El magistrado estimó que el ex jefe militar tuvo cabal conocimiento de lo que sucedía en el regimiento "Arica" de La Serena cuando el 16 de octubre de 1973 aterrizó el helicóptero Puma que transportaba a la comitiva que lideró el fallecido general Sergio Arellano Stark. La llamada Caravana de la Muerte recorrió de sur a norte ciudades chilenas por orden del general Augusto Pinochet, con facultades para "revisar procesos" y ejecutar prisioneros. Luego del recorrido, más de cien personas habían sido asesinadas.
La comitiva del general Arellano Stark estuvo solo tres horas en La Serena, donde fue recibida por el entonces jefe del regimiento local, teniente coronel Ariosto Lapostol Orrego, y su ayudante Juan Emilio Cheyre, que entonces tenía el grado de teniente y era el encargado interino del Departamento II (inteligencia) de la unidad militar. En ese breve periodo de tiempo, Arellano Stark y su equipo seleccionaron a las personas que estaban en la cárcel de la ciudad y en el propio regimiento, para enseguida ejecutarlas.
A Cheyre le correspondió además redactar el comunicado -publicado luego por la prensa local- según el cual se informó que la ejecución de las quince personas era el resultado de una sentencia de un consejo de guerra. El juez pudo determinar que no hubo ningún juicio previo a los fusilamientos. De hecho, tres de las personas asesinadas habían tenido consejos de guerra -incluso uno de ellos presidido por Cheyre- pero ninguno con sentencia de pena de muerte.
En concreto, el juez Carroza explica que por la posición de ayudante del jefe del regimiento, por el cargo interino de encargado de inteligencia en la unidad y por el contacto que tuvo con la comitiva de Arellano Stark, Cheyre no pudo ignorar que los prisioneros fueron fusilados sumariamente. A ello se agregan los testigos que lo vieron en esas horas, incluso que habría sido él quien leyó la lista de los prisioneros que iban a morir.
Ese 16 de octubre fueron fusilados Óscar Gastón Aedo Herrera, Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, Hipólito Pedro Cortés Álvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, Carlos Enrique Alcayaga Varela, Jorge Ovidio Osorio Zamora, José Eduardo Araya Jamett, Víctor Fernando Escobar Astudillo y Jorge Washington Peña Hen.
Junto a Cheyre fueron procesados como autores de los crímenes a Ariosto Lapostol Orrego, Víctor Hugo Alegre Rodríguez y Armando Fernández Larios, mientras que han sido encausados como cómplices Juan Emilio Cheyre Espinosa, Jaime Ojeda Torrente, Hernán Valdebenito Bugmann, Guillermo Raby Arancibia, Hugo Leiva González y Mario Vargas Migueles. Todos fueron detenidos el jueves, excepto Fernández Larios que vive en Estados Unidos.
Durante años, Cheyre -un fiel seguidor de Pinochet- pudo burlar a la justicia apoyándose en los pactos de silencio y el encubrimiento institucional de los crímenes de la dictadura, pero también al tejer con paciencia una red de contactos políticos, principalmente con la Concertación. En 1996, junto a otros militares en servicio activo, el general Cheyre, Sergio Rillón (asesor civil principal de Pinochet) y el ex canciller de la dictadura Hernán Felipe Errázuriz, participaron en un encuentro con dirigentes socialistas chilenos en España. A esta cita asistieron Ricardo Lagos, Camilo Escalona, Jaime Gazmuri y Enrique Correa, entre otros. Seis años después de la reunión en El Escorial, Cheyre asumió la jefatura del Ejército, nombrado en el cargo por el entonces presidente Ricardo Lagos.
Desde ese cargo, en 2004, difundió el documento oficial "Ejército de Chile: el fin de una visión", en el que buscó poner distancia de los crímenes de la dictadura; en ese marco habló del "nunca más". Pero ya entonces comenzaron a emerger las primeras denuncias sobre la participación de Cheyre en las torturas y malos tratos a los prisioneros del regimiento de La Serena. Luego vendrían los testimonios sobre su colaboración con la Caravana de la Muerte, y después la revelación de que Cheyre entregó a Ernesto Lejderman, cuando era un niño de dos años, a un convento de monjas en La Serena, luego que sus padres fueran asesinados.
