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"La persistente campaña mediática para otorgar beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad ha ocultado el gran tema pendiente en Chile: el establecimiento de la verdad en los casos de personas detenidas desaparecidas y la ausencia de justicia".

Publicado el 21 de agosto de 2017

Gloria Elgueta Pinto

Licenciada en Filosofía, integrante de Londres 38, Espacio de Memorias.

Artículo publicado originalmente en Le Monde Diplomatique

Toda la Verdad Toda la Justicia

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Se han invertido así las prioridades y el orden de las cosas imponiendo una discusión que una sociedad democrática está en condiciones de dar cuando se ha logrado establecer plenamente la verdad, se ha hecho justicia respecto de todos los casos, y los condenados han cumplido una parte significativa de sus penas. No antes.

El intento de inversión del orden de los procedimientos judiciales se basa en una premisa falsa: que ya se ha establecido la verdad y la justicia ha cumplido con su labor. Por el contrario, de 1.193 personas detenidas desaparecidas, solo han sido encontrados los restos de 104. Por eso, éste debería ser el tema de preocupación del Estado y de la sociedad, no el de los beneficios para los autores de los crímenes.

Si después de 26 años del término de la dictadura recién ahora se está juzgando a los responsables es porque ha existido un sistema de encubrimiento e impunidad al interior del Estado que se ha mantenido bajo los gobiernos civiles sin que ninguno de ellos realizara lo que se esperaba de un gobierno democrático: hacer exigible la verdad, realizar investigaciones al interior de las fuerzas armadas y policiales, identificar las cadenas de mando y responsabilidades, y desclasificar los archivos de la represión.

En lugar de ello, funcionarios como Jaime Campos, actual Ministro de Justicia, ha promovido públicamente una nueva legislación en materia de beneficios. Un proyecto en esa dirección fue presentado recientemente por dos diputados democratacristianos y uno de derecha, a pesar de que ya existe un conjunto de normas nacionales e internacionales que exigen ciertos requisitos.

De visita en Chile, Ariel Dulitzky, representante del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas recordó que no se deben evaluar solo las circunstancias particulares, como la edad o el estado de salud de cada condenado, ya que estas no constituyen condición suficiente para reducir una pena. Se deben considerar también otros aspectos como el arrepentimiento, la colaboración eficaz y el impacto de estas medidas sobre las víctimas ya que, desde la perspectiva de los derechos humanos, estas son el centro de atención, no los victimarios.

La impunidad mediática

La impunidad con la que convivimos tiene varias dimensiones y no solo afecta a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas, sino a toda la sociedad. La permisividad del Estado ante los crímenes cometidos por sus agentes es una clara señal de tolerancia frente a la continuidad de prácticas represivas como el maltrato y tortura de las personas detenidas en contextos de movilización social, el "gatillo fácil" en el territorio mapuche y la existencia de tres detenidos desaparecidos en democracia cuyo destino no ha podido ser determinado por la justicia[1].

También la impunidad es un terreno propicio para la corrupción porque la señal que se está dando es que se puede delinquir sin recibir siquiera una condena social, para que hablar de una sanción penal. No es sorprendente entonces que se constituyan formas de asociación ilícita ahora para robar, tal como ha sucedido al interior del ejército, y con el macro desfalco que no termina de ser dimensionado en Carabineros.

Esas continuidades entre el pasado y el presente pueden igualmente observarse en lo que mostraron u omitieron los encuadres de los medios de comunicación, a raíz de la difusión del vídeo de familiares de condenados por violaciones a los derechos humanos y de la irrupción mediática de la hija de Raúl Iturriaga Neumann, ex general de ejército, subdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional, condenado en varios casos de secuestro y homicidio calificado.

El vídeo fue una burda maniobra en la cual se conminaba a los familiares de las víctimas a perdonar a quienes no han solicitado perdón alguno. Se verificaba, una vez más, una inversión de los roles presentando como víctimas a los responsables de los crímenes. Sus protagonistas se identificaban como hijos y nietos pero sin informar sus nombres, en tanto el estilo y lenguaje utilizados acusaba una clara similitud con los frecuentes montajes comunicacionales que sus propios padres confeccionaban en el pasado dictatorial para ocultar sus crímenes y/o aterrorizar a la población. Esta similitud quedó demostrada con la inclusión sin autorización previa de declaraciones sacadas de contexto del sacerdote Fernando Montes -partidario del otorgamiento de beneficios--, y de Benito Baranda, quienes desmintieron su participación en el vídeo

A pesar de ello y de que fue retirado de Youtube, este audiovisual tuvo una gran cobertura y los comentarios críticos que recibió fueron, principalmente, a propósito de la manipulación de los dichos de Montes y Baranda, no de la veracidad, pertinencia o legitimidad de su contenido.

