Los restos óseos -entre ellos un cráneo con un orificio similar a los que producen los impactos de balas- fueron encontrados por un grupo de turistas en un terreno que pertenece a la empresa chancadora Abratec SA, en la comuna de Bulnes. Se trata de una de las cuatro entidades que a inicios de los 90 recibió parte del patrimonio de la Colonia Dignidad, que por esos años perdió su personalidad jurídica.
Según las primeras informaciones entregadas por la policía, las osamentas corresponderían a lo menos a tres personas -de acuerdo a declaraciones del fiscal a cargo de las investigaciones, Álvaro Serrano-, pero no hay certezas sobre las datas de fallecimiento por lo que los restos serán trasladados a Santiago por el Servicio Médico Legal y algunas muestras llevadas a laboratorios de Estados Unidos para aplicarles análisis de Carbono 14. Los análisis para determinar la data de los restos pueden demorar hasta tres meses.
Durante décadas, organizaciones de derechos humanos denunciaron a este recinto fundado por alemanes como un centro de exterminio de opositores a la dictadura del general Augusto Pinochet. Colonia Dignidad, según investigaciones judiciales, fue además escenario de tráfico internacional de armas convencionales y químicas, centro de torturas y violaciones masivas de menores, a manos de sus líderes, durante décadas.
Sólo en 2013, y tras años de investigaciones, varios de sus jerarcas fueron condenados, entre ellos los alemanes Gerhard Mücke, Günther Schaffrik, Hartmut Hopp, Kurt Schnellenkamp y Gerd Seewald.
Paul Schäfer murió encarcelado en 2010 tras ser acusado de abusar de decenas de niños por años. Hartmut Hopp, sin embargo, eludió la condena, y se encuentra en Alemania desde mayo de 2011.
Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Talca, Mirna Troncoso, la investigación judicial sobre los crímenes de la ex Colonia Dignidad del ministro Jorge Zepeda "ha sido lenta e insuficiente".
"Estamos tratando de volver a activar algunas causas que están detenidas por falta de pruebas", dijo. La única querella activa es sobre Álvaro Vallejos, "El Loro Matías" (estudiante de medicina y militante del MIR desaparecido en 1974 luego de permanecer en Londres 38). "No estamos conformes con el ministro", dice la dirigente y añade: "Me imagino que a este juez le va a tocar investigar este hallazgo, esperamos que esta vez existan avances".
Pese a que hay indicios de que al menos un centenar de personas detenidas fueron llevadas al predio alemán, hasta ahora las únicas condenas dictadas por Zepeda por desaparecidos en la ex colonia son del 2011, por el militante comunista Pedro Merino (detenido en 1974) y del 2012, por los casos de los militantes del MAPU Juan Maino, Elizabeth Rekas y Antonio Elizondo (detenidos en 1976). Ningún ex colono ha sido condenado por estos casos, sólo ex agentes de la DINA.
Secreto y lentitud
Las organizaciones de derechos humanos persistentemente han demandado mayor dedicación, efectividad y resultados en las causas vinculadas a la DINA y la ex Colonia Dignidad, toda vez que hay indicios de que en el lugar aún hay algunos sitios sin explorar (fosas). También hay informaciones que indican que existe otro volumen de archivos de la DINA y la ex Colonia Dignidad en el lugar.
Hace ocho años, al interior del predio, investigadores policiales lograron encontrar e incautar un archivo con más de 39 mil fichas recopiladas por el colono Gerd Seewald, que comienza en 1974 y contienen información sobre personas detenidas desaparecidas que estuvieron en manos de la DINA.
El juez Zepeda ha aplicado la Ley de Inteligencia a este archivo, por lo que permanece bajo secreto. Debido a ello, Londres 38, espacio de memorias, ha incluido este conjunto documental en su campaña No Más Archivos Secretos
La falta de profundidad y resultados de las investigaciones se ha hecho más evidente desde 2010, cuando la derecha asumió el gobierno. Desde entonces, por ejemplo, la Brigada Investigadora de Crímenes contra los Derechos Humanos de la PDI comenzó a ser desmantelada, sus detectives más experimentados fueron trasladados y se produce además una persistente merma en el personal. De hecho, desde 2010 el personal investigador se redujo de 70 a 40 efectivos.
Las organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de intensificar las investigaciones judiciales, realizar las diligencias pendientes y otorgar a la justicia los medios para continuar sui labor. Del mismo modo es necesario que los organismos auxiliares -como la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y el Servicio Médico Legal- cuenten con más recursos y personal especializado.
En la ex Colonia Dignidad, como en muchas otras causas de crímenes de lesa humanidad, la justicia debe aplicar sentencias proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos, hacer efectivos los estándares judiciales contenidos en los convenios internacionales que Chile ha suscrito y hacer explícita la voluntad de castigar estos crímenes.
