La iniciativa fue planteada por una delegación de Londres 38, espacio de memorias, a la ministra de la Presidencia, Ximena Rincón, el pasado jueves 12 de junio, en una reunión que se desarrolló por más de una hora en el palacio de La Moneda. Por el sitio de memoria participaron en el encuentro Magdalena Navarrete, Erika Hennings, Gloria Elgueta, María José Pérez, Raimundo Elgueta y Libio Pérez, quienes además plantearon a la ministra una serie de otros temas de la agenda de derechos humanos, muchos de los cuales están mencionados en el Programa de gobierno.
Tal es el caso de las modificaciones legales y la reforma a la Justicia Militar, que impida que cualquier civil sea procesado por estos tribunales, así como la necesidad de tratar en los juzgados civiles a los militares o policías que cometan delitos contra civiles. Del mismo modo, está considerado en el programa gubernamental la creación de una subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, repartición que debería elaborar un Plan Nacional de Derechos Humanos que incluya la posibilidad de la apertura permanente de una instancia -como sucedió con las comisiones Rettig y Valech- que recopile información e incluya nuevos casos de crímenes de lesa humanidad que no han sido denunciados hasta ahora.
Los integrantes de Londres 38 pusieron énfasis en la necesidad de dotar de los recursos y medios para designar más ministros de las cortes con dedicación exclusiva en causas de crímenes de lesa humanidad, de manera que cada uno de ellos pueda abocarse de manera efectiva a un número más reducido de casos ya que, actualmente, el volumen de causas por juez atenta contra el buen resultado de la investigación. Si bien muchas causas han terminado recientemente la etapa de sumario, en ninguna de ellas se ha avanzado sustantivamente en el establecimiento de la verdad sobre la suerte corrida por las personas detenidas desaparecidas.
También hubo especial preocupación por solicitar medidas para el fortalecimiento de los órganos auxiliares de la justicia, especialmente la Brigada investigadora de delitos contra los derechos humanos, de la Policía de Investigaciones (PDI), y la recomposición de los equipos desarticulados durante el gobierno pasado (reducidos en más de 30 funcionarios, además de traslados o incorporación de detectives sin conocimiento previo de las causas).
A la ministra Rincón también se le planteó la necesidad de desclasificación y acceso a los archivos que contienen información sobre la represión en poder de los órganos del Estado, y contribuir así a la verdad y la justicia. Entre los archivos a los cuales estamos solicitando acceso sin restricciones están:
- Archivos de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig) y de las dos Comisiones sobre Prisión Política y Tortura (Valech), estas últimas con secreto por 50 años.
- Archivos de la ex Colonia Dignidad incautados en 2005, que permanecieron por casi nueve años con secreto judicial y que ahora están en poder del INDH.
- Archivos aun en poder de las fuerzas armadas, policiales y de inteligencia que podrían contener información relevante sobre casos de detenidos desaparecidos, ejecutados o/y otras violaciones a los derechos humanos.
A solicitud de Londres 38, espacio de memorias, la ministra de la Presidencia considerará la posibilidad de establecer una mesa de trabajo con las organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria para establecer un diálogo permanente sobre las leyes y medidas que el gobierno adopte en relación a los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura y en la recuperación de sitios usados para la represión para ser transformados en sitios de memoria, dotados de proyectos de desarrollo y financiamiento.
