Karinna FernándezKarinna Fernández es abogada y desde Washington, Estados Unidos, explica con pasión cómo se gestó la iniciativa de hacer un estudio que permitió elaborar el informe "Antecedentes para la investigación de patrones criminales usados en la desaparición de personas desde el recinto clandestino de detención Londres 38". Aunque el título es largo, el informe es claro y llega a conclusiones novedosas para la investigación judicial, al aportar una visión más global sobre las operaciones de la DINA en los inicios de la dictadura y su fuerte relación con empresas y civiles.
El informe fue realizado durante el 2016, viajando desde Inglaterra a Chile en varias ocasiones, reuniéndose con Londres 38, jueces y actuarios. Conversamos con Karina sobre su labor, sus proyecciones y sobre nuevos métodos para investigar y llegar a conocer el destino final de las víctimas de la represión cívico-militar.
¿Cómo llegaste a investigar sobre "terceros actores en temas de violaciones a los derechos humanos y en específico en los casos de desapariciones de Londres 38?
A partir de la campaña "Toda la Verdad, Toda la Justicia", de Londres 38.
Londres 38 quería hacer una investigación que permitiera explicar por qué ha sido tan difícil llegar a conocer el destino final de las víctimas de crímenes de la dictadura así como poder establecer las formas más adecuadas para enfrentar una investigación de este tipo.
Hay que saber que existen muchas investigaciones y muchas condenas, investigaciones pueden ser muchas, pero no se han logrado hacer cargo del "¿dónde están?". Entonces, la investigación que realizamos cuestiona esta idea errada de que en Chile está todo investigado, y busca aclarar por qué Tribunales no ha podido establecer dónde están las víctimas y conocer su destino final. Para eso, revisamos y analizamos las investigaciones donde ya existen condenas y en particular respecto de víctimas asociadas a Londres 38. Al releer los documentos nos dimos cuenta de que en la mayoría de los casos, hay antecedentes serios de patrones y de modus operandi. Hasta ahora, no existía un análisis sobre las víctimas en su conjunto ni sobre los patrones que se repetían, entonces nosotros intentamos levantar esos antecedentes, sobre todo basado en dos investigaciones, una de inhumaciones ilegales que llevaba el ministro Carroza y otra querella que lleva el ministro Arancibia en Valparaíso.
Ustedes se involucran en la investigación con una visión distinta, de encontrar patrones y ver el tejido de la represión, a diferencia de cómo lo han visto los tribunales en Chile hasta ahora, los que se centran en el victimario y en la víctima y nada más, ignorando toda la institucionalidad y orgánica represiva ¿Qué ventajas tendría este enfoque?
La investigación está hecha de una forma más madura, enriquecida con la experiencia internacional, ya que el análisis de cómo se han hecho las investigaciones en Chile muestra una contradicción clara: conocemos el comportamiento en operaciones de la DINA y de la CNI, sabemos que funcionaban con planificación, pero en las investigaciones judiciales se trabaja de manera individual, se ve a la víctima y se investiga lo que le pasó. Incluso en causas como el Caso Colombo y la Operación Cóndor, donde se investigan asesinatos masivos, el análisis que se hace siempre es de lo individual. Esa perspectiva es compleja para los interrogatorios: cuando se pregunta "¿Usted vio a tal persona o tal otra?", quizás un agente puede que no haya visto a una persona en específico pero sí puede dar información de nombres, de un recinto determinado, etc. Se pueden tener investigaciones más eficientes si se busca conocer y entender el funcionamiento del aparato represivo en su conjunto.
Además de plantear investigaciones más articuladas entre sí, donde aparezcan los patrones, debemos ampliar la investigación, es decir, ampliarla a quienes colaboraban y participaban y que no han sido interrogados. Porque no se van a obtener más datos interrogando nuevamente a las personas que durante décadas se han negado a dar información. Por eso hay que ampliar el círculo y ampliar significa observar el contexto y observar patrones y modus operandi, que nos permitan, a través de deducciones acceder a la información sobre el destino final. Esto también significa incorporar nuevas tecnologías y a otros profesionales a las investigaciones, un ejemplo serían los botánicos, que puedan dar cuenta de la vegetación que se veía en Tejas Verdes o en Santo Domingo, porque para algunas personas puede ser más fácil acordarse de ciertos árboles, ciertas yerbas...
Da la impresión, al leer tu informe, que la estructura represiva no se hubiese mantenido o no hubiese funcionado sin la colaboración directa de terceros, de civiles, de empresas ¿Esa impresión te parece correcta?
Si evaluamos los últimos veinte años de investigaciones judiciales, claramente hemos cometido diversos errores, en parte porque carecíamos de herramientas que ahora tenemos, por ejemplo, en materia de género, o la premura para realizar detenciones y procesamientos. Con el tiempo hemos sumado nuevas ópticas, y una de esas nuevas ópticas es entender la dictadura como cívico-militar, no solo militar, y entender que el objetivo de los crímenes no solo era reprimir personas, sino también destruir las estructuras colectivas como los sindicatos, los partidos y las organizaciones sociales. La investigación sobre esos casos, de cómo elementos de la elite otorgaron soporte a la dictadura, en algunos casos colaborando con medios de transporte, profesionales, medios logísticos, como el caso de la Pesquera Arauco en el caso de Londres 38. Entonces esto nos permite entender que los objetivos de la dictadura también tenían que ver con enriquecimiento y fortalecimiento de una elite.
¿Y por qué crees que en Chile hemos avanzado tan poco en investigaciones sobre "terceros actores"? Recién hay un civil que este año fue condenado en casos de derechos humanos.
Por una parte, porque las investigaciones se han centrado en los actos represivos ejecutados por militares. Por otra, también podría ser porque los jueces pertenecen a una elite y pueden reaccionar en una suerte de justicia de clase. También se debe a que los abogados no teníamos la capacidad de solicitar las diligencias enfocadas en investigación a terceros, y que cuando se pedían, muchas de esas diligencias eran rechazadas por los tribunales. A esto se suma que las policías no actúan de manera coordinada en estas materias, muchas pesquisas no se comparten entre una policía y otra, entre una investigación y otra. Por ejemplo, en el caso de la Pesquera Arauco, se perdieron muchos años de información valiosa, porque había datos erróneos y algunos falsos, lo que retardó la posibilidad de encontrar a la pesquera, a sus trabajadores, etc.
Es importante que los jueces en Chile incorporen una nueva dinámica, que tiene que ver con investigar patrones, operaciones, modus operandi, que también se comprenda que existen otros actores que participaron, y que se debe, por lo tanto, ampliar el marco de la investigación, entender que una investigación de delitos de lesa humanidad implica otro tipo de trabajo. Convencer a los jueces sobre esto no es tan fácil, porque ellos vienen con otra formación.
En ese contexto, ¿cómo las organizaciones de derechos humanos, familiares, activistas, pueden colaborar?
Va a ser determinante el rol de las organizaciones de derechos humanos y activistas en esto, porque son ellos los que proponen e impulsan estas investigaciones. Esto no va a surgir de los tribunales, nunca ha sido así, siempre va a nacer de los abogados de los familiares, de las mismas familias y víctimas, entre otros. Desde el primer día esto ha sido una pelea y ese va a seguir siendo el camino. También a través de diálogos, de investigaciones, de papers, como ha hecho Londres 38, que suma a esto las diligencias concretas.
