Santiago 17 de noviembre de 2017
A raíz del nombramiento de Ricardo Martínez Menanteau como comandante en jefe del Ejército y su firma en un documento sobre la investigación que realizó la institución sobre la quema de archivos en microfilm de la Central Nacional de Información (CNI) y que "confirma y acredita con certeza la inexistencia de información de inteligencia y contrainteligencia archivada entre los años 1980 y 1982", consideramos y declaramos que este informe no puede considerarse una fuente fiable para acreditar la inexistencia de estos archivos.
Esta no es la primera vez que se niega la existencia de documentación. A su vez, mientras no se realice una política de búsqueda y relevamiento de archivos proactiva, transversal y con atribuciones de allanamiento en todas las reparticiones del Estado, no se puede confirmar la inexistencia de la documentación, más aún en los casos en que el ocultamiento es tan grave, que queda de manifiesto la paradojal situación en que se transgrede una normativa militar e institucional interna, sin sanción, sin responsables, sin investigación.
¿Cabe duda de lo que significaba transgredir las normas militares en plena dictadura? Esto demuestra la nula voluntad del ejército a colaborar y entregar la información que poseen, ya sea documentada o de conocimiento de sus propios funcionarios activos y en retiro, siendo que estos últimos son fácilmente contactables a través de la información de sus sistemas de pensiones o directamente por la justicia.
El sobreseimiento a los responsables al que refiere el informe, implica una clara y expresa violación a los derechos humanos, y la inacción del Estado Chileno confirma dicha vulneración, ya que la información sobre crímenes de lesa humanidad debe ser resguardada y entregada a los tribunales de justicia, y su eliminación u ocultamiento implica complicidad con estos crímenes.
Estos hechos son aún más graves si se considera el reciente nombramiento como Comandante en jefe del Ejército a Martínez Menanteau, el oficial que firmó dicho informe, con fecha 03 de junio de 2016, cuando se desempeñaba como jefe del Estado Mayor General. Es inconcebible que las autoridades desconocieran esta información y la responsabilidad de Martínez, oficial que -como muchos otros militares chilenos- cuenta además con un diplomado de "operaciones conjuntas en el Instituto de Cooperación de Seguridad Hemisférica en EE.UU", nombre bajo el cual se conoce ahora la Escuela de las Américas que, en el pasado reciente, formó a la mayoría de los oficiales latinoamericanos responsables de las más cruentas dictaduras en el continente.
La complicidad explícita de Martínez con el contenido del informe y la completa absolución que otorgó a los responsables de la supuesta destrucción de los archivos, lo inhabilitan para asumir toda responsabilidad en el Ejército. Exigimos al gobierno y, en especial a la Presidenta de la República, que revierta esta decisión y cumpla con su deber de asegurar el libre acceso a la información y el derecho a la verdad. Su confirmación significaría un nuevo acto de complicidad, esta vez de parte del ejecutivo y de la máxima autoridad.
También creemos que esta situación demuestra la precariedad en la gestión de la información, documentación y archivos en Chile y en especial en este caso, del Ejército. Es un nuevo llamado de alerta para la construcción de una política nacional de archivos que contemple la especificidad de los archivos sobre crímenes de lesa humanidad, memoria y derechos humanos, que termine con las atribuciones especiales de las Fuerzas Armadas para administrar y eliminar sus documentos sin traspasar ni consultar su documentación al Archivo Nacional.