En 2005 se produjo la llamada "Tragedia de Antuco", en la que murieron en la alta montaña 44 conscriptos y tres suboficiales. Pese a la gravedad del hecho, el entonces presidente Lagos lo mantuvo en el cargo. Dejó la jefatura del Ejército cuando cumplió su periodo, el 10 de marzo de 2006.
Ya en la vida civil, Cheyre se volcó a la actividad académica en la UC, fue nombrado presidente del Servicio Electoral y además integrante del comité asesor presidencial para La Haya, cargos que debería abandonar por su involucramiento en los crímenes de La Serena.
Las reacciones
La Universidad Católica aceptó la renuncia de Cheyre a pesar de que, según se informó, la institución "cuenta con una política institucional que consiste en otorgar permisos de trabajo, sin goce de sueldo, para que cualquier persona pueda defenderse y aclarar su situación judicial".
Muy distinta ha sido la decisión del Consejo del Servicio Electoral (Servel) al calificar la situación judicial de Cheyre como "de carácter personal" y afirmar que "mientras no se adopte una decisión definitiva por parte de los Tribunales de Justicia, como en todos los casos en que se adoptan resoluciones esencialmente provisorias, debe presumirse su inocencia". Incluso dos consejeros manifestaron que no debería renunciar "en atención al valioso aporte y contribución", manteniendo a la institución electoral en una compleja situación.
A esta valoración se suma la defensa irrestricta de Cheyre por parte de personeros de la Nueva Mayoría como Ricardo Lagos y Genaro Arriagada, así como el ex ministro concertacionista y del gobierno de Piñera, Jaime Ravinet, así como las presiones que, según ha trascendido, realizaron el ex ministro del Interior Jorge Burgos y el ministro de Defensa José Antonio Gómez. Desde la oposición la solidaridad vino de Andrés Allamand y José Antonio Kast. De paso, estas manifestaciones de respaldo han implicado una descalificación de los testimonios de testigos y sobrevivientes que algunos, como Ravinet, han acusado de "revanchismo".
Sin embargo, ninguna autoridad ni miembro de la Nueva Mayoría ha reflexionado sobre la gravedad del hecho ni sobre la propia responsabilidad: un ex comandante en jefe del Ejército nombrado por autoridades civiles, procesado por crímenes de lesa humanidad. Se ha pasado por alto que esto es producto de una política obsecuente con las fuerzas armadas, mantenida durante más de dos décadas, y cuyo resultado ha sido la nula colaboración con los tribunales y la obstrucción a la labor de la justicia que ha debido enfrentar un verdadero sistema de encubrimiento e impunidad enquistado al interior del estado.
Cheyre no escapó a esta conducta. Entre otros casos, durante su gestión, el Ejército negó saber la identidad del oficial a cargo del Estadio Chile en 1973, en el marco de la investigación sobre el asesinato de Víctor Jara; y en 2005 impidió el acceso al expediente de la segunda fiscalía militar en el caso del asesinato de José Tohá.
Es de esperar que la justicia persevere en su voluntad de hacer verdad y justicia más allá de las presiones. Por su parte, el Gobierno debería modificar la normativa legal de nombramiento y llamado a retiro de los miembros de las fuerzas armadas de manera que el poder civil alcance a cualquier oficial y no solo a sus comandantes en jefe, como sucede en la actualidad. Junto con ello debería adoptar las medidas necesarias para desmontar el sistema de encubrimiento existente en las fuerzas armadas, comenzando por informar públicamente acerca de los resultados de la gestión del ex juez Alejandro Solís, nombrado en 2015 como encargado de asegurar una adecuada comunicación y respuesta de las instituciones castrenses a los tribunales, en casos de violaciones a los derechos humanos.
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