Fernando PairicánDesde la opinión pública vemos que se ha mantenido en prisión preventiva a un grupo de personas de origen mapuche, por más de un año, sin que haya pruebas del delito de quema de un templo evangélico, como se les acusa, lo que los ha llevado a una huelga de hambre ¿Estos casos de detenciones tan largas, sin juicios establecidos, son comunes en Chile o hay un sesgo con el pueblo mapuche?
En el caso particular del movimiento mapuche, se ha dado en más de una oportunidad y, es más, son casos reiterados a partir del 2006, tras la reforma procesal penal, que extiende las medidas preventivas a los mapuche en procesos relacionados con el conflicto. Un ejemplo es lo que ocurrió en 2010, con otra huelga de hambre, que emergió por la misma razón, por buscar un juicio justo que fuese un debido proceso. Hemos visto, de parte de la Justicia, que hay una insistencia por extender las medidas preventivas, incluso en tiempos más prolongados que la misma reforma judicial penal plantea.
Se ha visto que estos días el Gobierno ha propuesto que la medida preventiva pase a ser arresto domiciliario para los detenidos ¿Te parece una medida que debió haberse aplicado desde el principio o es una medida "parche"?
El movimiento mapuche, y en específico estos huelguistas, han solicitado la derogación de la aplicación de la ley antiterrorista en estos casos. Por lo tanto, la medida que plantea el Gobierno no responde a solicitud de los huelguistas. Quizás puede verse como una señal para iniciar el diálogo, pero no es lo que los manifestando han pedido.
La ley antiterrorista se ha aplicado de manera reiterada a casos de detenidos mapuche, pero desde afuera del conflicto, se ve muy difícil que se derogue esta ley, menos si no hay voluntad política…
La ley antiterrorista es una mala forma de abordar el movimiento y las demandas mapuche. Primero, me parece que no hay terrorismo en Chile, y la ley antiterrorista es ocupada de una forma racista contra el mundo mapuche, ya que la misma causa o el mismo hecho en Santiago pasaría como un delito común, y en territorio mapuche pasa como un delito terrorista. Entonces, como ha dicho Raúl Sohr, la ley desde el Bíobio al sur se aplica con una condición racial contra el pueblo mapuche.
Cómo se explica el hecho de que, por una parte, se extendiera la huelga de hambre de los detenidos mapuche; por otro, un operativo que detiene a varios dirigentes, entre ellos Héctor Llaitul; mientras tanto, se han realizado acusaciones de más lugares y camiones ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Ha aumentado la represión contra los mapuche?
Hay una continuidad de una política de coerción hacia el pueblo mapuche que se inició con bastante fuerza desde el año 2002 y que ha tenido distintos ritmos, hay periodos que desciende, pero uno ve claramente un diseño estratégico de parte del Estado. Al parecer ésta sería la forma que el Estado tiene para abordar las demandas por derechos humanos del movimiento mapuche y la autodeterminación.
El tema de fondo para evitar nuevas huelgas y nuevos presos es que se avance en conversar sobre los derechos fundamentales del pueblo mapuche. Y la aplicación de la ley antiterrorista es el ejemplo del no diálogo y de persecución a los mapuche. Se usa una ley que busca, desde su nacimiento, la persecución política.
Siendo la huelga de hambre una medida extrema, uno piensa si no hubo espacio para dialogar o una salida de acuerdo, para evitar una medida de este tipo.
Es complejo el por qué no se dan estos espacios de diálogo. Tenemos un poder judicial en la Araucanía con una autonomía muy fuerte, capturado por abogados que actúan desde un criterio racial contra el movimiento mapuche, donde a los acusados se les trata como culpables sin que haya un debido proceso y no se les dan las garantías de proceso justo. Además, el poder judicial se ha ido cargando hacia beneficiar los intereses privados y no a hacer justicia.
¿Qué tantas influencias en este tema tienen los gremios de empresas, como el de los camioneros?
Ellos son una presión política en una región donde los fiscales y los jueces responden a intereses familiares, están asociados a agricultores, entonces se arma así una dinámica de alianzas que termina generando que se le nieguen las garantías mínimas en juicios contra el pueblo mapuche, y el resultado final se ve como una acción conjunta de persecución contra los mapuche. Yo investigaría cuales son las redes entre las empresas, agricultores y el poder judicial, para darnos cuenta que estamos hablando de un grupo que actúa con criterios raciales contra los mapuche.
En el peor de los casos esta huelga de hambre puede costar la vida de alguno de los detenidos ¿Cómo ves el panorama si eso ocurriera?
Sin duda que las pocas confianzas se deteriorarían. Chile sería cuestionado internacionalmente, mientras que el movimiento mapuche rupturista tendría la legitimidad para actuar en rebelión frente a la represión del Estado, que no garantiza los derechos esenciales de los pueblos originarios y además los reprime, un Estado que expone a quienes pertenecen a un pueblo originario a que pongan en riesgo su vida luchando por sus derechos humanos, para derogar una ley antiterrorista. Una ley que fue promulgada y pensada bajo la dictadura militar.
¿Cómo podemos actuar las organizaciones de derechos humanos en estos casos? ¿De qué manera exigir el respeto de los derechos del pueblo mapuche?
Hay que interpelar al Estado para que haya interlocución y forzarlo para que sea garante de derechos humanos de toda la sociedad, y en este caso, de los pueblos originarios. Que el Estado trabaje para derogar una ley construida en un estado de excepción, como fue la dictadura, y que es inaplicable, bajo las normativas internacionales, contra los pueblos originarios. Debemos llamar al Estado a abordar el tema con el diálogo con representantes del movimiento mapuche y de la sociedad civil.