Toda La verdad

Toda La verdad

El caso de Loreto Iturriaga tiene algunas semejanzas, entre ellas el contenido de sus dichos que, una vez más, nos retrotrajo al pasado pero, a diferencia del tono lastimero del vídeo, Iturriaga fue ofensiva, procaz, incluso obscena, afirmando la falsedad de todos los cargos contra su padre y otros condenados, no obstante haber sido probados judicialmente. No satisfecha con ello, responsabilizó a las víctimas de su suerte porque "no eran blancas palomas", acusando, contra toda evidencia, que algunas se encontrarían "vivitas y coleando, gozando de indemnizaciones".

La importancia de las palabras

El deja vu que significó este discurso y la performance televisiva de la hija de Iturriaga invadió las redes sociales y los medios. Muchos de ellos le dieron una tribuna envidiable o recogieron sus dichos en detalle, sin contextualizarlos ni detenerse a demostrar las groseras mentiras que contenían. En su entrevista en el canal televisivo de la Red, la condescendencia del periodista volvió completamente superfluo su propio rol al validar con sus silencios la palabra de su entrevistada. En el periódico The Clinic, aunque la periodista intenta argumentar, sus preguntas e intervenciones se convirtieron en meros pases que posibilitaron el despliegue casi ininterrumpido de un discurso que muchos han definido como "insano" y propio de una "loca" pero que en tanto es difundido, debía ser sometido a la crítica y a la confrontación con los hechos, no solo expuesto. Entre otras razones porque es parte de un argumento justificatorio y negacionista enunciado sistemáticamente durante la dictadura cuando se hablaba de los "presuntos desaparecidos" y porque, como ha quedado demostrado, sigue circulando hasta hoy.

Las voces críticas recogidas en los medios fueron pocas, un par de columnas destacables, la opinión de uno o dos periodistas y no mucho más. De los medios y comunicadores como gremio solo se conoció una declaración de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas que principalmente rechazó la negación que Iturriaga hace de la existencia de tortura sexual contra las mujeres en dictadura, práctica invisibilizada al igual que la violencia contra las mujeres en general. Sobre las demás falsedades sostenidas por Iturriaga, la declaración no dice nada por lo que un lector desinformado bien podría entender que es la única.

Reducir la dimensión o la actualidad del problema, banalizar su tratamiento en los medios y en el espacio público o naturalizar la mentira en medio de la ausencia de una firme y extendida condena social, nos inscribe una vez más en el paradigma del represor, ahora bajo la fórmula del espectáculo o del reality, y el imperio del rating televisivo. De esa forma no solo se reitera la violencia y la impunidad, también se impide el enfrentamiento de los conflictos de un pasado que es parte del presente.

La forma de informar, narrar y juzgar estos hechos, los formatos y la elección de las palabras tienen la mayor importancia y no deben ser subvaloradas. Para elaborar ese pasado no basta la esquiva acción de los tribunales, se requiere un reconocimiento público de lo vivido, de la violencia estatal y de la impunidad del presente. Y sobre todo, de un compromiso social con la verdad y la justicia. No solo por las víctimas y sus familiares, sino por el país en el que queremos vivir.

En este escenario resuenan como una advertencia aquellas palabras de Adorno sobre las continuidades del fascismo en Alemania:

"que la tan trillada elaboración del pasado no se haya conseguido hasta hoy y que haya degenerado en su propia caricatura, el olvido frío y vacío, se debe a que los presupuestos sociales objetivos que propiciaron el fascismo todavía persisten"[2].


[1] Se trata de Hugo Arispe, José Huenante y José Vergara, detenidos por Carabineros en 2001, 2005 y 2015, respectivamente.

[2] Adorno, Theodor W., Ensayos sobre la propaganda fascista. Psicoanálisis del antisemitismo, editorial Voces y culturas, Barcelona, 2003.

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