La misiva contiene la demanda a la mandataria de una manifestación explícita en cuanto a que "a los criminales de lesa humanidad no les asiste la prescripción, la amnistía, ni el indulto así como ninguna otra medida administrativa, legal o política que favorezca su libertad e impunidad".
La carta añade que "los poderes ejecutivo, legislativo y judicial así como las fuerzas armadas y algunos personeros eclesiásticos no han cesado en su propósito de consagrar la impunidad a la que hemos resistido ética y moralmente como pueblo", en relación a medidas incumplidas por el gobierno, como la mantención de los 50 años de secreto a los archivos de la Comisión Valech, el proyecto de acuerdo de 19 senadores -incluidos algunos oficialistas- para dar libertad a "presos enfermos y de avanzada edad", así como las rebajas de penas y otorgamiento de libertad que ha aplicado el poder judicial.
Unas treinta personas llegaron hasta la entrada sur de La Moneda para entregar la carta, que además recuerda que los represores "jamás han demostrado arrepentimiento alguno ni han entregado datos que permitan esclarecer los crímenes cometidos y la ubicación de los cuerpos de las víctimas". La misiva demanda el cierre del penal especial de Punta Peuco, de tal forma que los represores cumplan sus condenas en cárceles de alta seguridad, sin beneficios intrapenitenciarios y sin acceso a la excarcelación.
Finalmente, las organizaciones de derechos humanos -entre ellas Londres 38, espacio de memorias, firmante de la misiva- solicitaron a la mandataria que "que el Estado de Chile solicite una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al otorgamiento de libertad condicional a condenados por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos y coherentemente presente un proyecto de ley que explícitamente impida el otorgamiento de beneficios a los violadores de los derechos humanos.
"Hay una indolencia y un silencio inaceptable por parte del Ejecutivo, respecto a la lucha en contra de la impunidad y la demanda por verdad y justicia. No es incumplir, es no haber hecho nada, que es peor. Si uno evalúa los informes del Ejecutivo cada 21 de mayo la mayor ausencia es el tema de verdad y justicia. Más allá de la ausencia ha mantenido un silencio y ha permitido que otros sectores avancen a nuevas formas de impunidad", reclamó Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
Londres 38, espacio de memorias, publicó el pasado 21 de junio una declaración bajo el título "La impunidad no pasará", en la que explica que "en un esfuerzo por poner freno a la impunidad y buscar nuevos caminos que conduzcan a más verdad y más justicia, interpuso en diciembre pasado una nueva querella para determinar la suerte de 85 personas detenidas desaparecidas desde este ex centro de represión. La querella criminal está en curso y próximamente solicitaremos diligencias que apuntan al objetivo descrito".
La misma declaración hizo hincapié en que "las organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales debemos movilizarnos para impedir que impongan la impunidad. Hay que demandar al Estado que cumpla con su deber de generar condiciones para alcanzar toda la verdad y toda la justicia, abrir los archivos de la represión como ya lo han hecho Argentina, Brasil y Bolivia, y obligar a las Fuerzas Armadas y policiales a entregar la información que disponga".
