Javiera y unos diez de sus compañeros del Instituto Superior de Comercio (Insuco Nº2) salieron la noche del martes 9 de agosto a la avenida España, para sumarse al "caceroleo" convocado para ese día, luego de la masiva marcha que pasó por las afueras de su colegio que lleva más de dos meses en toma. Un piquete de carabineros descendió de una patrullera y alcanzó a tomar detenidos a tres jóvenes, incluida Javiera.
Recibieron amenazas e insultos durante las casi tres horas que estuvieron detenidos en la comisaría vecina, a sólo un par de cuadras del Insuco. Esa misma noche, la policía lanzó al menos media docena de bombas de gas hacia el interior del Liceo Darío Salas, justo al frente del Insuco Nº2. Los cuatro estudiantes que ya entonces cumplían más de tres semanas en huelga de hambre tuvieron que ser llevados de emergencia a la Posta Central; las tres mujeres y el joven, debilitados por el prolongado ayuno, sufrieron una alarmante descompensación de sus signos vitales.
Mauricio, estudiante del segundo medio del Liceo Darío Salas, dice que al menos un par de las bombas de gas tenían más poder que las que normalmente usan las fuerzas policiales. Los vecinos se están organizando para presentar un recurso de amparo colectivo para dejar constancia de la represión indiscriminada que han recibido los dos colegios del barrio y que, de paso, también les ha afectado.
Los episodios de fuerte represión contra los jóvenes estudiantes que mantienen tomados ambos colegios de avenida España, en la zona poniente de Santiago, es apenas una muestra de la forma cómo han actuado las fuerzas policiales durante las últimas semanas. Todo indica que el gobierno ha buscado debilitar al movimiento estudiantil por la vía de la represión y la criminalización de sus luchas.
Al caer la tarde del miércoles 10 de agosto, un fuerte contingente policial lanzó una violenta operación de desalojo del Colegio Alcántara Cordillera, en la comuna de La Florida. La acción fue resistida por los casi 50 alumnos que sostenían la toma y contaron además con el apoyo de sus padres y apoderados que se opusieron al desalojo. El desalojo -que inicialmente había sido pactado con los directivos del colegio- dejó a tres niños con contusiones y otro fue detenido acusado de agresión a carabineros. Los vecinos del colegio salieron a las calles a solidarizar con los jóvenes y sus padres, tocando sus cacerolas, cerrando las calles aledañas e increpando a los policías.
La escalada de violencia policial ha tenido momentos de alta tensión, como la desplegada el pasado 4 de agosto, cuando el gobierno prohibió dos marchas estudiantiles en Santiago y reprimió duramente a los grupos que intentaron llegar a Plaza Italia. La jornada se selló con casi mil detenidos. Pero la estrategia fracasó luego que la presidenta de la FECh, Camila Vallejo, hiciera un llamado a rechazar la protesta a través de un "caceroleo nacional". En pocas horas, el gobierno quedó a la defensiva y su prohibición de las marchas derivó en la protesta ciudadana más contundente de los últimos 20 años.
La incapacidad del gobierno a encontrar una salida política al conflicto ha gatillado una crisis que ha quedado de manifiesto luego del rechazo de los estudiantes a las tímidas propuestas gubernamentales expuestas por el ministro de Educación, que no satisfacen las demandas de los movilizados (fin del lucro, educación gratuita y otras). El propio presidente Sebastián Piñera pusó una lápida: "Nada es gratis en la vida, alguien tiene que pagar".
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