1. Considerando que en el año 2003 los archivos generados por las agrupaciones de familiares y Comités de ayuda a perseguidos políticos entre 1973 y 1995 fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y atendiendo a la relevancia de estos archivos para la memoria mundial y a la necesidad de difundirlos y preservarlos por contener en sus documentos parte de la "memoria histórica de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar (1973-1989)". Asimismo, que en los últimos años, a través de la declaratoria de Monumento Histórico el Consejo de Monumentos Nacionales ha reconocido el valor patrimonial de los Archivos de Colonia Dignidad (2016), vinculados con la represión política cívico militar ejercida por la dictadura y del Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (2017).
2. Que en el año 2016 la Universidad de Chile, a través de su Archivo Central Andrés Bello, desclasificó y puso al acceso público los archivos que dan cuenta de la represión en la Universidad durante la dictadura.
3. Que a pesar de las demandas, declaraciones, luchas y campañas de diversos sectores de la sociedad civil y de las agrupaciones de derechos humanos no se ha derogado el artículo 14 del decreto Ley N°5.200, modificado por la dictadura en 1989, que impide la transferencia de los archivos generados por las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, y el Ministerio de Defensa, al Archivo Nacional, negando con ello el acceso público a estos documentos, y con ello a la memoria, la verdad y la justicia.
4. Que sistemáticamente las Fuerzas Armadas y de Orden han negado el acceso a sus archivos y han sostenido reiteradamente que no existen documentos generados por su actuar represivo y que dan cuenta de los crímenes de lesa humanidad y de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el estado dictatorial entre 1973 y 1990.
Frente a estos hechos, nos ha parecido pertinente manifestar nuestra opinión:
5. Como Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile manifestamos nuestra preocupación y nos sumamos a la indignación frente a la destrucción de un grupo de documentos microfilmados que daban cuenta del actuar criminal de los organismos represivos de la dictadura cívico-militar, hecho reconocido recientemente por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y dado a conocer a través de los medios de prensa en las semanas pasadas.
6. Creemos que la discusión en torno a los archivos de la represión no puede partir del supuesto de que todos los documentos generados por la gestión de las Fuerzas Armadas y de Orden y por los aparatos represores del Estado durante los 17 años de dictadura han sido destruidos; por el contrario, creemos que este tipo de noticias fortalece la demanda de las agrupaciones de la sociedad civil por desclasificar estos archivos y evidencia la necesidad de derogar el artículo 14 de la Ley N°5200 y la transferencia de los archivos del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas y de Orden al Archivo Nacional, atendiendo al interés público de dichos documentos y a su relevancia para la memoria, la historia, la verdad y la justicia en relación con los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura cívico-militar.
7. Hacemos un llamado a las autoridades ejecutivas y legislativas para que tomen todas las medidas para preservar el patrimonio histórico del país y se eviten todos aquellos actos destinados a perpetuar la impunidad de las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos ocurridas bajo la dictadura.
Santiago, 27 de noviembre 2017
Consejo Directivo Cátedra de Derechos Humanos
Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones
Universidad de Chile
