Especial

En julio de 1975, la dictadura civil militar llevó a cabo una operación de guerra psicológica mediante un gigantesco montaje comunicacional, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), y con la complicidad de organismos gubernamentales de Argentina y Brasil. El objetivo: encubrir a los agentes del Estado chileno responsables de los centenares de casos de desaparición forzada que ya existían y, al mismo tiempo, ampliar al conjunto de la población los efectos de la represión y el terror.

Presentación

Portada de La Segunda
Portada de La Segunda

Con anterioridad a este montaje y desde el momento mismo del golpe de Estado, la dictadura ya había empleado formas de manipulación y guerra psicológica con similar objetivo. En diciembre de 1973, a través de la prensa se informó que "el comunismo" preparaba una "Pascua Negra"; en respuesta a ese supuesto ataque, entre los días 18 y 20 del mismo mes, la DINA detuvo, y luego asesinó a los militantes comunistas del Comité Local de la población La Legua, Carlos Alberto Cuevas Moya, Luis Alberto Canales Vivanco, Alejandro Patricio Gómez Vega, Pedro Patricio Rojas Castro y Luis Emilio Orellana Pérez. La versión oficial dio cuenta de un enfrentamiento cuando las víctimas supuestamente intentaban atentar contra torres de alta tensión como parte del "Plan Leopardo", versión que luego fue desmentida, estableciéndose judicialmente que todos ellos habían sido asesinados después de ser detenidos y torturados en Londres 38.

El caso de las y los 119 corresponde a otro contexto, cuando la represión se hace más selectiva y se comienza a implementar la desaparición forzada de manera sistemática. El año 1974 fue el año en que la DINA secuestró e hizo desaparecer al mayor número de personas, vinculadas principalmente al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), organización en la cual se centró el accionar de este organismo hasta mediados de 1975. El Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación registra 276 desapariciones forzadas solo durante 1974, y un total de 824 para el periodo 1973-1974, por lo que ya había numerosas denuncias en Chile y en el exterior. La crítica situación de los derechos humanos en Chile, sumado a factores de política internacional, amplió la condena a la dictadura de parte de un significativo número de estados y organismos humanitarios y multilaterales amenazando con afectar la ayuda financiera y militar al régimen, lo cual requería respuestas que permitieran neutralizar esa presión.

Conferencias de prensa y desinformación

Este montaje no fue una acción aislada sino una campaña planificada y prolongada que comenzó en febrero de 1975, si no antes. El día 20 de ese mes, el diario La Tercera publicó una nota sobre una "conferencia de prensa" ofrecida por tres dirigentes del MIR, Cristián Mallol Comandari, Juan Carlos Menanteau Aceituno y Héctor Hernán González Osorio. En realidad, todos ellos se encontraban detenidos y habían sido forzados, mediante la tortura, a ser parte de este montaje. Para la ocasión, la DINA confeccionó una lista de dirigentes y militantes de esa organización con la que se buscaba demostrar su derrota y justificar un llamado a "deponer las armas y rendirse". Como parte de un macabro balance, para cada nombre se indicaba si se encontraba detenido, muerto o exiliado; pero no en todos los casos ello correspondía a la realidad. Entre los "exiliados" se mencionaba a cuatro prisioneros desaparecidos, que habían estado recluidos en Londres 38, ellos eran: Alfonso Chanfreau Oyarce, Martín Elgueta Pinto, Máximo Gedda Ortiz y Alvaro Vallejos Villagrán. Debido a que la puesta en escena de esta "conferencia" fue muy burda y resultó poco creíble, la DINA organizó entonces una segunda versión con presencia de periodistas, y de agentes que trataron de pasar desapercibidos simulando ser profesionales de la prensa. Esta vez fue transmitida por Televisión Nacional, y José Hernán Carrasco Vásquez, detenido desde fines de 1974, también fue obligado a participar. Posteriormente, en distintos momentos, todos ellos recuperaron la libertad, pero Menanteau y Carrasco fueron nuevamente secuestrados en noviembre de 1975, llevados a Villa Grimaldi y asesinados por la DINA, ambos habían intentado contactarse con el MIR y entregar información sobre su paso por los centros de detención.

En numerosas ocasiones durante los meses siguientes, las autoridades afirmaron que muchos de los "supuestos desaparecidos" --como los calificaban--, estaban en la clandestinidad, o fuera del país. En los meses de junio y julio estas versiones se multiplicaron en la prensa chilena y argentina, reportando la formación de un ejército guerrillero chileno de 2000 miembros en Tucumán; incursiones en la zona de Talca; enfrentamientos, arrestos e, incluso, el asesinato de un capitán de ejército. Estos hechos nunca se verificaron pero se configuró así, ante la opinión pública, la existencia de un peligroso "enemigo" y la necesidad de su eliminación.

