Señora Presidenta de la República
Michelle Bachelet Jeria
Presente
De nuestra consideración:
El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, en el marco de su visita a Santiago, entregó al gobierno chileno más de mil documentos relacionados al crimen de Orlando Letelier y su asistente Ronnie Moffit, llevado a cabo por la DINA en Washington en 1976, que permanecían bajo secreto. En estos documentos hay información que confirma la participación de Augusto Pinochet y Manuel Contreras en la ejecución de los asesinatos, registra las acciones de encubrimiento posterior por parte de la dictadura chilena, así como los intentos fallidos de EEUU de enjuiciar a los criminales.
El conjunto de documentos de más de mil páginas fue entregado a la familia Letelier y al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Esto incluye unas 250 páginas directamente relacionadas al crimen del ex canciller de Salvador Allende. El embajador chileno en Washington, Juan Gabriel Valdés, explicó que estos documentos "habían sido reservados para una posibilidad de juicio contra Augusto Pinochet en la justicia norteamericana y que por lo tanto no habían sido desclasificados hace unos años, solicité entonces la autorización del gobierno de Chile para pedir oficialmente la desclasificación de estos 250 documentos que aparentemente no han sido estudiados aún (...)".
En Londres 38, espacio de memorias, reconocemos esta entrega de documentos reservados y esperamos que ahora se hagan públicos como un aporte a más verdad y justicia en relación al crimen de Orlando Letelier y Ronnie Moffit, así como una contribución a la memoria de Chile. Valoramos que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se preocupe por recuperar estos documentos y que gestione en un país como EEUU que estos archivos sean entregados para profundizar en las investigaciones judiciales.
Considerando que en Chile aún no se ha logrado verdad y justicia plena en todos los casos de violaciones a los derechos humanos, y que ni siquiera se ha establecido la verdad jurídica en los casos de detenidos desaparecidos, solicitamos al gobierno que realice los esfuerzos necesarios para desclasificar los documentos que sabemos que aún existen en poder del Estado, las FFAA y organismos policiales de Chile. Resulta paradojal que se obtenga información en otros países y que en Chile no se materialicen acciones similares.
Reiteramos nuestra petición, explicitada también en documentos conjuntos de la Red de Sitios de Memoria, que es necesario:
Sobre los archivos de la comisión Valech
- Derogar los artículos de las leyes de reparación Valech 1 y 2 que impuso el secreto por 50 años a quienes atestiguaron por casos de tortura.
- Que los jueces tengan acceso total y sin restricciones a la totalidad de los testimonios recogidos por la comisión, independientemente de que los casos hayan sido calificados o no.
- Establecer mecanismos que permitan el mayor acceso público a los archivos y, si es necesario, resguardar información sensible que pueda afectar a las víctimas, con criterios públicos y transparentes.
- Poner urgencia a la aprobación de ley que impide a las Fuerzas Armadas y policiales destruir o eliminar archivos de la represión, los que deben ser traspasados de inmediato a la custodia del Archivo Nacional. Este proyecto ya está en trámite de votación en la Cámara de Diputados.
Sobre los pactos de silencio
- La Presidencia de la República debe ordenar a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía Civil que entreguen toda la información sobre la represión.
- El gobierno debe generar mecanismos para que quienes tengan información útil puedan entregarla en lugares habilitados para ello.
- El gobierno debe ordenar a los mandos militares la búsqueda activa en regimientos y cuarteles de documentación que permita conocer más verdad sobre los crímenes.
- Elevar las penas de cárcel aquellos represores que obstruyen a la justicia en las investigaciones por crímenes de lesa humanidad.
Fin a la impunidad
- Incorporar inmediatamente a la legislación nacional los tratados internacionales en materia de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, con tipificaciones que establezcan mayores penas a condenados por este tipo delitos, sin acceso a beneficios, amnistía, prescripción o rebajas de condenas.
- Degradación de los militares que sean condenados a crímenes de lesa humanidad.
- Los represores que reciben condenas por crímenes de lesa humanidad perderán de inmediato todos los beneficios que le entrega la institución armada a la que pertenecieron.
- Impedir que los represores condenados burlen a la justicia y traten de impedir su ingreso a la cárcel. El gobierno debe garantizar que las condenas dictadas por la justicia se cumplan.
- Cierre inmediato de cárcel especial Punta Peuco y traslado de condenados a cárcel común de máxima seguridad.
- Eliminar símbolos públicos que reivindican la dictadura, personajes vinculados a ella, y crímenes de lesa humanidad, como señal política de cultura democrática y de derechos humanos.
Atentamente,
Mesa de trabajo de
Londres 38, espacio de memorias
Santiago de Chile, 9 de octubre de 2015
