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Decálogo para creer en arrepentimientos

En el contexto de las recientes expresiones de arrepentimiento del ministro Andrés Chadwick por haber apoyado a la dictadura y de las últimas declaraciones del ex presidente Patricio Aylwin, parece evidente que asistimos a una estrategia de defensa de la herencia de la dictadura que se abre paso en paralelo, y sin contradicción aparente, a la condena a las violaciones a los derechos humanos.

Publicado el 20 de junio de 2012

Andrés Chadwick, ministro secretario general de Gobierno, ha manifestado públicamente su arrepentimiento por "haber sido partidario de un gobierno donde se violaban los derechos humanos". Ya antes Joaquín Lavín había dado un paso semejante. Dichas expresiones de rechazo no han implicado una condena al régimen que las practicó. Así lo han manifestado Chadwick y quienes consideran que en la "modernización" de la economía y la sociedad hay una "obra" y un legado que defender. Los "aspectos negativos" de la dictadura -se nos dice--, no deben hacernos desconocer los "aspectos positivos". Así, junto con relevar la "herencia positiva" de la dictadura y de los gobiernos de la Concertación que la administraron, éstas y otras declaraciones que han proliferado en los medios insisten en el éxito del "modelo chileno" y en lo mucho que hemos avanzado, atribuyéndole a la dictadura incluso el resultado de procesos que en muchos casos obedecen a dinámicas más globales, como la masificación del consumo o el desarrollo tecnológico.

De manera casi simultánea, el líder histórico de la Democracia Cristiana y ex presidente de la República Patricio Aylwin también se refirió al pasado reciente. El ex gobernante reiteró su opinión sobre la dictadura cívico militar, señalando que Pinochet había representado, por una parte, "orden, seguridad, respeto, autoridad", y por otra, "una economía de mercado que iba a permitir la prosperidad del país".

Así las cosas, parece evidente que asistimos a una estrategia de defensa de la herencia de la dictadura que se abre paso en paralelo, y sin contradicción aparente, a la condena a las violaciones a los derechos humanos. Pero, ¿es posible esa separación? ¿se puede rescatar" lo bueno" y condenar los "excesos"? ¿No es acaso el terror generalizado una condición de la "modernización" dictatorial? ¿Habría sido posible imponer, en condiciones democráticas, cada uno de los componentes de dicha transformación? ¿Imponer por ejemplo, el Plan Laboral que suprimió los derechos laborales, o privatizar la previsión, la salud, la educación pública y las empresas estatales? ¿Y refundar el Estado y el sistema político a través de una Constitución Política que aún nos rige y que fue generada entre cuatro paredes? ¿Habría sido posible todo esto sin el disciplinamiento social que impuso el terror bajo sus más diversas formas?

Ciertamente, no. Dicho programa refundacional no habría sido posible. No se puede separar el rechazo a las violaciones a los derechos humanos del rechazo a la racionalidad del modelo de sociedad que las requirió para su implantación, ni de sus efectos en nuestro presente. El terrorismo de Estado fue una política sistemática, no un exceso, necesario para producir esa transformación sobre la economía, la sociedad y el Estado. Por ello es inseparable del nuevo orden que se generó y en el que aún vivimos: una sociedad profundamente desigual en la distribución de la riqueza y, sobre todo, del poder. Una sociedad donde, por ejemplo, ya no existe el derecho a huelga efectiva, o donde los movimientos sociales construyen consensos ampliamente mayoritarios que luego son ignorados por las instituciones políticas formales.

Al introducir esta distinción entre "lo bueno" y "lo malo" de Pinochet y la dictadura cívico militar, consciente o inconscientemente, se termina solidarizando con aquella visión que valora al régimen, su herencia y sus resultados: un país desigual, abierto no sólo a los beneficios que promete su inserción en el mercado mundial sino, sobre todo, a los costos que involucra para las grandes mayorías de trabajadores y trabajadoras endeudados que son los que generan la riqueza y los recursos para el bienestar.

Ante estos discursos surge la pregunta respecto a la oportunidad en que ellos se manifiestan ¿por qué ahora? Tal vez se deba, como se ha dicho, al desgaste del pinochetismo y de su adhesión ciudadana. O también al rechazo mayoritario a los crímenes de la dictadura, rechazo que no excluye la existencia de un sector de la sociedad chilena que aún los reivindica como "necesarios".

Pero junto con ello no puede ignorarse que el momento en que esta doble estrategia de defensa del legado de la dictadura se produce, es un momento de cambio. Durante 2011 Chile cambió, y sigue cambiando. Un proceso de ciudadanización y resistencia ha puesto en cuestión aspectos claves del modelo. Así sucedió con las movilizaciones estudiantiles, con las luchas de Aysén, Calama y con Freirina recientemente. Momentos todos de un proceso que probablemente continuará con nuevas movilizaciones estudiantiles y ciudadanas durante este y los próximos años.

En ese escenario, la condena a las violaciones a los derechos humanos del pasado permite desviar la mirada de la impunidad en que se mantienen los responsables de éstas en el presente. Pero también contribuye a mantener la ficción de un presente democrático y respetuoso de los derechos, al mismo tiempo que éstos son vulnerados cotidianamente y se imponen restricciones a la libertad de expresión y manifestación, se criminaliza la protesta social, se reprime a las comunidades mapuche, y se descubren montajes judiciales.

Es por eso que ante los gestos de contrición y arrepentimiento por los crímenes que dieron origen a las injusticias de la actual sociedad chilena, cabe preguntarse: ¿basta con la expresión verbal del arrepentimiento?, ¿no debe éste ir acompañado de ciertas acciones concretas?

Más allá de la sinceridad de estas declaraciones, nos interesa que estas se traduzcan en hechos concretos y eficaces. Para que las palabras de arrepentimiento de las autoridades expresen una mínima consistencia con sus actos, al menos en el ámbito de los derechos básicos, se requeriría de ciertas condiciones y acciones mínimas, entre ellas:

  1. Un compromiso efectivo con el establecimiento de la verdad, justicia y reparación respecto de los crímenes que hoy condena.
  2. Entrega de la información sobre el destino de los detenidos desaparecidos que poseen los agentes del Estado responsables de los crímenes.
  3. Desclasificación de los archivos de la represión a fin de que se conozca su verdadero alcance, tal como ya lo han hecho otros países que han pasado por situaciones similares.
  4. Fin a la persecución y criminalización de la protesta social.
  5. Término a la represión del pueblo mapuche que durante los últimos 20 años -además de la sufrida en dictadura- ha cobrado decenas de muertos a manos de agentes del Estado, y justicia para estos casos.
  6. Esclarecimiento de la desaparición del joven de 16 años de edad José Huenante Huenante, primer detenido desaparecido en democracia.
  7. Fin a la impunidad en el crimen de Manuel Gutiérrez, joven acribillado por carabineros en el marco de una protesta estudiantil en agosto del 2011.
  8. Término de la aplicación de leyes de excepción para causas civiles, como la Ley Antiterrorista y la de Seguridad del Estado.
  9. Respeto a los pactos internacionales suscritos por Chile y los que faltan por ratificar que declaran inamnistiables, imprescriptibles y no sujeto a indultos presidenciales los crímenes de lesa de humanidad.
  10. Fin a las atribuciones de la justicia militar para ver causas que involucren a civiles.

Londres 38, espacio de memorias
Santiago de Chile, junio de 2012.