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Piden destituir a embajador que destruyó archivos CNI en la Cancillería

Las organizaciones de derechos humanos han solicitado al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que deje sin efecto el nombramiento de James Sinclair como embajador de Australia, luego de la confirmación de que el diplomático destruyó en la Cancillería documentos y archivos de la Central Nacional de Informaciones (CNI) durante 1988, según informó la agencia alemana DPA.

Publicado el 15 de mayo de 2014

Según consta en documentos que llevan la firma del entonces ministro de Relaciones Exteriores Ricardo García y el propio Sinclair, el funcionario destruyó una serie boletines de la CNI vinculados a las actividades en el exterior que, según DPA, correspondían a acciones de vigilancia y que incluso en años anteriores habrían estado relacionadas con el Plan Cóndor. El documento firmado por Sinclair lleva por título "Acta de destrucción".

La operación, mantenida en reserva durante décadas, consta en el oficio secreto 03146 de abril de 1988, el mismo año en que el general Augusto Pinochet perdió un plebiscito que lo obligó a dejar La Moneda. En el documento, el canciller García informó la destrucción de los documentos a la CNI, principal órgano represivo de la dictadura que sucedió a la DINA. Las organizaciones de derechos humanos estiman que "Actas de destrucción", como la firmada por Sinclair, deben existir en muchas otras reparticiones del Estado, por lo que habría que emprender acciones específicas para recuperarlas, así como los propios archivos con información sobre la represión.

Sinclair trabajaba en el despacho del canciller y tenía acceso a información sensible. Su carrera, sin embargo, siguió en ascenso y durante el gobierno de Eduardo Frei fue nombrado embajador en Indonesia. Durante la administración del derechista Sebastián Piñera, fue nombrado Jefe de Protocolo, por lo que trabajó directamente bajo las órdenes del presidente.

Gloria Elgueta, integrante de la mesa de Londres 38, espacio de memorias, que lleva adelante una campaña para terminar con los archivos secretos de la represión, lamentó "que un gobierno que se ha comprometido públicamente con abrir los archivos aparezca ahora entregado la representación diplomática del país a una persona que practicó la destrucción de estos documentos".

Elgueta dijo a Lanacion.cl que "nos parece que una persona con esos antecedentes no debería representar al gobierno en Chile. El tema que generalmente se argumenta de que se trata de funcionarios de carrera no se justifica en este caso, porque es una representación política. En ese sentido no es presentable".

Añadió que hay registros respecto de la destrucción de antecedentes por parte de distintas autoridades. "Esto fue reconocido ante la Comisión Rettig por diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, pero también tenemos antecedentes de que hay muchos archivos que aún existen y que pueden aportar de manera significativa a las causas", enfatizó.

De hecho, hace un mes el juez Jorge Zepeda que investiga los crímenes cometidos en la ex Colonia Dignidad entregó al Instituto Nacional de derechos (INDH) más de 45 mil documentos incautados en ese predio que fue usado por la DINA como centro de represión y exterminio. El magistrado previamente había entregado a los sitios de memoria más 400 fichas de detenidos desaparecidos que estaban en los archivos de la ex Colonia Dignidad. Las 93 fichas recibidas por Londres 38, espacio de memorias, fueran hechas públicas de inmediato.

La designación de Sinclair también fue cuestionada por la Agrupación de Familiares de detenidos Desaparecidos (AFDD). "Me parece que hay muchas formas de ser cómplices de las violaciones a los derechos humanos y una de ellas es la destrucción de documentos que nos habrían permitido conocer la verdad de lo sucedido", dijo la presidenta de la AFDD Lorena Pizarro.

"Es preocupante que se envíe a Sinclair a Australia, siendo él un ex funcionario de la dictadura", añadió Pizarro y explicó que "existe una petición de extradición a Australia de Adriana Rivas, la secretaria de Manuel Contreras", jefe de la DINA. Rivas, que fue agente de la Brigada Lautaro de la DINA, participó en los asesinatos en 1976 de la dirección clandestina del Partido Comunista.

La eventual gestión de Sinclair como contraparte en el proceso de extradición de la ex agente de la DINA queda en entredicho por sus vínculos con la dictadura y además por el procesamiento judicial de su padre, el retirado general Santiago Sinclair, por la responsabilidad de éste en el secuestro y desaparición de cinco jóvenes militantes del FPMR en 1987, cuando era vice comandante del Ejército.