Al respecto, la abogada chilena Magdalena Garcés dijo desde París que "si bien el juicio es en ausencia, es un juicio real, no simbólico, en el cual un país está juzgando a los responsables de cuatro crímenes que a la fecha están impunes. De ser condenados, los responsables de estos crímenes estarán bajo una orden de captura de la justicia francesa y si abandonan Chile, podrían y deberían ser detenidos por Interpol y conducidos a Francia para ser juzgados, esta vez de cuerpo presente" (Ver entrevista completa).
En tanto, el presidente del tribunal parisino, luego de recibir las nuevas partes que serían incorporadas al juicio, cumplió con la formalidad de dejar constancia de que ninguno de los inculpados estaba presente en la sala, para enseguida dar paso a la presentación de las causas. Esta partió, por orden cronológico, con el caso de Jorge Klein, hecho prisionero en La Moneda la mañana del 11 de septiembre de 1973, para luego seguir con los casos de Etienne Pesle, Alfonso Chanfreau y Jean-Yves Claudet.
Cada presentación fue antecedida con un detallado examen y exposición del contexto en que se produjeron los arrestos y posteriores ejecuciones o desaparición de cada víctima, mientras iban apareciendo los nombres de cada uno de los inculpados y su responsabilidad criminal en los hechos.
Luego del detallado relatorio de cada caso, la acusación procedió a tipificar cada delito y a precisar el grado de responsabilidad en ellos de cada uno de los inculpados, con detalles precisos sobre las atribuciones que tiene la ley francesa al respecto y los alcances del derecho internacional.
Pese a las largas jornadas, en el exterior del tribunal y soportando las bajas temperaturas del inicio del invierno europeo, un piquete de activistas de derechos humanos permaneció solidarizando con los familiares de las víctimas y entregando información a los transeúntes.
Natalia Chanfreau, hija de Alfonso Chanfreau, detenido en 1975, quien pasó por el centro de torturas ubicado en calle Londres 38 y estuvo preso junto a su esposa que declarará como testigo en este juicio, manifestó que espera el reconocimiento de la justicia francesa a la culpabilidad de los involucrados.
"Espero que haya un reconocimiento de la justicia francesa de la culpabilidad, por lo tanto, un reconocimiento internacional y que se sepa que efectivamente estas cosas se mantienen impunes hasta la actualidad. No ha habido justicia más que en unos casos muy puntuales con condenas irrisorias en muchos casos, que no tienen ninguna relación con el delito que cometieron. Quisiéramos que estuvieran haciendo frente y encarando la justicia", agregó al referirse a la ausencia de los inculpados, varios de los cuales se encuentran en las cárceles chilenas cumpliendo penas por otros crímenes.
El proceso, que se desarrollará hasta el 17 de diciembre en el Tribunal de lo Criminal de París, tiene "un valor histórico considerable" porque ofrecerá "una fotografía judicial clara y precisa" de la "arquitectura de la represión chilena", explicó William Bourdon, abogado de tres de las familias que buscan justicia. Se va a juzgar a "casi la totalidad del sistema", añadió Sophie Thonon, abogada de la familia del cuarto desaparecido, quien consideró que el proceso es también el "juicio postmortem a Pinochet", que estuvo en el poder en Chile entre 1973 y 1990 y murió en 2006 sin llegar a comparecer ante los tribunales porque alegó "demencia senil".
Pero además de la reparación que la sentencia pueda suponer para las familias de las víctimas, este proceso sin parangón será también un "avance muy importante para la construcción de la Justicia Penal internacional", explicó el letrado Bourdon.
El proceso se refiere a las desapariciones del sacerdote Etienne Pesle, en la sureña ciudad de Temuco; de Jorge Klein, asesor del presidente Salvador Allende, y de Alfonso Chanfreau, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), secuestrado en 1974. También de Jean-Yves Claudet, detenido en Buenos Aires durante la Operación Cóndor. El nombre de Alfonso Chanfreau figuró en 1975 en la "Operación Colombo", un montaje con que la dictadura trató de encubrir la desaparición de 119 opositores, afirmando que habían muerto en purgas internas del MIR.
El juicio en Francia se abrió mientras Pinochet estuvo arrestado en Londres, por orden del juez español Baltasar Garzón, entre octubre de 1998 y marzo de 2000, y los inculpados suman 14 antiguos violadores de derechos humanos, entre ellos el general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la DINA.
Además de Contreras, considerado el gestor de la Operación Cóndor, figuran entre los acusados el general retirado Raúl Iturriaga Neumann, los ex brigadieres Pedro Espinoza y Miguel Krasnoff y los ex coroneles Marcelo Moren Brito y José Zara y el civil Enrique Arancibia Clavel, entre otros.