En paralelo se informó sobre el hallazgo de cadáveres de chilenos en el país vecino, supuestamente asesinados por grupos de la ultraderecha o por sus propios compañeros debido a "ajustes de cuenta". Se difundió la identidad de algunos, entre ellos, Luis Guendelman, Jaime Robotham, Juan Carlos Perelman y David Silberman, versiones todas cuya falsedad quedó rápidamente demostrada por los testigos de las detenciones y de quienes habían permanecido recluidos con ellos en Chile. Se entregaron también otras versiones insólitas, como la que publicó el diario La Tercera afirmando que el detenido desaparecido Nestor Alfonso Gallardo Agüero, sería la verdadera identidad del "terrorista internacional Carlos" Ilich Ramírez Sánchez, citando como origen "informaciones chilenas de fuentes generalmente bien informadas".

Como parte de esta escalada, el 4 de julio, el dictador Augusto Pinochet anunció su decisión de no permitir el ingreso al país de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, programada para el día 10 del mismo mes, justificando esta medida en la supuesta agresión a Chile que implicaba el trabajo de esta Comisión.

La Operación Colombo

La culminación de esta campaña de guerra psicológica fue un complejo montaje comunicacional conocido en la jerga de la DINA como Operación Colombo. Esta consistió en la publicación, a partir del 15 de julio de 1975, de dos listas, una de 60 personas, en la revista argentina Lea, y la segunda en el periódico brasileño O'Dia, de Curitiba, que incluyó otros 59 nombres. Ambos medios de comunicación circularon con estas únicas ediciones. Las nóminas sumaban un total de 119 personas que, según se informaba, habían muerto en el extranjero producto de disputas al interior de las organizaciones políticas a las que pertenecían y en enfrentamientos con las fuerzas policiales de varios países, o habían logrado huir, por lo que se desconocía su paradero. En este último caso, no se explicaba cómo había sido posible establecer sus identidades.

Rápidamente se estableció la verdad: todas estas personas habían sido detenidas por la DINA entre abril de 1974 y febrero de 1975, existían denuncias, diligencias judiciales y testigos de su reclusión en diversos recintos. Hoy sabemos que 45 de ellas habían permanecido secuestradas en Londres 38. Todos los nombres habían sido reproducidos con los mismos errores que tenían en la solicitud de designación de ministro en visita ante la Corte de Apelaciones de Santiago, realizada en mayo de 1975, en favor de 163 víctimas; solicitud que fue desestimada por este tribunal con cinco votos de minoría. Inicialmente, el plan de la DINA era difundir una nueva nómina pero, probablemente, debido a las reacciones que provocaron las dos primeras y las denuncias a nivel nacional e internacional, desistieron de hacerlo.

Esta operación respondía al esquema de guerra psicológica utilizado por las dictaduras de la época en el marco de las políticas de contrainsurgencia. Su objetivo era encubrir las desapariciones y aterrorizar a quienes resistían a la dictadura, pero también a sectores amplios de la población. Esta no fue la última operación de este tipo pero sí la más masiva, que provocó más reacciones de condena a estos crímenes, en el país y en el exterior, y movilizó mayor cantidad de personal y recursos represivos involucrando, principalmente, a militares y policías, pero también a civiles, en Chile y en el extranjero.

En este caso, la DINA contó con la colaboración activa de las representaciones diplomáticas nacionales, y de las autoridades y miembros de los servicios represivos de Argentina y Brasil, coordinados todos al más alto nivel. El enlace chileno en Argentina fue Enrique Arancibia Clavel, quien en 1978 confesó ser agente de la DINA, revelando parte de las acciones de este organismo. En su oficina en Buenos Aires se encontraron cédulas de identidad de personas detenidas desaparecidas en Chile, que le fueron entregadas para ser utilizadas en maniobras de encubrimiento de la represión. En el año 2000, Arancibia fue condenado en Argentina por su responsabilidad en el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, perpetrado en la capital trasandina en septiembre de 1974.

