En 2003, al cumplirse 30 años del golpe de Estado en Chile, el gobierno -bajo la presidencia de Ricardo Lagos- conmemoró la fecha con diversos actos. Entre ellos, un multitudinario concierto con artistas nacionales e internacionales que se llamó "El sueño existe". Ese mismo año, pero cuatro meses antes, el Ejército de Chile logró concretar en un remate, la venta del helicóptero PUMA H-255, que fue utilizado durante la dictadura civil-militar para lanzar personas vivas al mar. Hoy, esa aeronave forma parte del campo de juego de paintball "Dogtag Airsoft"(1) en el poblado de Holmbush, Inglaterra, siendo uno de los principales atractivos para las y los jugadores quienes, simulando un combate militar, se disparan balines de pintura.
EL VUELO DEL PUMA
Pese a estar oxidado y desmantelado, en el fuselaje del H-255 aún puede verse parte del escudo del Ejército de Chile y, más nítidamente, la matrícula que lo identifica como el helicóptero del Comando de Aviación del Ejército que la mañana del 5 de octubre de 1973 despegó del Aeródromo Tobalaba, en Santiago, con destino al Club de Golf de Santo Domingo, a tres kilómetros de la Escuela de Ingenieros Militares, donde funcionaba el centro de detención, tortura y exterminio Tejas Verdes, en la comuna de San Antonio. En él fueron subidos los prisioneros Luis Fernando Norambuena Fernandois (30 años, militante del Partido Socialista), Gustavo Manuel Farías Vargas (23 años, militante del MIR) y Ceferino del Carmen Santis Quijada (31 años, militante del MIR), para ser arrojados vivos, y atados a trozos de rieles, al océano Pacífico, en los recorridos conocidos como vuelos de la muerte. Hasta hoy, los tres permanecen en condición de detenidos desaparecidos.
En mayo de 2003, Virgilio Cartoni, empresario y comerciante de armamento, muy solicitado por el Ejército de Chile, se adjudicó la compra de cuatro helicópteros PUMA, todos en calidad de "fuera de vuelo", según la ficha de las aeronaves. Luego de permanecer un tiempo en Inglaterra, el H-255 fue comprado en 2014 por Ross Beare, dueño del campo de paintball inglés. La aeronave nunca pudo ser periciada por un tribunal, ni tampoco se pudo tener acceso a su bitácora de vuelo (registro elaborado por los pilotos de la nave que da cuenta del tiempo y kilometraje del vuelo, parámetros operacionales, acciones realizadas, fallas registradas, entre otros).
¿De qué manera, el despojo de evidencia, como lo fue en el caso de este helicóptero en particular, es una herramienta efectiva para contribuir al negacionismo ante los crímenes cometidos?
"Cuando un helicóptero desaparece de la custodia del Ejército mediante actos comerciales realizados con privados, desaparece con esto una evidencia material que permite un reconocimiento de lo ocurrido. En este sentido, se deja una ausencia que contribuye a relativizar y negar la existencia de una práctica sistemática y horrorosa lo que, en mi opinión, expone a la memoria a una fragilidad destructiva", señala Sebastián Velásquez, abogado de DDHH y querellante en el caso.
EL INICIO DEL HORROR
Para el abogado, la relevancia para la memoria histórica del caso del helicóptero PUMA H-255 radica en varios puntos. Por un lado, "dar cuenta de la alianza entre las Fuerzas Armadas (FFAA) y las Fuerzas de Orden y Seguridad -Carabineros y PDI- con el empresariado, en este caso, en la reducción de bienes relevantes para las investigaciones en materia de derechos humanos; y de cuál fue el rol del Estado a la hora de vender a un empresario conocido la reducción de ese helicóptero". Y, por otro, establecer la verdad: "que se lanzaron personas vivas al mar como una práctica macro-criminal ya explicitada y coordinada desde octubre de 1973, así como todo el despliegue institucional represivo de la Quinta Costa (localidades de la Quinta Región ubicadas en la costa del océano Pacífico). No es solamente el hecho mismo sino cómo se materializa en términos territoriales e institucionales esa memoria".
