La recién nombrada subsecretaria en una entrevista de prensa hizo esta afirmación aunque posteriormente afirmó que sus palabras "fueron deformadas por la prensa". En la ocasión también omitió toda referencia a la deuda pendiente que tiene el Estado en relación a verdad y justicia, particularmente en los casos de personas detenidas desaparecidas. Luego de varias décadas se han encontrado algunos indicios y restos de apenas 148 personas de un universo de 1.193. Justamente, porque los represores no solo no han reconocido sus propios crímenes, sino además han ocultado información sobre el destino de las personas secuestradas y desaparecidas, y las circunstancias en que otros dos millares de personas fueron ejecutadas.
Los violadores de derechos humanos condenados que cumplen penas efectivas de cárcel no son más de 150, la mayoría de ellos recluidos en una prisión especial, con atención de salud garantizada, con alimentación sana y en un régimen de respeto a sus derechos. Son criminales que han sido tardíamente juzgados y han recibido bajas penas, pues se han beneficiado de la llamada media prescripción.
Todo esto es conocido por la subsecretaria de Derechos Humanos, por eso resulta indignante cuando afirma que "lo peor que nos puede pasar a los defensores de derechos humanos es perder la humanidad". Durante décadas han sido las organizaciones de derechos humanos las que han buscado verdad y justicia, y los escasos avances logrados se deben a estas luchas. Nada ha sido concedido.
La señora Fríes añadió que "los derechos humanos son un mínimo al que los Estados han concurrido con su voluntad y se han obligado a cumplir con esos mínimos". Pero el Estado chileno ha recibido condenas de cortes internacionales por no cumplir esos "mínimos".
De hecho, el viernes pasado, dos días antes de la publicación de la entrevista a Fríes, la presidenta Michelle Bachelet encabezó un acto reparatorio a ex funcionarios de la FACh condenados en Consejos de Guerra -en la que se vio visiblemente emocionada- en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligó al Estado de Chile a reconocer a las víctimas y a tipificar el delito de tortura. Ese acto es una demostración de la deuda que tiene el Estado de Chile con la verdad, la justicia y la reparación.
La subsecretaria de Derechos Humanos plantea que existen estándares que diferencian los casos de presos por delitos comunes de aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad. Pues bien, estos últimos -según los convenios y tratados suscritos por Chile- no pueden declararse prescritos, no son amnistiables, como tampoco pueden ser indultados.
Las palabras de Fríes son graves y preocupantes, toda vez que a partir de enero el Programa de Derechos Humanos -el organismo facultado para perseguir los crímenes de la dictadura- estará bajo su mandato. Actualmente, el Programa es parte en 942 causas, por 1.762 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos reconocidos como tales por el Estado, lo cual demuestra claramente la magnitud de la tarea pendiente por parte de los tribunales y del gobierno. Más de 40 años después de los hechos, la justicia aún no ha concluido su labor y, en muchos casos, recién comienza. En este escenario, el solo hecho de proponer un debate en torno al indulto resulta inaceptable, pues avanza en la instalación de la más completa impunidad aun antes de alcanzar los "mínimos" en materia de verdad y justicia a los que alude la subsecretaria.
Si las palabras de la subsecretaria marcan la posición oficial del gobierno significaría una denegación completa de la verdad y la justicia. Luego de más de dos décadas de gobiernos civiles significaría el fracaso en su política nacional de derechos humanos, que según los estándares y compromisos que Chile ha suscrito, debería incluir verdad, justicia, reparación y memoria.
Londres 38, espacio de memorias
Santiago de Chile, 10 de octubre de 2016
