Según el abogado querellante, Boris Paredes, en el caso de Aravena se configuran los delitos de secuestro, torturas y homicidio. El involucramiento y responsabilidad de los carabineros en el crimen se ha agravado luego que se conociera que el fiscal que tomó conocimiento del caso decretara su libertad inmediata dos horas después del arresto de Aravena. Peor aún, el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros indaga la falsificación de registros por parte de los policías involucrados, los que habrían intentado ocultar la permanencia prolongada de Aravena en el furgón policial.
Como sucede recurrentemente, sin importar que la víctima sea un civil por el solo hecho de estar involucrado personal policial la causa ha sido tomada por la Justicia Militar. El abogado Paredes ha solicitado la designación de un juez especial (ministro en visita) para que indague el crimen. "Como hay un caso de alarma pública, que debe ser esclarecido rápidamente, nosotros esperamos que la Corte Marcial designe a uno de los dos ministros civiles que integran la corte para que investigue. Son personas con mayor experiencia, más experiencia y dan más garantías e imparcialidad", dijo el abogado querellante.
Al respecto, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI), Ana Piquer, manifestó su preocupación porque "este tipo de delitos cometidos por carabineros son todavía vistos en la Justicia Militar en Chile. La Justicia Militar ya ha tenido bastantes cuestionamientos en términos de la imparcialidad que tiene y que realmente lleve a sanciones, porque muchas veces no lleva a ninguna sanción a las personas que son juzgadas".
La desconfianza hacia la Justicia Militar se arrastra desde el periodo de la dictadura, cuando era aplicada la Ley de Amnistía o eran archivados sin investigación alguna los casos de detenidos desaparecidos o ejecutados por la represión. Salvo algunas reformas impulsadas por los gobiernos civiles post dictadura, la Justicia Militar siguió acumulando las causas en las que aparecen involucrados efectivos militares o policiales. Ha sido los casos de dirigentes mapuche asesinados como Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío y Álex Lemún, o como la desaparición de José Huenante en el 2005.
Más recientes son los casos de David Riquelme, asesinado a golpes por una patrulla de Infantes de Marina en la Región del Biobío en marzo de 2010 cuando la zona estaba bajo estado de excepción y toque de queda por el terremoto de 2010; y el crimen del joven Manuel Gutiérrez, baleado el 25 de agosto de 2011 durante una protesta estudiantil.
En todos los casos señalados los responsables de los crímenes -todos identificados e incluso confesos- están en libertad.
Ver los casos de José Huenante y Manuel Gutiérrez