El PUMA H-255 y los vuelos de la muerte, son sólo una parte de un complejo y acabado despliegue institucional que en Chile tuvo como objetivo la desaparición de personas durante la dictadura dirigida por Augusto Pinochet.
Según recoge la querella interpuesta por Londres 38, espacio de memorias, en octubre de 2017 ante el ministro Mario Carroza contra el directorio de la empresa Pesquera Arauco, los camiones frigoríficos de esa firma fueron utilizados para el traslado de personas prisioneras, desde Santiago hacia el recinto de Tejas Verdes y a otros lugares, como Colonia Dignidad, bajo las órdenes del entonces coronel del Ejército Marcelo Morén Brito (fallecido en 2015).
En palabras del abogado, los hechos ocurridos en Tejas Verdes fueron "el inicio del horror" de lo que sería la dictadura en Chile, "porque allí se entrenó a militares, se comenzó a organizar la administración de los cadáveres de las víctimas, etc. Entonces, hay ciertos elementos de contexto, así como de situaciones históricas, que permiten ir llevando el asunto a una 'necesidad de', a una necesidad de hacer desaparecer a las personas. (...) Toda esa coordinación, de cómo fue el proceso, de cómo se organizó, de los estados financieros de las empresas que participaron, de la precarización de la empresa pública y la privatización de la misma, da cuenta de que la instalación tan brutal de un régimen así -y con ese contexto de administrar la vocación de impunidad- fue solamente para efectos de que no se generara ni una memoria histórica ni una memoria institucional que integrara este horror, y entonces el nuevo sistema se instala como dado: esto es, esta es la naturaleza.
No hay que olvidar que el Estado tiene tres poderes, además están las FFAA y las Fuerzas de Orden y Seguridad. Entonces, con la respuesta del Poder Judicial, sin integrar todo ese despliegue institucional mencionado -y sin que las FFAA tengan una real colaboración con la verdad y la justicia, como es la entrega de archivos, la apertura y/o entrega de lugares claves de la represión, etcétera-, vas a tener siempre interrogantes sobre 'toda la verdad'. En el contexto de las 'interrogantes de toda la verdad', y en consideración a la magnitud del despliegue institucional que se requiere para hacer desaparecer personas, nunca se va a lograr distinguir cuál es el límite de coordinación entre sectores sociales que se beneficiaron con la dictadura, y la administración estatal en Chile. En ese sentido, existe una vocación de impunidad corporativa de las FFAA y las Fuerzas de Orden y Seguridad que es respaldada, a lo largo de la historia post-dictadura, por el Estado".
50 AÑOS DESPUÉS
"En un momento, nosotros (Londres 38) estábamos pidiendo la nómina de las personas que integraban el Comando de Aviación del Ejército, y nos entregaron nóminas parciales; también pedimos la estructura del Comando de Aviación del Ejército, para efectos de establecer cómo ingresaba la orden, cómo luego esta iba a la Unidad de Operaciones de Vuelo, y de esa unidad a una compañía determinada que, con la tripulación establecida, hacía volar un PUMA. Todo eso lo preguntamos al Ejército, y fue por declaraciones de propios agentes del Estado y por estructuras parciales que van entregando las FFAA, que finalmente logramos reconstruir los hechos, no es algo que se entregó fácilmente, como una colaboración".
Esto, sumado a la "precariedad de la justicia transicional(2) en Chile que permitió, por ejemplo, que Carlos Mardones Díaz, quien estaba a cargo del Comando de Aviación del Ejército y de las acciones de todos los helicópteros, sabiendo que en Chile se lanzaban personas al mar, nunca fue condenado (por esa querella). Murió a los 94 años, declarando en esa causa", dice el abogado.