Pero Arancibia no actuaba solo. En diversos procesos judiciales se ha establecido la existencia del Departamento Exterior de la DINA que comenzó a operar desde la formación de este organismo. En 1975, la DINA tuvo un rol protagónico en la creación del Plan Cóndor, una coordinación de los servicios de inteligencia de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay para la represión política en el Cono sur de América. En esa época, el Departamento Exterior estaba a cargo del entonces coronel Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, y tenía su base principal en Argentina, pero luego actuó también en otros países, contando para ello con personal proveniente de las fuerzas armadas, y con civiles vinculados a Patria y Libertad y a organizaciones extranjeras de ultraderecha. Sus funciones contemplaban tareas de inteligencia y contrainteligencia estratégica, el control del servicio diplomático y, la realización de operaciones de apoyo a la represión en Chile, y contra personas exiliadas en el extranjero.

El rol de la prensa

La publicación de la lista en el extranjero fue un intento de borrar las huellas del origen de la operación en Chile pero, como era necesaria su difusión en el país, Álvaro Puga, director de Asuntos Civiles de la Junta Militar, jefe de Operaciones sicológicas de la DINA, y columnista permanente del diario La Segunda, entregó directamente a los medios nacionales la información que estos reprodujeron sin realizar ninguna verificación de su veracidad, a pesar de que las investigaciones realizadas por agencias internacionales de prensa establecieron rápidamente su falsedad, y algunas radioemisoras como Balmaceda y Chilena cuestionaron tempranamente estas versiones.

La difusión en Chile comenzó el 18 de julio con una información general en el vespertivo La Segunda, y el 23 con la primera lista de 60 nombres, en El Mercurio, principal medio de la prensa escrita, afín a la dictadura. El día 24, La Segunda llevó en portada el horroroso titular: "Exterminados como ratones", y en su interior la nueva nómina con 59 nombres. El diario La Tercera afirmó que "habían sido presentados recursos de amparo a favor de los miristas muertos o evadidos en Argentina y otros países", y que existía una operación deliberada de los y las familiares de las personas desaparecidas, a fin de "desprestigiar" al gobierno y a la justicia chilena. El 27 de julio, El Mercurio editorializó: "Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno chileno de la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar. Víctimas de sus propios métodos, exterminados por sus propios camaradas...".

Aunque el 3 de agosto El Mercurio modificó parcialmente su discurso al señalar que la información no parecía verosímil y que debía ser aclarada, su conducta, y la de la prensa en general, fue la de una verdadera caja de resonancia del discurso oficial y de la información falsa generada desde la DINA. Solo treinta años después, en 2006, a solicitud del Colectivo Familiares y Amigos de los 119, el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, aplicó censuras menores como la suspensión de la colegiatura por seis meses a Fernando Díaz Palma, ex director de Las Últimas Noticias, y a Alberto Guerrero Espinoza, ex director de La Tercera. También sancionó a la periodista de El Mercurio Beatriz Undurraga Gómez, con tres meses de suspensión, y absolvió a la periodista de La Segunda, Mercedes Garrido Garrido. El sumario también estableció responsabilidades de René Silva Espejo y Mario Carneyro, ex directores de El Mercurio y La Segunda, respectivamente, pero estos no fueron sancionados debido a que ya habían fallecido.

A pesar de ello, estos medios nunca publicaron una rectificación. Solo el 15 de noviembre de 2019, a raíz de una solicitud de Viviana Uribe Tamblay, hermana de Bárbara Uribe Tamblay detenida desaparecida, el diario La Segunda accedió a incluir una nota en páginas interiores. Sin embargo, esta no respondió a lo solicitado ya que no tuvo la misma extensión ni visibilidad, en portada y páginas centrales, que había tenido el montaje comunicacional de 1975. Ante la falta de respuesta del diario, Viviana Uribe presentó un recurso de protección que fue rechazado por la Corte de Apelaciones en sentencia confirmada por la Corte Suprema, con un voto disidente que acogió el argumento de la demanda al considerar que el medio no explicitó el carácter de rectificación de su publicación y esta no tuvo la misma visibilidad de la nota original.

El testimonio de las personas detenidas y la huelga de hambre de Puchuncaví

Es muy probable que aún no se dimensione en toda su importancia el testimonio de las y los presos políticos a pesar de que casi toda la información que se conoce sobre la represión en Chile ha tenido origen en sus palabras que, desde los primeros meses posteriores al golpe de Estado, comenzaron a hacerse oír y a difundirse, primero, de boca en boca y, luego, a través de declaraciones ante los tribunales y organismos de derechos humanos. En momentos en que gran parte de la sociedad no quería, o no podía escuchar, esas voces dieron cuenta de lo que se estaba viviendo al interior de los recintos de la DINA, incluso estando aún en prisión; y sobre todo, dieron testimonio de haber permanecido encarcelados junto a quienes comenzaban a ser parte de ese universo de víctimas que no aparecían.

