En representación del Estado estuvieron presentes varios organismos públicos entre ellos: la Comisión Asesora Presidencial de Derechos Humanos, el Ministerio de Bienes Nacionales, la Intendencia de Santiago, el Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior, el Consejo de Monumentos Nacionales, el Museo Histórico Nacional y, en calidad de asesores, dos académicos del Programa Domeyko de la Universidad de Chile. La secretaría ejecutiva de la mesa estuvo a cargo de dos profesionales del Programa de Gobernabilidad de Flacso.
La Mesa funcionó quincenalmente en reuniones plenarias en las que participaron alrededor de 20 personas, y a través de tres subcomisiones: Metodología de trabajo y líneas programáticas, Marco ético, histórico y político, Modelo de gestión y financiamiento. El anteproyecto resultante contempló definiciones y propuestas en estos tres ámbitos y fue hecho público en junio de 2009. Otros textos que dan cuenta de la discusión realizada están disponibles en el archivo digital.
Concesión y financiamiento
Producto de la labor de la Mesa de trabajo, el Estado asumió el compromiso de proveer financiamiento público permanente para sustentar la gestión de este espacio de memoria, lo que se materializó en la Ley de Presupuesto 2010 en la cual, por primera vez, se asignaron recursos para la habilitación y funcionamiento de un sitio histórico de este tipo. Durante el año 2009, el ejecutivo también acogió la demanda del ex centro de detención Villa Grimaldi que, desde hacía varios años venía demandando que el Estado asumiera su responsabilidad en la mantención del espacio, rescatado de una venta ilícita a comienzos de los años 90.
En el proyecto de presupuesto para el año 2011, el nuevo gobierno de Sebastián Piñera intentó hacer tabla rasa de ese compromiso, negando de facto la continuidad de los actos y decisiones del Estado, en un ámbito relacionado con la propia responsabilidad del Estado en los crímenes y violaciones a los derechos humanos perpetrados por la dictadura. No obstante, la movilización de Londres 38, Villa Grimaldi y la Comisión Ética contra la tortura -que comparecieron ante la comisión mixta del Congreso donde se debatía este proyecto-, la rápida adhesión de casi un millar de personas que rechazaron el fin del financiamiento directo a estos lugares patrimoniales y la acción de los parlamentarios opositores permitieron que los fondos estatales fueran reincorporados.
En mayo de 2011, Londres 38 fue informado de la aprobación, por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, de la entrega en concesión del inmueble pero el traspaso formal fue obtenido en abril de 2014, después de casi diez años de trabajo para la elaboración de un proyecto y de movilizaciones para la recuperación de la casa por parte del Estado.