Los tres oficiales que participaron como tripulantes en el vuelo del H-255 en el que Luis, Gustavo y Ceferino fueron lanzados al mar, son el mayor Emilio de la Mahotiere, como piloto; el capitán Richter Nuche Sepúlveda, como copiloto; y el brigadier Miguel Krassnoff Martchenko, como el encargado de arrojar a los prisioneros. Así lo declaró Juan Guillermo Orellana Bustamante, cabo segundo y mecánico tripulante, testigo y participante de los hechos a bordo de la aeronave, ante el entonces ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia, en agosto de 2014: "Quiero hacer presente que el oficial de Ejército que lanzó a las personas que se encontraban amarradas, vendadas y vivas, dentro del helicóptero, me parece que correspondería a Miguel Krassnoff". Por su parte, la función del cabo segundo en ese vuelo, habría sido la de abrir la puerta del helicóptero y mantenerla en esa posición para que Krassnoff pudiera arrojar a las víctimas. Asimismo, en una entrevista brindada a CNN(3), Orellana indicó que el brigadier "tomó al primero, al que estaba más cerca de él (...), lo tomó de los pies, lo dio vuelta hacia la puerta y lo empujó para abajo", mismo proceder que realizó con los otros dos detenidos. "Cuando terminó eso, (Krassnoff) dijo: estamos listos".
Los altos mandos del Ejército Carlos Mardones, Richter Nuche, Emilio de la Mahotiere y Miguel Krassnoff, fueron procesados el 9 de mayo de 2018 por Jaime Arancibia, por los delitos de asociación ilícita y secuestro calificado de las tres víctimas ya mencionadas. Y en septiembre de 2023, la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó acusación contra los cuatro oficiales, en calidad de autores de dichos delitos. A 50 años de haber cometido los crímenes. Mardones falleció en 2022 y los tres militares que aún están vivos y en espera de condena, tienen entre 77 y 86 años.
IMPUNIDAD CORPORATIVA
Ante este escenario, ¿De qué manera el Estado podría exigir al Ejército y a otras instituciones, entregar la información que tienen para el esclarecimiento de verdad y justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos?
En mi opinión, el Ejército de Chile se hace intocable en base a la ausencia de control civil. Yo no sé cuál es la real jerarquía que imponen desde el ministerio de Defensa para la facilitación de la información, por ejemplo. Por otra parte, el Poder Judicial no tiene acceso a los expedientes militares de la justicia naval y de la justicia militar, y eso es algo que el Ejército o la misma Armada pudiesen entregar fácilmente y ponerlos a disposición, pero no lo hacen. Tanto el Ejército, como Carabineros y las FFAA, más la participación y complicidad de terceros actores (civiles), tienen en Chile un posicionamiento, en términos políticos, de impunidad corporativa.
Esa complicidad del Estado ante la "vocación de impunidad", por parte de sus agentes involucrados en violaciones a los derechos humanos, la vemos también en casos recientes. Me refiero, específicamente, a la querella contra los altos mandos de Carabineros en su responsabilidad por los crímenes cometidos durante la Revuelta Social, y el hecho de que el general Ricardo Yáñez se haya ausentado a las cinco primeras audiencias declaratorias, asistiendo recién a la sexta, donde mantuvo silencio.
En Chile no tenemos la noción de exigencia de conducta respecto al funcionario público, menos aún respecto de funcionarios que ejercen la fuerza y violencia, entonces ¿puede el funcionario público guardar silencio?. El funcionario público debe responder a otros estándares, sobre todo si como Estado colocas a ese funcionario público -con el monopolio y el control de la fuerza represiva- para resolver las movilizaciones sociales. Pero el Estado de Chile resuelve los conflictos políticos y sociales con represión por parte de las FFAA y las Fuerzas de Orden y Seguridad, sin una rendición de cuentas, menos con alguna sanción de sus acciones. Esa es la memoria que se tiene, por lo tanto responden a esa memoria desde ese "repertorio de acciones": guardando silencio, falsificando instrumentos públicos, ocultando información, etc. El camino de la rendición de cuentas, la entrega de información, la investigación efectiva, la sanción, entre otros, no está recorrido, y digo que no está recorrido porque no se hace ni educación ni conciencia al respecto. Un buen ejemplo de esto es la siguiente escena en el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda: el Director General de Carabineros presente, respaldado por el Ejecutivo, a un costado de la delegada presidencial, y forzando una convivencia con una víctima del estallido social, como Fabiola Campillai. Eso no habla de un real y efectivo ejercicio de la fuerza y del poder político.