El caso de las y los 119 no fue la excepción. En julio de 1975 eran muchas las personas que habían sido testigos de las detenciones de quienes aparecieron en las listas, o de su reclusión posterior en centros como Londres 38, Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y la casa de calle Irán (Venda Sexy en la jerga de la DINA). Muchas de ellas ya habían declarado ante la justicia, otras lo hicieron a raíz del montaje, y la mayoría lo ha seguido haciendo hasta el presente. Incluso, el 31 de julio de 1975, a días de la publicación, 95 prisioneros del campamento Melinka de Puchuncaví, arriesgando sus propias vidas, iniciaron la primera huelga de hambre realizada bajo dictadura que se extendió por 9 días. En la comunicación entregada al oficial de la Armada a cargo del campo de detenidos, los huelguistas afirmaron que su decisión respondía "a un imperativo de conciencia y de solidaridad", debido a que ellos habían visto y permanecido detenidos junto a 33 de las víctimas mencionadas en la lista. Al mismo tiempo acompañaron una nómina de esas víctimas y de los presos que estaban dispuestos a testificar. Posteriormente, estando aún en prisión, ratificaron sus declaraciones ante los tribunales.

Entre los participantes de la huelga de hambre se contaban militantes de izquierda, principalmente del MIR, algunos de los cuales fueron asesinados con posterioridad a su liberación, entre ellos el periodista José Carrasco Tapia, el 8 de septiembre de 1986 en una acción de represalia por el atentado al ex dictador Augusto Pinochet; Juan Carlos Gómez Iturra, asesinado después de un enfrentamiento en julio de 1979; Dagoberto Cortes Guajardo muerto en un falso enfrentamiento en noviembre de 1982; Carlos René Díaz Cáceres, en lo que se presume fue una explosión provocada en 1982; y Eduardo Charme, dirigente del Partido Socialista, asesinado en un falso enfrentamiento en septiembre de 1976.

En septiembre de 1975, en París, Francia, cuatro familiares, esposas de los franco chilenos detenidos Alfonso Chanfreau, Agustín Reyes, Anselmo Radrigán y Renato Arias --tres de ellos desaparecidos y parte de la lista de las y los 119--, realizaron una huelga de hambre para denunciar la falsedad de esas publicaciones y exigir al entonces Presidente Giscard d'Estaing demandar al gobierno chileno la liberación de estos ciudadanos franco chilenos. Dos de las huelguistas y ex detenidas también declararon haber permanecido en prisión junto a 30 de las personas que aparecían en las listas.

El dolor y la lucha de los y las familiares

"Eso fue un día terrible, era un día para mi rutinario, no sé qué habíamos hecho en la mañana, alguna acción seguramente, a alguna parte habíamos ido, y en la tarde nos reunimos, y había ya compañeras que, por alguna razón, en alguna parte ya habían oído, pero yo no sabía. Entonces, cuando nos reúnen a todos y nos dicen que hay una lista que llega de afuera que habla de muertos y que algunos de ellos pueden ser de nosotros, las asistentes [sociales] todas, te digo, expectantes, ahí con nosotras, en que iban a dar la lista. Y empiezan a dar nombres. Te imaginas tú en una sala con familiares, madres, que sé yo, esposas, hermanas, y empiezan a dar una lista de nombres, y dan un nombre y se sentía que alguien gritaba y lloraba, y seguían dando otro nombre, otro nombre y yo, como mi hijo es apellido Reyes, yo decía: 'Que no sea Reyes, que no sea Sergio, que no sea Sergio'. Y esperaba, y llegó a la R y salió Sergio. Yo ahí, otra vez, yo creo que me volví loca, yo a mí me recuerdo que me dieron algo para los nervios, que andaba circulando, cualquier cantidad de remedios, no sé, calmantes y toda la gente lloraba, y las asistentes [sociales] decían: 'Pero ustedes no estén seguras que sea verdad --decían ellas-- porque ustedes saben que hay antecedentes que ellos han hecho montajes', decían las asistentes para calmar a la gente. Pero en ese momento todos creímos. Todos creímos porque en una forma uno está como mentalmente hecha para creer todo lo que está escrito, por lo menos antes era así. Entonces yo lo sentí muerto al tiro, dije: 'Está muerto', y una desesperación tan grande. Y estaba mi nuera conmigo y, bueno, ella me calmaba a mí y yo la calmaba a ella, y recuerdo que así, media atontada, me fui a la casa y ahí lloramos todos. Fue terrible, terrible ese día."
Magdalena Navarrete, madre de Sergio Alfonso Reyes Navarrete

"Bueno, en ese momento, no, mi marido me dijo, y mis otros hijos también, no, me dijo: 'Si no puede ser, esa lista es una mentira, Mauricio tiene que estar en alguna parte, toda esta gente está, tiene que estar en alguna parte'. Pero, ¿dónde y qué están haciendo con ellos? Nada, hasta ahí, todo es así. Todos eran pensamientos así no más. No hallamos qué hacer."

