Desde el lunes 4 de mayo, el obispo de Rancagua Alejandro Goic está dispuesto a mediar en el conflicto, luego de recibir el respaldo de los ex prisioneros en huelga de hambre en la iglesia de esa ciudad, los primeros en iniciar el movimiento y donde radica la dirección del mismo. Los ex prisioneros han centrado su demanda en la homologación de las pensiones Valech con las entregadas por la Comisión Rettig; poner fin a la incompatibilidad entre las pensiones Valech y las de exonerados; el pago de una indemnización por el tiempo de cárcel y las torturas recibidas; la reapertura de la comisión calificadora de torturas y prisión política de forma permanente; y abrir los archivos con testimonios recogidos por la Comisión Valech sobre la represión.
Ninguna de estas demandas ha sido acogida por el gobierno en las reuniones realizadas. La única propuesta consistió en un bono por única vez por $500 mil para ex prisioneros menores de 70 años de edad; $ 1 millón para los menores de 80 años; y $ 1 millón 500 mil para los mayores de 80 años de edad. La propuesta ha sido rechazada, toda vez que no apunta a resolver ninguna de las demandas planteadas. En reiteradas ocasiones el subsecretario del Interior, Mahamud Aleuy, ha dicho a sus colaboradores que la demanda de los ex prisioneros "es inviable, pues involucra muchos recursos".
Simultáneamente, el gobierno ha convocado a una mesa de trabajo para el 7 de mayo, en la que participen las distintas organizaciones de ex presos políticos que existen a nivel nacional. La instancia de trabajo fue en principio rechazada por los ex prisioneros en huelga de hambre, ya que esa organización no fue incluida en la negociación que acordó la constitución de la mesa, que además es vista como continuidad de la negociación que se realizó durante el último año sin que arrojara resultados concretos.
La falta de diálogo tiende a agudizar el conflicto. En Valparaíso, tres de los siete ex presos políticos que participan en el movimiento han iniciado una huelga de hambre seca para reforzar la demanda de "justicia", según dijeron. Del mismo modo se ha anunciado la integración de más personas a la protesta en distintas ciudades, lo que se complementa con movilizaciones callejeras o con la ocupación de lugares, como sucedió con la Catedral de Santiago el lunes pasado.
El silencio gubernamental es similar al que han aplicado a la protesta de cuatro comuneros mapuche que ya sobrepasaron 45 días en huelga de hambre en el penal de Angol. En ellos, los signos de debilidad son evidentes y comienzan a entrar en un periodo en el que hay riesgo de vida. Miguel Toro Marín, Cristian Levinao, Luis Marileo y Claudio Huentecol demanda la revisión de las medidas cautelares por las que están encarcelados y también el sistema de reclusión que viven.
Más de un mes y medio después de iniciada la huelga de hambre, ninguna autoridad de gobierno ha manifestado preocupación por los cuatro comuneros detenidos por participar en los procesos de recuperación de tierras.