En la querella contra los altos mandos de Carabineros, como sabes, participan abogadas y abogados que son parte del equipo jurídico de Londres 38. En ese sentido, ¿Cuál es el rol y la importancia de Londres 38 en la denuncia de este y otros casos, ante una estructura estatal de impunidad?
"Yo creo que es fundamental lo que hace Londres 38, porque actúa como interpelador directo del poder estatal, exigiéndole no sólo una rendición de cuentas sino que también el buscar la responsabilidad penal, que es una cuestión súper fuerte en términos de una estructura jurídica liberal en decadencia como lo es, en mi opinión, el Estado como lo conocemos hoy.
Lo que Londres 38 ha intentado hacer siempre, es la no privatización del daño como elemento político en su despliegue, en la justicia transicional, en la memoria de los crímenes cometidos en dictadura, y eso se concreta mediante esta interpelación institucional. Esto también se puede ver en la causa de la quema de archivos ya que, por ejemplo, el Estado debe tomar posición en relación a los delitos conexos con crímenes de lesa humanidad, en este caso el delito de sustracción o destrucción de archivos, que son delitos no esencialmente considerados crímenes de lesa humanidad. Esa disputa en términos históricos de memoria, y la vocación de pasado-presente de Londres 38, es fundamental porque esa intervención judicial institucional te permite generar investigaciones que develen los vínculos entre diversos actores, conectados en la vocación de impunidad corporativa que tiene Carabineros ayer y hoy, que tienen las FFAA ayer y hoy, y cómo se van sistematizando los mecanismos institucionales que van generando ese despliegue. En ese sentido, a mi modo de ver, Londres 38 ha ido atajando esa decadencia del Estado, la ha ido haciendo menos abrupta".
EL AVIÓN ARGENTINO
En Argentina se dio un caso similar al del PUMA H-255, pero con un resultado distinto. El 14 de diciembre de 1977, durante la dictadura de ese país, el avión Skyvan PA-51, perteneciente a la Prefectura Naval Argentina, fue utilizado por la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para arrojar al mar a 12 personas vivas, entre ellas cinco mujeres cuyos cuerpos fueron devueltos días después por el oleaje: Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Eugenia Ponce, integrantes de las Madres de la Plaza de Mayo; y a Leonie Duquet y Angela Aguad, religiosas francesas. El avión, comprado al Estado argentino por la empresa de correos aéreos GB Airlink, en Florida, Estados Unidos, fue repatriado a Argentina en junio de este año.
¿Cuáles consideras tú que son las razones del por qué en Chile no pueden llevarse a cabo procesos como el que se dio en Argentina?
"En Chile hay un Estado que renunció a hacer ejercicios de fuerza. Hay que tener fuerza política para poder decidir y decir 'el helicóptero vuelve, sea cómo sea, el helicóptero vuelve', y aquí yo no veo a este Estado o a este Ejecutivo haciendo eso. En estricto, si eres el Estado y dices que tienes el poder, entonces qué poder vas a mostrar, si ni siquiera puedes hacer declarar al general director de Carabineros, que está supuestamente bajo el mando del Ejecutivo y que tiene su confianza.
¿De qué servirá traer el helicóptero PUMA H-255 a Chile?
"Yo creo que la utilidad de ese helicóptero, y hacer el esfuerzo por traerlo, es un ejercicio de poder, es un ejercicio de fuerza, y es un ejercicio de memoria. Si los 30 años del golpe de Estado fueron también para vender este tipo de evidencias y marcar más la impunidad, a 50 años tenemos la obligación histórica de pelear la memoria de esos 30 años y de estos 50 años. Son ejercicios urgentes de memoria La impunidad sigue siendo todos los días un presente".
1 Sitio web de Dogtag Airsoft.
2 La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, define a la justicia transicional como "toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación".
3 "PUMA H-255, el primer vuelo de la muerte", reportaje de CNN; 25/11/2022
CRÉDITO FOTOS: Colaborador anónimo para Londres 38
