Ministro de defensa, José Antonio Gómez (a la izquierda). Comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo (a la derecha).
Hay "una lista que está en una ley secreta que existe del personal que fue traspasado al Ejército al término de la dictadura", precisó el ministro, dando cuenta de algunos de los "acuerdos" realizados en ese momento entre los mandos de las FFAA y las entonces recién asumidas autoridades civiles, tanto en el gobierno como en el Congreso.
En la misma entrevista a la versión digital del diario El Mercurio, Gómez explicó que en los actuales mandos "no hay pactos de silencio", los que sí podrían existir entre el personal en retiro. En cualquier caso, para el ministro y ex candidato presidencial, parece inútil formular un llamado a que estos ex agentes entreguen información conducente a conseguir más verdad y más justicia en los crímenes de la dictadura, ya que éstos "no han entregado colaboración en el tiempo", dijo.
"Para los efectos de lograr verdad y justicia sería muy importante que si tienen antecedentes lo pudiera declarar ante los tribunales. Pero hacer un llamado para ellos es difícil, porque esta gente participó en una época en que había impunidad total y por lo tanto han tenido una participación en el tiempo que no ha sido de colaboración, salvo casos muy particulares", dijo el ministro de Defensa.
En una dirección similar se pronunció, el comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, al reiterar que los miembros de la institución procesados "puedan hablar o no", afirmando que "eso ya escapa de nuestras atribuciones" negándose así a colaborar en la exigencia de verdad a sus ex subordinados y a asumir la responsabilidad que le cabe al Ejército en las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. "Si alguna persona que está en retiro tiene por su defensa la opción de guardar silencio, esa es una opción particular y personal que permite la justicia", dijo el militar en agosto del año pasado.
Pero tampoco Gómez ni Oviedo han aclarado si este gobierno o los anteriores impulsaron medidas para conseguir información de estos 1.200 ex agentes de la represión incorporados al Ejército. Para las organizaciones que buscan información sobre las y los detenidos desaparecidos y las ejecuciones sumarias es claro que no lo hicieron en estos años, como tampoco ahora.
La inacción del ministro de Defensa y la del jefe del Ejército es similar a la del resto del Ejecutivo. Sucede algo parecido en el Ministerio del Interior en la búsqueda de represores, como el ex oficial de la DINA Ricardo Lawrence Mires, condenado en varios procesos por desaparición forzada de personas, que permanece prófugo hace casi dos años y se resiste a cumplir condena por sus crímenes. Las autoridades gubernamentales y las policías no han entregado una explicación razonable sobre este caso y otros casos en que se elude a la justicia.
El esquema de encubrimiento institucional que permite la impunidad incluye el hecho que las FFAA financian las defensas jurídicas de los criminales, con fondos aportados por el propio Estado.
El ministro José Antonio Gómez exime de responsabilidad a los actuales mandos militares de la consagración de los pactos de silencio, en particular al actual comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, ya que éste ha tomado distancia de los crímenes cometidos por su institución en el pasado. Pero omite el hecho que tampoco ha prestado colaboración al negar que existan archivos de la represión. El sometimiento a proceso del ex jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre demuestra qué tan fuerte ha sido el encubrimiento institucional de los delitos de lesa humanidad cometidos, incluso por quienes han llegado hasta la cúspide de la estructura de mando de la institución armada.
No son suficientes las declaraciones del mal llamado "mea culpa" cuando se trata de conseguir toda la verdad y toda la justicia en casos de personas que fueron secuestradas, asesinadas y luego sus cuerpos hechos desaparecer. Lo que la sociedad y las familias de las víctimas esperan es información sobre el destino final de estas más de 1.300 personas, de las cuales apenas 144 han sido recuperados pequeños indicios de su destino final.
Las organizaciones de derechos humanos exigen acciones concretas del gobierno, el Congreso y el Poder Judicial que permitan efectivamente conocer más verdad para obtener más justicia.
