Aunque se ha negado la condición de "detenidos desaparecidos" de estas personas argumentando que estos crímenes no obedecen a una política sistemática de persecución política, se puede afirmar que sí se trata de crímenes políticos en tanto existe una doble responsabilidad del Estado: por la conducta de sus agentes, los carabineros inculpados; y por el deber aun incumplido de investigar, esclarecer el destino de estas personas y sancionar a los victimarios.
En los tres casos se repiten las versiones contradictorias de los inculpados y la adulteración de documentos e incluso del kilometraje de una patrulla. Las tres causas pasaron por la justicia militar sin que esta produjera ningún avance sustantivo en las investigaciones. En el proceso de José Huenante los inculpados fueron inicialmente dados de baja pero en 2010 fueron reintegrados a sus funciones.
Estas violaciones a los derechos humanos se suman a los asesinatos de Manuel Gutiérrez en agosto de 2011 y de David Riquelme en marzo de 2010 y a las muertes de decenas de comuneros y dirigentes del pueblo mapuche, entre ellos, Matías Catrileo, Alex Lemún, Johnny Cariqueo y Jaime Mendoza Collío, cuyas luchas han sido sistemáticamente criminalizadas y sus territorios ocupados militarmente.