1- El segundo proceso constitucional fue generado a partir de un acuerdo de partidos políticos con representación en el Parlamento, institución altamente deslegitimada, que definió doce bordes restrictivos al texto que se redactaría mediante el trabajo de un órgano mixto. Este segundo proceso no respetó la primera decisión popular, manifestada en un plebiscito de entrada efectuado en el año 2020, que definió que la nueva carta magna debía ser escrita por un órgano 100% elegido en elecciones (opción que ganó por casi un 80% de los votos). Lo anterior no corresponde a un proceso que nos represente ni en su forma, ni en la composición de quienes allí participaron.
Declaración de Londres 382- El resultado del proceso descrito es el de un texto cuyo contenido constitucionaliza el sistema privado para cubrir los derechos sociales; como salud, pensiones y educación, profundizando lo ya delineado en la Constitución de 1980 y sus posteriores modificaciones durante los gobiernos de la posdictadura, con la agravante que su aprobación en elecciones le otorgaría una cierta legitimidad que la Constitución vigente no tiene.
3- Por otro lado, asoman graves vulneraciones a las y los trabajadores del país, mediante la limitación del derecho a huelga y la prohibición del mismo para funcionarixs públicos. De la misma forma resulta altamente preocupante el retroceso que se advierte en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Al contrario de lo que la derecha ha querido instalar en su campaña, esta propuesta, hecha a la medida del gran empresariado y el conservadurismo moral, da como resultado una Constitución peor que la surgida de la dictadura de Augusto Pinochet.
4- Como una organización de memoria y defensora de los DD.HH., que busca incidir en el presente, decidimos no abstenernos de participar del plebiscito, pese a la poca legitimidad del proceso del que resulta el texto constitucional en votación, dado que pone en serio riesgo el resguardo a los derechos fundamentales. Asimismo, el nuevo ordenamiento garantizaría de manera muy concreta la impunidad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura, así como de las violaciones a los DD.HH. cometidas por agentes del Estado en la actualidad.
