Se trata del proyecto que modifica el Decreto con Fuerza de Ley N°5.200, de 1929, del Ministerio de Educación Pública, y deroga la ley 18.771, promulgada por la dictadura en 1989, que eximió a dichas instituciones de la obligación que tienen todos los organismos públicos de depositar copia de su documentación en el Archivo Nacional, y le autoriza a destruir su documentación sin consulta a otras instancias. La norma ha servido para evitar la entrega de información sobre los recursos humanos y materiales que las FFAA destinaron a la represión, a través de sus propios organismos de inteligencia y de otros especialmente creados, como la DINA y la CNI.
La iniciativa original fue redactada e impulsada por los diputados Tucapel Jiménez (PPD) y Gabriel Boric (Izquierda Autónoma), que luego fue acogida por todos los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja. Al llegar a sala, sin embargo, la UDI consiguió que la iniciativa fuera enviada a la Comisión de Defensa, argumentando que ella afectaba "la seguridad nacional".
En esta segunda comisión el proyecto sufrió un serio retroceso expresado en dos cambios importantes: se mantienen las facultades de las FFAA y de orden para establecer la confidencialidad y secreto de sus archivos, para destruirlos y para conservar su custodia la que recaerá la rama de las FFAA que lo haya generado.
Se exceptúa de la posibilidad de destrucción la documentación relacionada a violaciones a los derechos humanos, pero en la medida en que no hay ninguna instancia de supervisión de estas decisiones, esa excepción constituye letra muerta. Tampoco se incluye la obligación de una búsqueda activa de éstos para su entrega a la justicia.
El segundo cambio o indicación restringe las facultades del Conservador del Archivo Nacional para visitar e inspeccionar los archivos de las FFAA, atribución que se ejerce en otras reparticiones para uniformar las normas de conservación y ordenación de los documentos. Al respecto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) consignó que "considera oportuno que en segundo trámite constitucional se corrija este defecto y se permita el ejercicio de las facultades generales de visita que ostenta el Conservador del Archivo Nacional según el artículo 18 del DL 5200. Ello, sin perjuicio de que tal funcionario quedaría igualmente sujeto a guardar secreto sobre el contenido de los documentos reservados a los que tuviera acceso, según las reglas generales", (pp.10, Informe INDH, 2016).
La versión modificada del proyecto constituye un retroceso respecto de la formulación original que garantizaba un avance en cuanto a restituir a la ciudadanía el derecho a la información y su acceso.
Este obstáculo se suma a la enorme deuda de parte de las Fuerzas Armadas y el Estado en general, al haber impedido el acceso a documentos probatorios de los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura, brindando así protección a los hechores de los crímenes.
Por ello resulta de suma importancia que el Senado corrija el proyecto de ley y restituya aquellos aspectos que permitirían que los archivos de la defensa constituyan un patrimonio al que tenga acceso la ciudadanía, con las menores restricciones posibles, para ejercer su control democrático de las actividades de estas instituciones.
Más información en Archivo Digital de Londres 38, espacio de memorias:
- Informe de la conservadora del archivo nacional respecto a la derogación de la ley n°18.771 a la comisión de DD.HH. y pueblos originarios de la cámara de diputados. Ver aquí
- Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre el Proyecto de ley (...) para suprimir la eliminación de archivos y antecedentes por parte del Ministerio de Defensa Nacional, y de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Ver aquí
- El secreto de los documentos y antecedentes de comisiones de verdad en el Estado de Chile. Ver aquí
