La actividad se desarrolló el pasado jueves 5 de junio y giró en torno a las exposiciones, planteamientos y propuestas de Patricia Huenuqueo (presidenta interina de Archivos Sin Fronteras), Branislav Marelic (abogado y especialista en Derechos Humanos) y Gloria Elgueta (integrante de la mesa de Londres 38, espacio de memorias). El debate fue moderado por Erika Hennings, integrante de la mesa de Londres 38, espacio de memorias.
La iniciativa forma parte de la campaña "No Más Archivos Secretos" desplegada por este sitio de memoria que ha puesto el foco en los archivos incautados en la ex Colonia Dignidad, que permanecieron bajo secreto judicial por ocho años y que hoy están en poder del INDH; los archivos creados por las comisiones Rettig y Valech, que tienen restricciones hasta por 50 años; y los archivos que formaron la DINA-CNI, las ramas de las FFAA y los organismos policiales.
¿Por qué y para qué sirve que el Estado imponga secreto o restricciones a archivos que deberían ser de dominio público?, fue una de las preguntas que rondó en el debate, en el que Gloria Elgueta adelantó una respuesta: "Es una decisión política, que además favorece más a los victimarios que a las víctimas". Elgueta explicó los objetivos de la campaña No Más Archivos Secretos, entre los que destacó la importancia que éstos tienen para avanzar en conocer más verdad y conseguir más justicia en los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico militar.
Explicó la situación paradojal que afecta a los archivos de la ex Colonia Dignidad, que luego de casi nueve años el juez que los tenía en su poder decide entregarlos al INDH, donde están a la espera de "una revisión" antes de abrirse al uso público. ¿Qué tipo de acceso será permitido a estos documentos?, preguntó, en circunstancias que el INDH ha sostenido que esto quedará sujeto a la ley que protege los datos personales. El secreto o las restricciones de acceso a los archivos sobre la represión, dijo Elgueta, forman parte de una decisión política que se enmarca en la definición adoptada en los años 90 de que habría justicia y verdad "en la medida de lo posible", cuyo fin era garantizar la gobernabilidad post dictatorial.
Branislav Marelic, en tanto, destacó el "derecho a la verdad" que tienen las víctimas y la sociedad sobre los crímenes y violaciones a los derechos de las personas, en tanto forma parte de los convenios internacionales y de la justicia universal, a la que Chile ha ido adscribiendo. Para el jurista, la justicia transicional supone la realización concreta de la justicia, no donde las víctimas ceden sus derechos para mantener la paz, sino donde la justicia investiga y castiga los crímenes. La reparación y rehabilitación de las víctimas también forman parte de esa necesaria justicia, como también los tribunales han dicho a las víctimas -a través de sus fallos- que pueden conocer la verdad por medio de canales de información no judiciales, como es el acceso a la información pública del Estado.
La presidenta interina de Archivos Sin Fronteras, Patricia Huenuqueo, en tanto, puso el acento en la disponibilidad de los archivos de la represión, a partir del anuncio realizado en 1989 por la propia dictadura de que iniciaría la destrucción de los archivos de los organismos de inteligencia y represión. La especialista apuntó a la necesidad de buscar los mecanismos que permitan confirmar la existencia de estos documentos, para luego trabajar en la forma de acceder a ellos.
A inicios de los 90 hubo legitimación de la destrucción de estos archivos, luego con las comisiones de verdad aparecen las restricciones de acceso a los documentos con datos de la represión. "Las disposiciones sobre el acceso a estos archivos tienden a proteger no a las víctimas, sino a los victimarios", dijo.
Los asistentes participaron activamente de la discusión, entre los que se encontraban Viviana Díaz, encargada del archivo de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD); Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP); y Miguel Fonseca, representante del Comité Justicia por Manuel Gutiérrez, joven muerto por Carabineros en 2011; además de representantes de sitios de memorias de la Región Metropolitana.
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