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Londres 38 participa en el congreso de barrios patrimoniales y rechaza demolición de cuartel Borgoño

En el encuentro realizado en Lota entre el 22 y 24 de abril, se manifestaron las diversas demandas de protección asociadas al reconocimiento de que el patrimonio es mucho más que la distinción que puedan realizar los expertos, o los constructores de la historia oficial.

Publicado el 26 de abril de 2016

En esta reunión nacional de la sociedad civil y cuyo lema fue el "Patrimonio de los trabajadores, identidad de los pueblos", Londres 38 volvió a plantear la necesidad de que exista una política pública de recuperación de los sitios de represión y exterminio asociados a la dictadura cívico militar, en el marco del derecho a la verdad y a la memoria que el Estado debe garantizar.

Desde el término de la dictadura, las diversas administraciones civiles han manifestado la importancia de relevar las huellas de memoria a lo largo de todo el territorio, ya sea desde la lógica de la reparación o desde la necesidad en la sociedad de la transmisión de los valores asociados a los derechos humanos y el rol que cumplen estos lugares.

De acuerdo al Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2004), fueron catastrados 1.132 lugares reconocidos como centros de detención, tortura y exterminio, pero solo doce de ellos cuentan con el reconocimiento de Monumento Histórico, cuatro aguardan la dictación de decreto y otros cuatro esperan ser declarados a solicitud de las agrupaciones.

En este momento se encuentra pendiente la declaratoria del Buen Pastor de Antofagasta que ha sido obstruida por Carabineros. Además, se ha denunciado la inminente demolición de lo que queda del Cuartel Borgoño de Santiago por parte de la PDI. Este último recinto fue usado intensivamente por la CNI durante los 80, en la represión al MIR y al FPMR, principalmente.

Foto: Centro de Documentación y Archivo de la Fundación Vicaría de la Solidaridad

Foto: Centro de Documentación y Archivo de la Fundación Vicaría de la Solidaridad

Estos, entre muchos otros casos demuestran que no existe una política de protección y recuperación territorial, ni estratégica ni representativa. La función pública ha sido delegada desde el Estado a la sociedad civil que, con recursos casi inexistentes, se embarca en la labor titánica de intentar proteger cada sitio. El resultado queda sujeto a la capacidad de organización y gestión de cada organización, enfrentándose no pocas veces con la obstrucción del mismo Estado desde sus fuerzas armadas y de carabineros, funcionales al olvido. La manifestación de ello es la sistemática destrucción de los lugares y su pérdida irreversible.

Frente a este escenario, tal como se viene planteando desde hace años, es necesario el diseño de una política pública integral de recuperación de los sitios, que considere la experiencia y aportes de las organizaciones asociadas, contemplando la protección sistemática y recuperación integral de los sitios desde el Estado, con mecanismos participativos, vinculantes y respeto a la autonomía de gestión de las organizaciones, cumpliendo las atribuciones y funciones del Estado en la recuperación y protección de la memoria, fuente primaria de debate, construcción colectiva y democrática de una mejor sociedad.

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