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Los candidatos a la Corte Suprema y su relación con los derechos humanos

La actual presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic, es la candidata más votada, sin embargo, es necesario esperar la decisión del Presidente Sebastián Piñera, quien elegirá a uno de los cinco jueces para ser ratificado, o rechazado, por el Senado.

Publicado el 19 de septiembre de 2018
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El pasado 3 de septiembre, el Tribunal supremo de la Corte Suprema mediante una votación eligió a la quina que propuso al Presidente de la República para llenar la vacante que dejó el ministro Carlos Cerda en el máximo tribunal. De la elección del Presidente, el Senado deberá ratificar o rechazar la elección. En esa oportunidad, la nómina quedó compuesta por los jueces Julio Miranda Lillo, Mauricio Silva Cancino, Roberto Contreras Olivares, Dobra Lusic Nadal y Javier Moya Cuadra.

Históricamente, esta decisión ha sido producto de la negociación entre gobierno y oposición, lo que se ha traducido en una suerte de "binominal judicial". Sin embargo, habrá que ver si el gobierno actuará según los dichos del Ministro de Justicia, en el sentido de "netear" la Corte Suprema debido a la supuesta mayoría de izquierda que existiría en la actualidad, tal como lo hizo con la reciente designación de la jurista de derecha, Ángela Vivanco, quien se destacó por su alegato en contra de la despenalización del aborto en tres causales ante el Tribunal Constitucional, representando a los diputados de Chile Vamos, y es conocida por ser una acérrima defensora de la Constitución de 1980.

Habrá que ver también la conducta a seguir por el Senado.

A continuación,compartimos parte de la trayectoria de estos magistrados y su relación con los derechos humanos, ante la influencia que tendrá una vez sea elegido o elegida como nueva integrante de la Corte Suprema.

Julio Miranda Lillo

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Julio Miranda

Actualmente compone la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Por su antigüedad en el Poder Judicial, es candidato directo a la Corte Suprema.

Fue cuestionado a raíz de la investigación por el secuestro, tortura y asesinato del sacerdote Miguel Woodward, por agentes de la dictadura en 1973, y su decisión de sobreseer a 19 personas, en 2011. Ante esto, la familia, el Programa de Derechos Humanos y el Consejo de Defensa del Estado solicitaron a la Corte Suprema la anulación de los sobreseimientos, lo que fue denegado por unanimidad. Con posterioridad a ello, en la sentencia de primera instancia, el ministro Julio Miranda Lillo solo condenó a José Manuel García Reyes y a Héctor Fernando Palomino López por el delito de secuestro con grave daño.

En 2009, La Corte de Apelaciones de Valparaíso condenó a tres años y un día de presidio remitido al contraalmirante (r) de la Armada Ernesto Huber Von Halpen, por el secuestro calificado del regidor de Limache, Carlos Aldoney, detenido en 1973. Así, el tribunal revocó la decisión del ministro en visita Julio Miranda Lillo, quien lo había absuelto. Von Halpen años después fue condenado por otros asesinatos y secuestros.

Miranda Lillo Investigó los casos del asesinato de los presos políticos Rigoberto Achú y Absalón Wegner, ocurridos el 13 de diciembre de 1973. Y en 2014 condenó a cinco años y un día de prisión a los coroneles Marcelo Moren Brito y Fernando Lauriani Maturana, por el secuestro de Patricio Santana Boza, en 1975.

Ha estado a cargo de diversos tribunales en Santiago y del país. Su destinación más larga la cumplió en Iquique, en donde estuvo 15 años y es ministro en Valparaíso desde el año 2002. Fue Ministro suplente de la Corte Suprema en dos ocasiones en 2015.

Según fuentes de tribunales, es un Ministro que ha mostrado una escasa voluntad y eficacia investigativa en causas de derechos humanos. En sus fallos ha tenido como norma procesar solo a un reducido número de responsables, otorgando siempre bajas penas, luego de la insistencia de los querellantes. Estos, además, se han enfrentado a prácticas que obstaculizan la tramitación de las causas como el acceso oportuno a los expedientes y a las resoluciones.

Mauricio Silva Cancino

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Mauricio Silva

Actual ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En 2004, los medios pusieron el foco en su decisión de negarse a tramitar una querella por injurias y calumnias presentada por el dirigente de la UDI, Jovino Novoa contra Gemita Bueno. Por ello fue sancionado por la Corte Suprema y reemplazado en el caso.

Como integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, ha confirmado o elevado penas a criminales de lesa humanidad, como en el caso del asesinato del estudiante de 17 años Patricio Manríquez Norambuena, ocurrido el 21 de septiembre de 1973. Asimismo, condenó a los responsables de desapariciones y torturas en el Regimiento de Tejas Verdes. Suele mantener las prisiones preventivas de los responsables de estos crímenes.

Roberto Contreras Olivares

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Roberto Contreras

Integra la Corte de Apelaciones de San Miguel. Nació el 18 de diciembre de 1954, en Santiago de Chile. Abogado desde 1987. Es integrante de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial de Chile y colaboró en la implementación de la reforma procesal penal área de la que es experto.

Como dato curioso, escribió un libro de poemas titulado"Territorio del Sueño", editado en junio del 2000.

Dobra Lusic Nadal

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Dobra Lusic

De la quina de ministro, es la más votada por los integrantes de la Corte Suprema. Actual presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago. Es abogada de la Universidad de Valparaíso, inició su carrera judicial en abril de 1975 como oficial tercero del 2° Juzgado de Menores en la misma ciudad. Su carrera como juez se inició en el 1° Juzgado de Letras de Puerto Varas, en agosto de 1980. Es académica de la Universidad Central.

Integró la Corte Marcial. Allí llevó el caso del accidente del avión Casa 212, en la Isla Juan Fernández, donde procesó a dos oficiales en retiro y tres oficiales en servicio de la Fuerza Aérea de Chile (Fach), por su responsabilidad en el delito de incumplimiento de deberes militares.

A inicios de la década de los noventas, investigó los casos en los que estaba involucrado Osvaldo Romo. En el marco de esa investigación, interrogó a decenas de ex agentes, aclarando así parte del funcionamiento de la DINA. También esclareció el secuestro, la tortura y asesinato de la militante del MIR Lumi Videla, quien tras fallecer, fue lanzada al patio de la embajada de Italia, en 1974.

En 2005 asumió la investigación por el secuestro y asesinato del menor Rodrigo Anfruns, ocurrido en 1979, pero la investigación se cerró sin imputados.

Javier Moya Cuadra

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Javier Moya

Moya Cuadra es integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Este 2018, asistió un foro de Naciones Unidas sobre derechos humanos, representando al poder judicial.

En abril de este año, fue uno de los ministros que rechazó entregarle libertad condicional a uno de los asesinos del dirigente sindical Tucapel Jiménez, asesinado en 1982 por agentes de la DINE.

Según fuentes de tribunales, el juez tiende a inhabilitarse para conocer las causas de derechos humanos argumentando "conflictos de interés" debido a que en dictadura sufrió prisión política

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