Luz Encina, madre de Mauricio Edmundo Jorquera Encina

"Bueno, empezamos a hacer acciones, a ir a los regimientos, a decir que no era verdad, a gritar que no era verdad. A hacer marchas en la calle. Íbamos a los recintos de los militares. Fuimos al [diario El] Mercurio, fuimos a muchas partes a gritar y nos decían las locas, que en vez de estar en su casa cuidando hijos estábamos en la calle con una mentira. Nosotros sabíamos que eso era la verdad, nuestra. Esa era nuestra verdad."


Eliana Zamorano, madre de Luis Julio Guajardo Zamorano

"Después ya fue más racional, después de todo, porque tú primero, los primeros instantes, tú tratas de, o sea, tu ser te trata de decir que no puede ser que está muerto. No puede ser. No puede estar muerto porque lo sacaron de la casa, por esto, por esto y por esto, y porque lo vieron los presos políticos, pero ya después, cuando pasa el tiempo, tu manera de pensar empieza a ser como más racional, más aterrizada, y tú dices: 'Ya, claro estaba muerto', ¿no? Pero al principio tú siempre tienes la esperanza. Nosotros siempre manejamos lo de la esperanza, de que tu familiar estaba vivo (...). Me aferro yo a esa esperanza. Incluso, cuando me fui al exilio, igual, siempre pensé que yo de vuelta, él se había salvado. Nunca manejé la idea, la idea de la muerte, así como, radicalmente, decir: 'No, los mataron'. No, para mí no."

Mónica Pilquil, esposa de Ismael Darío Chávez Lobos

Como expresan de manera elocuente estos testimonios, a la incredulidad inicial, se sumaron la perplejidad, la angustia, el terror, la impotencia y la vulnerabilidad ante el poder incontrarrestable y amenazante del Estado. En muchos casos se sumaron pérdidas en otros ámbitos como el empleo, los estudios, la reducción de los espacios familiares de acogida y de las relaciones en general e, incluso, la estigmatización social que profundizó el daño y condenó a muchas personas a vivir de forma individual una experiencia que es política y social. La incertidumbre permanente también implicó vivir un duelo suspendido en medio, además, de la impunidad. Así, la desaparición de un familiar se convirtió en una experiencia desestructurante, que trastocó por completo la vida, la cotidianidad y su entorno.

Cuando la desaparición forzada se fue constituyendo como una práctica sistemática, los familiares de las víctimas se organizaron para apoyarse y coordinar acciones conjuntas. La organización es lo que permitió enfrentar de manera colectiva esta experiencia, contener, dar sentido a lo vivido y continuidad a la lucha la lucha por la verdad y la justicia, fundamental para las personas cercanas pero también para la sociedad en su conjunto. Así, en 1974 se constituyó la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos con un grupo que comenzó a funcionar regularmente al alero del Comité de Cooperación para la Paz en Chile. A raíz de la publicación de estas listas se amplió su accionar, impulsando nuevas formas de denuncia nacional e internacional, contactando periodistas y medios de comunicación, representaciones diplomáticas y de organismos de derechos humanos.

En los años siguientes, se realizaron tres grandes huelgas de hambre, dos en 1977 en la sede de la Cepal y en la Iglesia San Francisco, y una tercera, la "huelga larga", en 1978, con motivo de la dictación del decreto Ley de Amnistía. Esta se llevó a cabo en varias parroquias de Santiago y en la sede de la Unicef, participaron 150 personas y se extendió durante 15 días. Estas huelgas tuvieron una gran repercusión internacional y se replicaron en numerosos países, entre ellos México, Venezuela, Colombia, Panamá, Francia, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Suecia, Italia, Alemania federal, Austria, Suiza, Noruega y Bélgica, concitando el apoyo de organizaciones sociales y políticas, así como de organismos humanitarios y de defensa de los derechos humanos. En Chile también comenzaron las manifestaciones en el centro de la ciudad y frente a La Moneda, y acciones como el encadenamiento a las rejas del ex Congreso Nacional. Al mismo tiempo, varias delegaciones de la Agrupación hicieron giras internacionales de denuncia ante diversas autoridades, demandando la condena y el cese de la ayuda económica y provisión de material bélico a la dictadura. A su regreso, una de estas delegaciones fue impedida de ingresar al país.

