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Decisión de la Corte Suprema provoca maltrato a familiares de víctimas

Las organizaciones firmantes rechazan la grave situación a la que están siendo sometidos familiares y víctimas de delitos de derechos humanos en dictadura, por parte de la Corte Suprema. El pasado 27 de junio, el máximo tribunal decidió anular las audiencias de alegatos realizadas en varias causas por violaciones a los derechos humanos, fundado en un cambio en la integración de la Sala, que terminó con la inhabilitación del Ministro Haroldo Brito.

Publicado el 05 de julio de 2017
Corte Suprema

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Las organizaciones firmantes rechazan la grave situación a la que están siendo sometidos familiares y víctimas de delitos de derechos humanos en dictadura, por parte de la Corte Suprema. El pasado 27 de junio, el máximo tribunal decidió anular las audiencias de alegatos realizadas en varias causas por violaciones a los derechos humanos, fundado en un cambio en la integración de la Sala, que terminó con la inhabilitación del Ministro Haroldo Brito.

Este movimiento fue fundado en una supuesta incompatibilidad del Ministro Brito por su relación con la Fiscal Judicial Lya Cabello, en circunstancias de que, en la práctica, ella no intervino de ningún modo en las audiencias. Por ello, si bien la decisión buscaría preventivamente subsanar un error procedimental del Poder Judicial, genera una vulneración grave contra las víctimas y sus familiares, puesto que obliga a repetir las audiencias y alegatos de las causas por Jorge Grez (Londres 38), Collipeumo (Paine), Omar Zuñiga y Ángel Espinoza (AFEP), y Manuel Sanhueza (Pisagua), después de más de cuatro décadas de espera.

La maniobra y cómo se concretó, muestra una vez más que en esta decisión no se sopesó el efecto que podría tener en los familiares de las víctimas y otras partes afectadas. Cuando se trata de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, el Poder Judicial no debe perder de vista que se trata de crímenes gravísimos en contra de toda la sociedad, y que han gozado de una persistente impunidad por décadas. En cada causa y en la manera en que la institucionalidad la pone en práctica, está en juego no sólo el derecho a la Verdad y la Justicia, sino también el derecho a la integridad física y emocional de los familiares, ese derecho no solo es vulnerado a consecuencia de acciones como estas, sino que ni siquiera ha sido reconocido, ni mucho menos considerado que en su fundamentación aparece como una decisión meramente administrativa.

En la práctica, se traduce en una vulneración a la integridad de quienes persistentemente han luchado por obtener toda la verdad y toda la justicia, sin reconocer ni detenerse en evaluar el impacto de este tipo de decisiones en personas que requieren ser protegidas por un Estado que los privó de sus familiares, y que insiste en desconocer su rol como partes activas dentro de los procesos. El avance -aún muy precario- por más verdad y justicia, es sobre todo una conquista de la lucha de las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas de estos crímenes.

Este escenario también da cuenta de la ausencia de un marco legal en un país en el que aún existe legalmente la amnistía y la constitución impuesta por la dictadura cívico-militar. En Chile, de 1132 detenidos desaparecidos, apenas se conoce el paradero de 104 de ellos. En la actualidad, sólo 117 de 1373 procesados, están cumpliendo penas de cárcel por violaciones a los derechos humanos y a pesar del claro escenario de impunidad, incluso el Poder Judicial y otros actores sociales y políticos han planteado la posibilidad de otorgar beneficios a criminales de lesa humanidad.

Creemos que el Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch debe tomar medidas para corregir o subsanar esta vulneración institucional sobre las víctimas, y especialmente, dar señales de la voluntad del Poder Judicial de avanzar en las causas de acuerdo a los estándares que establece el derecho internacional de los derechos humanos, necesariamente teniendo en consideración a las víctimas en cada una de las etapas, instancias y decisiones que toma el Poder Judicial.

Lamentablemente, esto muestra una vez más de que continuamos viviendo en ese escenario de impunidad y violencia sobre las víctimas, y en definitiva sobre la sociedad en su conjunto, cuando criminales violadores de derechos humanos concurren con libertad e impunidad a tribunales, o se mantienen prófugos de la justicia gracias a sus redes de protección. Las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas históricamente han luchado y continuarán luchando hasta alcanzar la verdad y justicia plena.

#TodalaVerdadTodalaJusticia

Londres 38, espacio de memorias

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos

Corporación Memorial Paine

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos Iquique - Pisagua

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