Ese mismo día y a pocos metros del lugar donde fue herido Rodrigo Avilés, otra joven estudiante recibió el ataque directo de dos carabineros de las Fuerzas Especiales, que fueron rápidamente identificados por el abundante registro audiovisual del caso. A través de un comunicado de prensa, la institución policial anunció que dos de sus funcionarios que participaron en la agresión que la estudiante Paulina Estay Barrera, de 19 años, "serán sancionados disciplinariamente de acuerdo a las normas del debido procedimiento administrativo".
La estudiante fue golpeada con un bastón por un carabinero y luego cayó al suelo al ser empujada por otro con su escudo, la joven azotó la cabeza contra el cemento en plaza de La Victoria y quedó inconsciente. Posteriormente se le diagnosticó un TEC, que no le trajo mayores consecuencias de salud.
Un día antes, en la capital, el estudiante Luciano Debrot recibió el golpe de una bomba de gas en una ceja, mientras protestaba en los alrededores de la Universidad de Santiago. El joven, que anunció acciones legales contra la policía, relató que ese día "veo a un carabinero en frente mío como a 15 o 20 metros con una escopeta para lanzar lacrimógenas y me dispara. Yo alcancé a girarme y me alcanzó a pegar en la ceja". Pese a que estaba en el piso, contó el estudiante, la policía siguió disparando bombas. El joven ha sido sometido a múltiples exámenes para determinar el daño que tiene su ojo afectado por el golpe.
Distinta es la situación del estudiante de literatura de la Universidad Católica de Santiago Rodrigo Avilés Bravo, de 28 años y padre de una niña de once, quien azotó su cabeza contra el pavimento luego de recibir el impacto directo de un chorro de un carro lanzagua policial. Desde su ingreso al hospital en estado grave, el joven militante de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) ha sido operado cuatro veces en la cabeza.
Félix Avilés, padre del estudiante, destacó que todas las evidencias indican que el lanzagua disparó un chorro a corta distancia de su hijo, por lo que insistirá en todas las acciones legales para perseguir las responsabilidades penales. "Voy a ir hasta el final, porque me parece que actos delictivos como este no pueden quedar impunes (...) Todos los antecedentes y testimonios muestran que no fue un accidente".
Mientras la presidenta Bachelet daba su discurso ante el Congreso, en las calles del plano del puerto la marcha era reprimida con notoria dureza, en medio de un clima ya tenso por el asesinato de dos jóvenes en los días previos también en Valparaíso durante la movilización nacional convocada por los estudiantes el pasado jueves 14 de mayo.
Responsabilidad política
En respuesta a las acciones policiales, las organizaciones estudiantiles -lideradas por el Confech y los estudiantes secundarios- convocaron para el próximo jueves 28 de mayo a una jornada de protesta contra la represión policial. Bajo el llamado #NoMásRepresión, los estudiantes secundarios marcharán al mediodía y los universitarios a las 18h00 en Santiago y en todas las ciudades del país.
Luego de la reunión del Confech -desde donde emanó la convocatoria a la movilización- Valentina Saavedra, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, emplazó al ministro del Interior, Jorge Burgos: "Si es que el ministro no es capaz de reestructurar el actuar de policía, el actuar de Fuerzas Especiales, entonces significa que es un ministro que no es capaz de hacer bien sus labores y tiene que dar un paso al costado".
El Confech demandó un pronunciamiento de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, para que el caso sea tomado por la justicia ordinaria y no por la militar, junto con solicitar conocer los protocolos de Carabineros para hacer frente a manifestaciones. Pese a que el gobierno adelantó que el caso no será traspasado a la justicia militar, los estudiantes insistieron en la petición con una dosis de desconfianza, luego que esta misma semana la justicia rebajó la pena de cárcel al ex carabinero que dio muerte al joven Manuel Gutiérrez durante una jornada de protesta en agosto de 2011.
A su vez, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, ofició a Carabineros una petición de investigación sobre el caso de Rodrigo Avilés, y lamentó que el INDH "no tenga atribuciones legales para, en este caso, querellarnos, por lo tanto vamos a estar en contacto con la familia y asesorarlos en la medida en que ellos estén decididos a presentar una denuncia en esta materia". Fríes destacó que "sigue habiendo uso abusivo de la fuerza por parte de Carabineros en los contextos de manifestación" y adelantó que este caso -como otros que le han valido reclamos del jefe de Carabineros y de sectores de la derecha- será integrado a los informes que elabora la institución.
"Repudiamos el accionar de Fuerzas Especiales bajo las órdenes del Ministerio del Interior; el jefe de la cartera Jorge Burgos y el subsecretario Mahmud Aleuy, que hoy tienen a Rodrigo Avilés Bravo luchando por su vida", dice una declaración difundida esta semana bajo el título #FuerzaRodrigo y que ha sido firmada por los parlamentarios Camila Vallejos, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, y dirigentes estudiantiles como Valentina Saavedra, Iñaki Martínez y Ricardo Paredes. La declaración que también lleva la firma de Ana Tijoux y dirigentes sociales y sindicales dice que "lo ocurrido durante esta jornada es muestra de un modelo de sociedad que hemos heredado, donde no solo los derechos fundamentales se han privatizado y vuelto bienes de consumo, sino que también un sistema donde el espacio público es regido por una lógica de poder y violencia desmedida del cual son víctimas movimientos sociales y ciudadanos".
