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ONU supervisa implementación de recomendaciones sobre desapariciones forzadas

Representante del GTDFI, Ariel Dulitzky, enfatizó en el rol clave que han jugado las agrupaciones de DDHH como símbolo latinoamericano para alcanzar verdad y justicia. Junto a ello, recalcó que el foco debe estar en el resguardo de las víctimas, por sobre las condiciones de salud o edad de los condenados.

Publicado el 30 de marzo de 2017

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) se reunió con organizaciones de la sociedad civil, vinculadas a los derechos humanos, entre ellos Londres 38, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Asociación de Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), Villa Grimaldi y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, para evaluar el cumplimiento, por parte del Estado, de las recomendaciones realizadas en un informe emitido en enero del año 2013, tras una visita al país.

Ariel Dulitzky, Representante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Ariel Dulitzky, Representante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La actividad fue presidida por Ariel Dulitzky, encargado de América Latina del GTDFI, quien fue revisando los avances de cada uno de los puntos establecidos en el documento entregado al gobierno, el cual abordó ámbitos como la verdad, justicia, reparación, memoria y coordinación entre instituciones dedicadas a estas temáticas.

Uno de los aspectos a los que se refirió el abogado fue los deberes que tiene el Estado en esta materia y las condiciones que deben darse para otorgar beneficios a quienes están condenados por crímenes de lesa humanidad. Según explicó, la ejecución de una pena, a través de beneficios o reducciones, torna en ilusoria o ineficaz a la pena misma, lo que es parte del encubrimiento. Al mismo tiempo que planteó la necesidad de reconocer el objetivo de la pena de acuerdo al Pacto de Derechos Civiles y Políticos o a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la readaptación y resocialización de la persona condenada.

"¿Qué significa la readaptación o resocialización de una persona condenada por graves delitos de lesa humanidad? La persona tendría que disociarse del delito por el que fue condenado, debería cooperar con la justicia en otros casos, porque todo esto hay que mirarlo después que se impuso la condena, no lo que pasó en el proceso judicial sino lo que pasó en la ejecución de la condena. Debería verse si aporta a la verdad y, todo esto, dando siempre participación a las víctimas con un proceso judicial que fiscalice con criterios objetivos y no arbitrarios ni discriminatorios", indicó Ariel Dulitzky.

En este sentido, el representante de la ONU expresó que todas estas pautas hay que analizarlas más allá de las circunstancias particulares de cada persona, por ejemplo, su edad o su estado de salud, añadiendo que "si uno mira el Estatuto de Roma, las circunstancias particulares de cada persona es solo un elemento, y ese solo elemento la Corte Penal Internacional dijo que no es suficiente para reducir una pena, tiene que haber toda una serie de circunstancias, incluido el impacto que la reducción de una pena tendría sobre las víctimas. Todas las respuestas desde la perspectiva de los Derechos Humanos coloca a la víctima como el centro de atención", señaló.

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Verdad para que haya justicia

En los últimos años, el GTDFI ha insistido en la relación entre verdad y justicia, específicamente, en dos aspectos. Por una parte, la verdad sobre la suerte y paradero de cada persona desaparecida, que tiene que ser un aspecto de búsqueda humanitaria, que no tiene que estar subordinada a la investigación judicial. "Tenemos en muchísimos países, incluido Chile, personas condenadas por desapariciones forzadas, sin saber la suerte o el destino final de las personas desaparecidas".

Otro aspecto, es el plan sistemático de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales que hizo la dictadura, enfatizando en la importancia de la transparencia y análisis de la información para cuestionar la desaparición forzada.

"Quienes hoy se niegan a dar información son responsables penales de la desaparición forzada, porque están contribuyendo a la suerte o el ocultamiento de una persona", remarcó Dulitzky.

También abordaron el tema de la memoria, explicando que ésta no solo remite a lo que pasó en la dictadura, sino a todo lo que hace o deja de hacer el Estado en respuesta a las atrocidades y al genocidio que hubo durante esos años.

"Las agrupaciones chilenas son un símbolo en toda América Latina, y cuando nosotros decimos Chile es un modelo, no es un modelo de lo que ha hecho el Estado, es un modelo de lo que se ha avanzado gracias a las organizaciones y agrupaciones de derechos humanos. Lo otro, no es casualidad que la mayoría sean mujeres, porque toda la lucha contra la desaparición forzada en todo el mundo siempre ha sido liderada por mujeres y eso, muchas veces, queda invisibilizado".

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La voz de las agrupaciones

En representación de Londres 38, participaron Juan René Maureira y Gloria Elgueta, quienes expusieron el diagnóstico de la situación que ha elaborado la organización. Maureira se refirió a la ausencia de una política eficaz del Estado, lo que se ha traducido en una completa falta de coordinación entre los diferentes organismos y actores estatales relacionados con los DDHH.

Según indicó el Coordinador de Archivo y Plataforma Digital, se carece de un manejo central de la información, muchas veces contradictoria o redundante, lo que dificulta la investigación y la generación de conocimiento y la difusión pública sobre el terrorismo de Estado. Por otra parte, tampoco se conoce el Plan Nacional de Búsqueda de personas detenidas desaparecidas que, según ha trascendido pero no se ha informado, estaría impulsando el gobierno; ni se ha creado una instancia de calificación permanente de víctimas que permita actualizar el listado existente.

Gloria Elgueta, por su parte, destacó el verdadero sistema de encubrimiento e impunidad que se ha mantenido prácticamente inalterado durante los 26 años de gobiernos civiles, en particular el panorama general de retroceso, salvo excepciones, en las investigaciones judiciales sobre desaparición forzada, expresada en el cierre de numerosos procesos sin agotar las investigaciones para establecer toda la verdad; la reducción de 18 a 4 ministros en visita dedicados a estas causas, y los beneficios otorgados a los pocos condenados.

"Es preocupante igualmente la continuidad de ciertas prácticas represivas por parte del Estado, entre ellas, la criminalización de la protesta social, la ocupación militar del territorio mapuche y la existencia de tres casos aún impunes, de personas detenidas desaparecidas en democracia, estando en poder de agentes del Estado", señaló la miembro del directorio de Londres 38.

Lorena Pizarro, de la AFDD, y Alicia Lira, de la AFEP, coincidieron también en la existencia de impunidad y responsabilidad por parte de las autoridades políticas, legislativas y judiciales, así como de las Fuerzas Armadas y policiales. Asimismo se destacó la distorsión que producen los medios de comunicación que sistemáticamente ocultan o incluso incurren en formas de negación, de la desaparición forzada y han emprendido una campaña sistemática a favor del otorgamiento de beneficios de los que cumplen condena por violaciones a los derechos humanos.