Presentación
El 3 de septiembre de 2005, José Huenante, un joven mapuche de 16 años, desapareció después de ser detenido por un grupo de carabineros, en la población Mirasol de Puerto Montt. Aunque numerosos antecedentes acusan a los policías que lo detuvieron, desde entonces se desconoce su paradero.
José vivía en casa de sus tíos Jaime Nahuelquín y María Huenante, quienes se habían hecho cargo de su custodia y mantención. El joven había pasado su infancia en el hogar de menores de la Fundación Mi Casa, en Pelluco, ubicado a cinco kilómetros de Puerto Montt. Al salir del hogar abandonó los estudios para trabajar en una lechería y, después, en una procesadora de productos del mar.
Un año antes, José había sido detenido y golpeado por carabineros por estar en la calle compartiendo y bebiendo con amigos. El día de su desaparición, José estaba en similares circunstancias, en el barrio donde vivía, cuando un carro policial apareció en el sector. Algunos de los jóvenes lanzaron piedras a la patrulla, lo que provocó que otros vehículos acudieran al lugar y los muchachos huyeran en distintas direcciones.
La vecina de la población Mirasol, María Angélica Morales fue testigo de parte de esta escena. En 2005 declaró: "Vi cuando el joven corría desesperadamente y al rato vi una patrulla de Carabineros que venía con las luces apagadas". Este era el vehículo 1375, de la 5ª Comisaría de Puerto Montt, que persiguió a José por los pasajes de la población.
El encubrimiento
Al día siguiente, María Huenante fue a la 5ª Comisaría de Carabineros a denunciar la presunta desgracia de su sobrino pero, en lugar de darle curso -recibir denuncias es parte de las funciones de Carabineros-, le dijeron que antes debía buscarlo en el hospital y en la cárcel. Fue entonces a la Policía de Investigaciones, donde su denuncia fue acogida y, según señaló posteriormente, le sugirieron que reclamara contra los carabineros de servicio por incumplir su deber.
Dos días después de haber efectuado el reclamo, María fue citada al mismo cuartel donde habían rechazado la primera denuncia. El carabinero que estaba de guardia la obligó a firmar un desistimiento del reclamo. "Me sentí intimidada, porque me advirtió que si no lo hacía, sería detenida. A mí, lo único que me interesaba era hallar a mi sobrino", señaló. El amedrentamiento a los familiares de José continuó durante meses después de su desaparición. Similar situación vivió la testigo María Angélica Morales, quien denunció que ella y su familia sufrieron hostigamiento y fueron insultados por parte del personal policial.
En la documentación oficial del día 3 de septiembre, solo existe constancia de la detención de Pablo Gallardo, de 17 años, también vecino de la población. Sin embargo, la investigación posterior estableció que el número de detenidos en el Libro de población había sido modificado, reemplazando el número "2" por un "1". Además, el Registro de Actividades realizadas entre las 2:15 A.M. y las 6 A.M. de ese día, desapareció; y el kilometraje indicado en el Libro de Segunda Guardia no coincidía con el del radiopatrulla número 1375.
Años después, cuando la institución instruyó dos sumarios internos y se comprobó la adulteración, los tres funcionarios que esa noche se trasladaban en el vehículo policial, el cabo 1ro Patricio Mena, el cabo 2do César Vidal, y el sargento Juan Altamirano, fueron dados de baja de Carabineros. Sin embargo, en 2015, se les reincorporó.
Un patrón de impunidad
La indagación seguida a partir de la denuncia por presunta desgracia no tuvo avances. En 2009, el entonces senador por la región de Los Lagos, Camilo Escalona, presentó una querella por la desaparición de José.
Los tres carabineros investigados nunca colaboraron con este proceso, incluso, se negaron a participar de la reconstitución de escena, pero durante ese mismo año fueron formalizados. Sin embargo, debido a su condición de personal policial, el Ministerio Público pidió la incompetencia del juez de garantía y el caso fue trasladado a la justicia militar, institución entonces vigente, cuya reforma, que buscaba limitar su competencia a los delitos estrictamente militares, concluyó en 2016.
Esta decisión desoía las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, ya en 2005 a raíz del Caso Palamara, había condenado al Estado chileno por tener un sistema penal militar con competencias para juzgar civiles, en calidad de víctimas o imputados, en contradicción con el artículo 25 de la Convención Americana sobre DD.HH.
En 2011, el abogado Luis Correa Bluas solicitó a la Fiscalía Militar de Puerto Montt procesar a los tres carabineros involucrados, y denunció la venta del vehículo policial al que Huenante fue subido. "Es una prueba procesal, donde era necesario realizar peritajes, buscar ADN y otros indicios que podrían ser útiles para los tribunales", afirmó. Pero el caso fue finalmente sobreseído por la justicia militar.
En 2015, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y Cecilia Huenante, madre del adolescente, presentaron sendas querellas por el caso. Y en 2018, un fallo de la Corte Suprema ordenó que la justicia ordinaria llevara una investigación única por su desaparición, permitiendo así la revisión del proceso que, bajo la justicia militar no había establecido el paradero de José, ni identificado a los responsables de su desaparición.