Esta lucha continuó durante toda la dictadura y con posterioridad a su término ya que demandas básicas en relación al problema de la desaparición forzada, que habían sido promesa de las campañas en torno al plebiscito de 1988 y a la primera elección presidencial, entre ellas la derogación del decreto ley de amnistía, no se materializaron y, más de 40 años después, siguen aún pendientes.

El rol de la justicia

A pesar de la abundante información y antecedentes existentes ya en esa época, en la inmensa mayoría de los casos, los tribunales rechazaron los recursos de amparo, no investigaron las denuncias, sobreseyeron las querellas, aplicaron la amnistía decretada por la dictadura en 1978 y, cada vez que se estableció la participación de personal de las fuerzas armadas en las detenciones, traspasaron las causas a la justicia militar. Así, al término de la dictadura, muchos de estos procesos se encontraban sobreseídos de manera temporal o permanente, o habían sido amnistiados. El informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, creada por el presidente Patricio Aylwin en 1990, contribuyó a reabrir algunas de ellas, sin embargo, salvo excepciones, durante los años siguientes tampoco avanzaron significativamente, a pesar de la persistencia de familiares, organizaciones de defensa de los derechos humanos, y abogados y abogadas comprometidas.

Aún más, en los años noventa, la derecha y sectores del oficialismo promovieron varias fórmulas de nuevas amnistías y mecanismos para poner fin a los procesamientos, incluso, los presidentes Patricio Alylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos presentaron diversos proyectos de ley en esa dirección sin encontrar el respaldo necesario para su aprobación en el Congreso. No obstante, también hubo algunos avances. Para los casos incluidos en la lista de las y los 119 fue importante la captura de Osvaldo Romo en Brasil y su extradición a Chile en 1992. Con anterioridad al golpe de Estado, Romo había sido dirigente poblacional y militante de la Unión Socialista Popular (USP) pero, una vez reclutado por la DINA participó en la captura de muchas personas militantes del MIR. Su detención fue posible gracias a la investigación conducida por el Departamento V de asuntos internos, de la Policía de Investigaciones, unidad reestructurada a comienzos de los noventa para depurar a la policía de sus vínculos con los servicios de inteligencia de la dictadura, e investigar los casos de violaciones a los derechos humanos perpetradas durante ese periodo. Tarea esta última que, posteriormente, fue asumida por la la Brigada Investigadora de Delitos contra los DD.HH., continuadora del Departamento V.

La investigación realizada en el marco de la querella por Alfonso Chanfreau, reabierta a fines de 1989, a cargo de la ministra Gloria Olivares, fue la que permitió la ubicación y detención de Romo así como la comparecencia de numerosas personas ex detenidas para declarar y participar en careos y reconstituciones de escena con los agentes de la DINA. Todo ello contribuyó a reabrir muchas causas por desaparición forzada, incluso de oficio. Pero en el caso Chanfreau, al establecerse la participación de uniformados, se planteó una contienda de competencia y, en voto de mayoría, la Corte Suprema decidió su traslado a la Justicia Militar, la que en 1994 aplicó la amnistía. La decisión de la Suprema dio origen a una acusación constitucional contra varios de sus miembros por notable abandono de deberes culminando con la destitución de uno de ellos, el ministro Hernán Cereceda, a quien también se acusó de delitos de corrupción. Posteriormente, esta causa fue reabierta una vez más y obtuvo una sentencia definitiva en 2015.

Más allá de las fronteras nacionales fue decisivo el requerimiento interpuesto ante la Audiencia Nacional española, en 1996, por la Fundación Salvador Allende, con el apoyo y participación de organizaciones chilenas de derechos humanos. El objetivo era establecer la responsabilidad de Augusto Pinochet y otros militares y funcionarios chilenos en crímenes de lesa humanidad. Esta acción judicial permitió su detención en Londres, en octubre de 1998, abriendo una coyuntura que cambió el escenario político jurídico. Entre los delitos que el juez Baltasar Garzón incluyó en la investigación estuvieron aquellos vinculados al Plan Cóndor y a la Operación Colombo.

