Jorge Aravena (Crónica noticiosa)"El Estado chileno ha asumido el compromiso internacional de revisar y modificar el sistema de Justicia Militar, a fin de establecer límites a su competencia y excluir a los civiles de dicha jurisdicción", expresó el Representante Regional del (ACNUDH), Amerigo Incalcaterra, quien agregó que el caso debería ser resuelto por la justicia civil y con las garantías del debido proceso.
Incalcaterra recordó que varios mecanismos internacionales de derechos humanos se han manifestado en reiteradas ocasiones sobre la justicia militar. En 2007, el Comité de Derechos Humanos que el uso de la jurisdicción militar para procesar a civiles es incompatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El mismo comité recomendó a Chile la revisión del Código de Justicia Militar, para ajustarlo a los estándares internacionales.
En el mismo sentido se han pronunciado el Comité contra la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Personas, y recientemente en enero de 2014 en el marco del Examen Periódico Universal.
Por último, Incalcaterra hizo un llamado a que "se revisen los procedimientos de actuación policial para asegurar su adecuación a los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza y el derecho de toda persona detenida a ser llevada sin demora ante la autoridad judicial competente".
Querella de INDH
A las gestiones de ACNUDH se suma la reciente querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ante la justicia civil, por torturas con resultado de muerte. "Nosotros siempre hemos hecho una crítica al fuero militar, el índice condenatorio llega a un 0,3%, no hay garantías", manifestó la directora del organismo, Lorena Fries.
Agregó incluso que este no es un hecho aislado sino parte de "un conjunto de prácticas de Carabineros". En 2013, ya había habido una denuncia por otro hecho ocurrido en la misma unidad policial. "Luego de una protesta detuvieron a estudiantes, las que fueron llevadas y las desnudaron, las hicieron hacer sentadillas y otros ejercicios físicos en frente de otras personas", detalló Fries.
El caso de Aravena se suma también a los de José Huenante, Manuel Gutiérrez y David Riquelme, y a los casos documentados de violencia policial contra dirigentes y comunidades mapuche.
