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Piden que velódromo de Peñalolén lleve nombres de dos ciclistas detenidos desaparecidos

Hermanos Tormen

Publicado el 28 de abril de 2014

Sergio Daniel Tormen Méndez y Luis Julio Guajardo Zamorano eran deportistas de alto rendimiento, que ganaron campeonatos chilenos e internacionales de ciclismo; además compartían las mismas luchas sociales y ambos eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), al momento de ser secuestrados por la represión en julio de 1974. Ambos, inmediatamente después del golpe cívico militar de 1973, volcaron sus energías en la construcción de redes clandestinas para oponerse a la dictadura militar.

Hermanos TormenHermanos Tormen

40 años después de la desaparición de ambos deportistas, se ha lanzado una campaña para que el Velódromo de Peñalolén, construido para los Juegos Odesur realizados este año en Santiago, lleve los nombres de Sergio Tormen y Luis Guajardo. La iniciativa busca juntar firmas que serán presentadas a las autoridades de gobierno y municipales para que acojan la idea y los nombres de estos dos luchadores sociales y deportistas sean conocidos por las nuevas generaciones del ciclismo.

El 20 de julio de 1975, Sergio Tormen y Luis Guajardo fueron detenidos por la DINA en el taller de bicicletas del primero, en la comuna de San Miguel de Santiago. También, el mismo día fueron detenidos Peter Tormen -hermano de Sergio que entonces tenía 14 años de edad- y el entrenador de la selección nacional de ciclismo Juan Moraga Gutiérrez. Todos los secuestrados fueron llevados al centro secreto de la DINA de Londres 38, también bautizado por la represión como "Cuartel Yucatán".

Luis Guajardo ZamoranoLuis Guajardo Zamorano

Peter Tormen y Juan Moraga fueron liberados un par de días después de su arresto, mientras Sergio Tormen y Luis Guajardo quedaron en el recinto de represión desde donde desaparecieron.

La justicia, tras largos años de inacción pese a los reiterados recursos judiciales interpuestos por sus familias, solo el año 2006 emitió un fallo que condenó a los más altos jefes de la DINA a penas que no superan los 10 años de cárcel.

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