En Chile, se produjeron dos hitos vinculados a las y los 119 que sentaron jurisprudencia. En septiembre de 1998, el proceso por la desaparición de Pedro Poblete Córdova, obrero metalúrgico de 27 años y militante del MIR, fue el primero en el cual se estableció la necesidad de investigar los hechos antes de amnistiar, y se afirmó como doctrina la continuidad del secuestro mientras no se establezca la muerte. Esto implicó que la duración de este delito comenzó a exceder el periodo cubierto por la amnistía decretada por la dictadura (1973-1978). Esa decisión de la Segunda Sala de la Corte Suprema permitió nuevas investigaciones sobre otras víctimas, pero en el proceso de Poblete tuvieron que pasar más de veinte años para llegar a una sentencia.

Un segundo hito, en 2003, fue la primera condena por un caso de detenido desaparecido: Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, de 26 años y militante del MIR. El ministro Alejandro Solís sentenció a Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, a 15 años como autor de secuestro calificado, y a otros cuatro agentes a penas de 5 a 15 años, como autores o cómplices del mismo delito. Aunque en 2004, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia pero redujo las penas, la Sala Penal de la Corte Suprema ratificó, por unanimidad, la sentencia de primera instancia del ministro Solís.

En Chile, el juez Juan Guzmán había comenzado, en el año 2000, varias investigaciones vinculadas a las y los 119 en el marco de la Operación Cóndor, y en 1998 inició una nueva que agrupó a 60 de estas causas, mientras las demás permanecían en procesos individuales o sin acciones judiciales. Varios ministros investigadores estuvieron a cargo y fueron emitiendo fallos por grupos de víctimas, pero la labor más decisiva fue la del ministro Víctor Montiglio quien, en 2005 incluso procesó a Augusto Pinochet por la detención y posterior desaparición de Arturo Barría Araneda, Juan Chacón Olivares y otras 12 víctimas, aunque su muerte en 2006 implicó el sobreseimiento definitivo. En 2008, Montiglio sometió a procesamiento a 98 agentes incluyendo, por primera vez, no solo a oficiales sino también a guardias y funcionarios civiles. Según sus propias palabras, esta decisión se sustentó en la necesidad y pertinencia de investigar a "todos quienes habían tenido participación en los cuarteles de la DINA", y el objetivo era dar cuenta, en su conjunto, del aparato de terror que había operado en Chile, criterio que posteriormente ha sido desestimado por otros jueces.

En este proceso fueron decisivos los numerosos testimonios que permitieron establecer que entre quienes detenían, torturaban y abusaban sexualmente como forma de violencia política, también había guardias o personal subordinado que, durante largo tiempo, habían permanecido desprovistos de toda responsabilidad en los crímenes. Gracias a sus amplias y exhaustivas investigaciones, con Montiglio pareció terminar el tiempo de los procesamientos limitados a los cuatro o cinco acusados habituales, pertenecientes a la plana mayor de la DINA. Esta orientación del trabajo investigativo no dejó de sorprender tratándose de un juez partidario de aplicar la amnistía una vez establecidas las responsabilidades.

Pero Montiglio no alcanzó a ver terminada esta investigación debido a su fallecimiento en 2011. Le sucedió el ministro Hernán Crisosto quien tramitó el proceso por grupos de víctimas, en forma separada. En 2017, por el último de estos grupos que incluía a 16 personas detenidas desaparecidas, Crisosto condenó a 106 ex agentes de la DINA por secuestro. Sin embargo, en 2020, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones absolvió o redujo significativamente las penas de la mayoría de los condenados, sentencia que en 2021 estaba a la espera de ser vista por la Corte Suprema. En este y en todos los casos de este tipo, el delito perseguido ha sido el secuestro porque en Chile, después de más de 30 años de gobiernos civiles, aún no se ha tipificado la desaparición forzada como delito autónomo, a pesar de las reiteradas recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, y de una larga tramitación de la ley en el Congreso.

Al año 2020, otras causas vinculadas a la Operación Colombo, correspondientes a un total de 55 casos, aún estaban pendientes, o no existían acciones judiciales en curso. Y en aquellas ya terminadas, la verdad establecida por los tribunales fue muy limitada ya que solo se determinó el paso de las víctimas por los centros de detención y tortura de la DINA. Los pocos hallazgos, producto de las investigaciones, han permitido identificar a 143 personas detenidas desaparecidas de un total de 1.169, pero ninguna de ellas corresponde al grupo de las y los 119 ni a este periodo. Tampoco se han establecido las circunstancias específicas de sus muertes, todo lo cual sigue siendo un secreto conservado con celo por militares y civiles mediante férreos pactos de silencio y una densa red de complicidades y encubrimiento desde el Estado. Así, más de 45 años después del golpe de Estado y de innumerables luchas, acciones, requerimientos y diligencias judiciales, la verdad y la justicia siguen pendientes.

