El próximo jueves 27 de octubre, a las 18.45 horas, Karine Bonneau, responsable de la Oficina de Justicia Internacional, el abogado Claude Katz, y Jimena Arenas, encargada de América de la FIDH, expondrán sobre el juicio realizado en París contra ex agentes chilenos por su responsabilidad en los crímenes de cuatro ciudadanos franco-chilenos, así como de sus gestiones para notificar las condenas y las órdenes de arresto a los represores.
En diciembre del año pasado, la justicia francesa, con plenas facultades jurisdiccionales, condenó a altas penas de cárcel a los más importantes mandos de la DINA por los crímenes cometidos contra cuatro ciudadanos franco-chilenos ocurridos entre 1973 y 1976. Durante doce años, los tribunales de París acumularon pruebas suficientes para establecer que en Chile fue aplicada una política sistemática de exterminio a los opositores a la dictadura militar.
La causa judicial investigó los casos de Jorge Klein, Etienne Pesle y Alfonso Chanfreau, que desaparecieron en Chile y el de Jean Yves Claudet, en Argentina, todos ellos, entre 1973 y 1975. Testigos aseguraron ante el tribunal haber sufrido torturas y vejaciones junto a los ciudadanos franceses, particularmente en el caso de Chanfreau, que estuvo secuestrado en el centro de represión conocido como Londres 38.
El juicio en Francia no fue "simbólico", los jueces durante diez días escucharon los testimonios y apreciaron los medios de prueba que sustentan las condenas a prisión perpetua de los jefes de la DINA, Manuel Contreras y Pedro Espinoza, y a varios años de cárcel para otros doce ex represores. Durante el juicio también quedó establecido el papel cómplice en el ocultamiento de la verdad que jugaron personeros de la derecha como Jovino Novoa y Sergio Diez, así como otros funcionarios civiles de la dictadura militar.
La justicia francesa dejó sentado un nuevo precedente para la justicia global. El fallo del alto tribunal parisino estableció que este tipo de crímenes deben dar lugar a demandas ante la justicia, en cualquier momento o lugar. La sentencia es un claro mensaje de que los Estados tienen la obligación de investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad, particularmente aquellos cometidos en el marco de una política de terrorismo de Estado.
Los criminales chilenos no comparecieron ante el tribunal francés porque la justicia chilena no dio curso a sus extradiciones, lo que dejó en evidencia una vez más que el Estado chileno ha actuado con debilidad para hacer frente a los crímenes de lesa humanidad. De hecho, la mayoría de los condenados por Francia están en Chile en libertad, con medidas precautorias, que no se condicen con la gravedad de los crímenes cometidos. La sentencia de la justicia francesa fue una lección para los jueces chilenos sobre la aplicación del derecho internacional y deja de manifiesto la deuda de verdad y justicia que aún mantienen con todo el país, objetivos a los que una sociedad verdaderamente democrática no puede renunciar.
La misión de la FIDH durante su estadía en Santiago solicitará a las autoridades chilenas cumplir con las órdenes de detención emitidas por Francia en contra de los responsables de la desaparición y la tortura de cuatro ciudadanos franco-chilenos bajo la dictadura de Pinochet.
