Tres funcionarios de Carabineros fueron dados de baja por la institución, luego que el Ministerio Público formulara cargos contra ellos, pero luego la causa pasó a la Justicia Militar, donde aún se encuentra en estado de sumario.
Los carabineros inculpados son los suboficiales César Vidal, Patricio Mena y Juan Altamirano. El abogado querellante Luis Correa solicitó el pasado viernes 7 de octubre al fiscal militar Rodrigo Cuadra que los procese por secuestro calificado. Correa dijo que existen pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de las tres personas, ya que aún no se ha esclarecido qué hicieron los carabineros que viajaban en el patrullero durante la madrugada en que desapareció Huenante, al cual -según testigos presenciales- fue subido.
El abogado enfatizó que está completamente establecido, tanto en la investigación del Ministerio Público como de los propios tribunales militares, que Huenante está desaparecido y que ello sucedió luego que fuera detenido por los policías la noche del 3 de septiembre de 2005. "Ese hecho es irrefutable", dijo el abogado, quien emplazó al alto mando de Carabineros a explicar por qué y quién ordenó la venta del vehículo policial al que Huenante fue subido con vida. "Es una prueba procesal, donde era necesario realizar peritajes, buscar ADN y otros indicios que podrían ser útiles para los tribunales", añadió.
Correa dijo que está a la espera de la decisión de la Fiscalía Militar sobre su solicitud de procesamiento a los tres carabineros, para luego decidir, junto a la familia de la víctima, los siguientes procesales. La desaparición de Huenante por parte de agentes del Estado "es una demostración del abuso de poder contra personas que viven en situación de extrema vulnerabilidad", dijo el abogado, al describir las condiciones de pobreza de este joven de 16 años de edad, mapuche y que abandonó sus estudios para trabajar en empleos precarios.
"Presunto" desaparecido
Durante el mes de agosto y en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Detenido Desaparecido, Londres 38, espacio de memorias, puso en relieve el caso de José Huenante, para lo que convocó a una decena de artistas que realizaron obras que fueron llevadas a gigantografías, las que estuvieron colgadas en distintos edificios de la Alameda.
El mismo Día Nacional del Detenido Desaparecido, el 30 de agosto, organizaciones de derechos humanos entregaron en La Moneda una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera y a los ministros Rodrigo Hinzpeter (Interior) y Teodoro Ribera (Justicia), en la que exponían los detalles del caso (texto completo).
En respuesta a dicha misiva llegaron dos respuestas. Una, desde el despacho presidencial, firmada por la asesora del presidente Piñera, Andrea Ojeda Miranda, quien informa que los antecedentes acerca de la "presunta desaparición" de Huenante han sido traspasados al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y que será éste organismo el que dará una respuesta "dependiendo de la evaluación que se realice del caso" (texto completo).
La otra carta recibida en Londres 38 es una copia de un oficio emanado desde la Subsecretaría del Interior, con fecha 15 de septiembre. El oficio Nº293 de la Subsecretaría del Interior-División de Carabineros está dirigida a la Dirección General de esa institución policial. El documento firmado por la Jefa de División de la Subsecretaría del Interior, Constanza Farías Prieto, informa a la Dirección General de Carabineros del envío de la petición escrita de los organismos de derechos humanos "relacionada con la presunta desaparición" de Huenante y pide "dar pronta y directa respuesta a los recurrentes" (texto completo).
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