Un balance más general de la labor de los tribunales en materia de violaciones a los DDHH en dictadura muestra que al año 2020, apenas el 23,2 por ciento de las causas sobre personas reconocidas por el Estado como desaparecidas o ejecutadas contaban con sentencia definitiva ejecutoriada, y otros 1.459 proceso por violaciones a los derechos humanos continuaban en tramitación.

Las y los 119 en la memoria colectiva

La Operación Colombo tuvo, y sigue teniendo, gran impacto, no solo entre los familiares y cercanos a las víctimas y organizaciones de defensa de los derechos humanos, sino también en ámbitos sociales más amplios. En torno al caso se han organizado varios grupos buscando reivindicar la memoria y la historia relacionada y, al mismo tiempo, intervenir ante las violaciones a los derechos humanos en el presente. En 1993 se formó el Comité 119, responsable de las actividades artísticas y de denuncia en conmemoración de los 30 años del montaje, realizadas en 1995. Estas incluyeron la instalación, durante tres días, de 119 siluetas en tamaño real y la presentación de piezas de danza, música y otras expresiones en la Plaza de la Constitución y en el Centro Cultural Gabriela Mistral.

Otras organizaciones son el Colectivo 119 Esperanzas, el Colectivo de familiares, amigos y compañeros de los 119, y Memoria 119, estas dos últimas también participaron de las denuncias y del proceso de recuperación de Londres 38, y de la posterior elaboración de su proyecto. Otras acciones impulsadas por estas agrupaciones son la construcción del memorial erigido en 2010 en la bahía de Quintero, junto al sindicato de pescadores de la caleta el Manzano, en recuerdo de las personas detenidas desaparecidas que fueron lanzadas al mar en ese sector; el monumento levantado en conjunto con los estudiantes de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, inaugurado en 2014, y la realización del documental "119 esperanzas".

Las y los 119 también han dado origen a libros como 119 de nosotros, de Lucía Sepúlveda, e inspirado intervenciones y obras artísticas, entre ellas, "119" de Cristián Kirby, un trabajo fotográfico sobre sus retratos; e "Hilos de ausencia: genealogías y discontinuidades", un proyecto de investigación e instalación, realizado por Viviana Silva en conjunto con familiares y amigos de las víctimas de la Operación Colombo, se trata de una serie de pañuelos bordados, fotografías digitales, audios y videos testimoniales. Esta obra fue presentada en varias salas de exposición.

Otras acciones conmemorativas, intervenciones artísticas y producciones culturales sobre las 45 víctimas de la Operación Colombo, que permanecieron detenidas en Londres 38, pueden encontrarse asociadas a cada ficha en la sección Víctimas y protagonistas.

Lista de las y los 119

Parte de una misma generación, la mayoría de las personas mencionadas en la lista de los 119 tenía menos de 25 años al momento de su detención, y diez de ellos eran menores de edad. Otros como Francisco Aedo y Fernando Silva, eran mayores de 60 años. Entre las 20 mujeres estaba Jacqueline Drouilly, de 25 años, y tres meses de embarazo. Hasta hoy se desconoce si ese embarazo pudo llegar a término.

También, entre ellos había al menos ocho grupos familiares: los hermanos Juan Carlos y Jorge Elías Andrónico Antequera, y Nilda y Mario Peña Solari; Fernando Silva Camus y su hijo Claudio Silva Peralta; y las parejas o matrimonios formados por Cecilia Castro Salvadores y Juan Carlos Rodríguez Araya, María Isabel Joui Petersen y Renato Sepúlveda Guajardo, Jacqueline Drouilly Yurich y Marcelo Salinas Eitel, Bárbara Uribe Tamblay y Edwin van Yurick Altamirano, y Marta Neira Muñoz y Arturo Negrete Peña.

Casi todas las víctimas fueron dirigentes estudiantiles, sindicales, gremiales o militantes de diversas organizaciones sociales y políticas, 94 de ellas pertenecían al MIR, nueve al Partido Socialista, siete al Partido Comunista, uno al MAPU, y uno a la Liga Comunista. Aunque en su mayoría eran estudiantes de educación universitaria o técnica, también había empleados, profesionales y obreros.

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