Los organismos gubernamentales son los principales encargados de dar seguimiento a las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad y velar porque los criminales sean investigados, acusados y condenados. El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior está dotado de personal, recursos y medios para cautelar que estos crímenes y sus responsables no queden impunes. Ese organismo debe explicar por qué los tribunales están entregando beneficios a represores como Krassnoff Martchenko o Guillermo González Betancourt (Alias El Bototo), que participó en crímenes como el degollamiento de tres dirigentes comunistas, a quien también le fue acogido un recurso de amparo.
Es claro que los represores están recurriendo a la justicia para reducir sus penas de cárcel o alcanzar algunos beneficios, mientras los militares en retiro levantan campañas intentando hacer pasar a estos criminales como víctimas por su edad y enfermedades. En paralelo, grupos de presión en las iglesias y el Senado también actúan a favor de la impunidad.
Los crímenes de lesa humanidad no son objeto de prescripción, amnistía ni indultos. Cualquier medida en esa dirección vulnera los tratados y convenios internacionales firmados por Chile. Pero no solo eso, de 1.400 procesados, apenas 117 se encuentran cumpliendo condena en Punta Peuco y todos ellos han guardado silencio sobre sus crímenes, no han aportado información en los procesos judiciales ni menos datos sobre el destino de los detenidos desaparecidos. Aun así quieren hacernos creer que tienen "irreprochable conducta anterior".
Exigimos al Estado que cumpla los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos e impida que los responsables de crímenes tan graves estén libres. Demandamos al gobierno que ponga en marcha medidas eficaces para avanzar en verdad y justicia, pero además para impedir que siga avanzando la impunidad.
No Más impunidad
Toda la Verdad, Toda la Justicia
Londres 38, espacio de memorias
Santiago de Chile, septiembre de 2016
