrollo progresivo y ascendente tuviera un giro. Las reglas generales de nuestro sistema jurídico, en principio, dicen que cuando una persona cumple la mitad de su condena, puede salir en libertad condicional, para los delitos comunes, y para los delitos más graves puede salir con dos tercios de su condena cumplida. Entonces, la pregunta es si en esta etapa vamos a entender que estos delitos son delitos especiales, son delitos de lesa humanidad, o le aplicamos el derecho común. La Corte Suprema, en el fallo, pareciera razonar que debiera aplicarse la legislación común. Creo que eso es un error, ese fallo no respeta lo que son las modernas teorías del delito de lesa humanidad y, por lo tanto, los pactos que Chile ha suscrito, principalmente pensando en la Convención de Roma. A mi me parece bien que a partir de ese fallo los representantes de la voluntad popular, que son los parlamentarios, hayan puesto una voz de alerta importante y hayan incluso terminando analizando la posibilidad de presentar una acusación constitucional.

Creo que la idea de Milton Juica de los tribunales de ejecución no hace mucho la diferencia, porque al final lo importante es cuál va a ser la teoría que va a primar acá. Lo importante es que prime que estos delitos no son delitos comunes sino que, como se ha entendido siempre, son delitos especiales, delitos de lesa humanidad y en esa aplicación viene la etapa de ejecución también, donde es necesario tener presente que las decisiones que se adopten no pueden significar impunidad.

Con respecto a eso, hay algo que se cruza: empresas y derechos humanos. El año pasado, como Londres 38 demandamos a la Pesquera Arauco por participación en delitos de lesa humanidad, porque eran ocupados sus camiones y estructura para transportar detenidos. Ya en Argentina, y en otros países, se ha empezado a demandar empresas que participaron en todo el proceso de represión en dictadura ¿Cree que en algún momento se podrá avanzar en lo que se llama "terceros actores", personas civiles o empresas, aquellos que fueron parte de una estructura de represión?

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Justo se engarza con lo que había contestado recién porque en este proceso ascendente, el año pasado por primera vez se condenó a un civil. Creo que efectivamente la responsabilidad de los civiles en lo que fueron las graves violaciones a los derechos humanos de alguna manera no ha sido debidamente sancionada ni en términos penales, ni mucho menos en términos civiles. Efectivamente, hay civiles que participaron y también empresas que favorecieron estas conductas de violaciones a los derechos humanos y eso creo yo, debiera ser sancionado. Porque, además, se aplican los mismos principios de que son delitos que no prescriben, así como los delitos que comete el Estado no prescriben. Es un debate jurídico muy interesante y creo que es el momento de que ese debate se dé.

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