La justicia militar solo quedó a cargo de la investigación sobre la falsificación de los registros policiales y, recién en 2022, estableció la responsabilidad del carabinero César Vidal, en la alteración del kilometraje del radiopatrulla, condenándolo a 541 días de presidio bajo libertad vigilada, y a las penas accesorias de suspensión del cargo durante el tiempo de la condena, y pérdida del estado militar. Los otros dos involucrados fueron absueltos.
Por su parte, el Ministerio público tampoco llego a establecer la suerte corrida por José, poniendo en evidencia, una vez más, un patrón de impunidad que incluye formas de encubrimiento y complicidad de las instituciones, así como la incapacidad de la justicia para cumplir con su misión.
Ese patrón muestra continuidades con la respuesta del Estado a los casos de personas detenidas desaparecidas en dictadura. No solo han debido pasar décadas en democracia para alcanzar verdades parciales, también, el paso del tiempo, las bajas penas aplicadas y diversas estrategias judiciales han permitido a la mayoría de los condenados por estos crímenes evitar las sanciones, cumplirlas en libertad, acogerse a beneficios y, a partir de 2026, contar con la promesa presidencial del otorgamiento de indultos. Sin mencionar a los prófugos que han tenido la protección necesaria para permanecer fuera del alcance de los tribunales.
La respuesta desde el poder político
El caso de José Huenante fue conocido como el "primer caso de detenido desaparecido en democracia". Sin embargo, en 2001 ya había habido otro -el de Hugo Arispe- que había carecido de difusión nacional. La desaparición de Huenante trascendió cuando el centro de DD.HH. de la Universidad Diego Portales (UDP) la calificó como tal, en su Informe Anual de 2009:
"Un caso muy grave de violencia policial contra menores de edad detenidos arbitrariamente ha venido a rememorar prácticas propias del peor período de la dictadura militar: El drama de la desaparición forzada de personas y de la falta de información y de respuesta oportuna de la justicia y la policía a las demandas de los familiares".
En ese momento la calificación de "detenido desaparecido" fue rechazada por las autoridades, a través del ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma, quien, a través de radio Cooperativa, señaló: "me parece insólito hablar de detenidos desaparecidos en democracia", afirmando, incluso, la existencia de un homicidio que no estaba acreditado:
"Si empezamos a calificar cada uno de los homicidios como cosas de detenidos desaparecidos, me parece que le estamos haciendo un flaco favor, y poniendo en iguales condiciones los detenidos de la dictadura con problemas policiales y delictuales que se han producido y se van a seguir produciendo".
El caso también fue negado por el gabinete del Presidente de la República, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. En una carta oficial de respuesta a la solicitud de varias organizaciones sociales y de DD.HH. este fue calificado como una "presunta desaparición". Esa expresión trajo al presente la fórmula utilizada en dictadura para poner en duda la veracidad de las denuncias y de la propia condición de "desaparecido" de las víctimas.
En 2013, en un acto en Puerto Montt, en el contexto de su segunda campaña presidencial, Michelle Bachelet fue interpelada por un grupo de familiares y amigos de José Huenante, reunidos en la Coordinadora Justicia para José. Demandaban el apoyo de la autoridad al esclarecimiento de su destino.
Sin embargo, durante más de dos décadas y cuatro presidentes -Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric-, no se han conocido medidas ni palabras públicas de condena que expresaran preocupación sobre este y otros casos similares que han involucrado la responsabilidad de agentes del Estado.
Sobre estos crímenes se ha argumentado que no son políticos, porque las víctimas no responden a las características del sujeto perseguido durante la dictadura: un sujeto comprometido políticamente. Esa diferencia fue una de las razones esgrimidas por las autoridades, e incluso por organizaciones de defensa de los derechos humanos, para afirmar que no se trataba de desapariciones forzadas.
Pero los casos de detenidos desaparecidos en democracia corresponden a un patrón distinto, no por eso menos político. Todos ellos -así como también otras víctimas de la violencia estatal- tienen en común la pobreza y la vulnerabilidad social, y son parte de grupos segregados y criminalizados por el Estado, como asimismo por sectores de la sociedad.
Ya en 2008, el informe Violencia policial en Chile -elaborado por el Observatorio ciudadano, Amnistía internacional y otras organizaciones- advertía que, entre los años 1990 y 2004, habían ingresado a la justicia militar 6.083 casos por violencia policial imputable a Carabineros, solo en las regiones IV, V, VI y Metropolitana. El promedio anual de estos casos se había incrementado sostenidamente durante ese periodo, pasando de 164 en 1990, a 585 en el año 2004.
En agosto de 2012, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas visitó Londres 38. En su informe posterior relevó el caso Huenante señalando que su traslado a la justicia militar constituía no solo una violación del artículo 16.2 de la Declaración de Naciones Unidas sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas sino, también, "un obstáculo clave para poner fin a la impunidad de dicha desaparición forzada." Agregando que estos casos deben ser investigados "de manera rápida y eficaz por la justicia ordinaria" y que "la Policía de Carabineros de Chile debe estar sometida a la jurisdicción ordinaria en el conocimiento de cualquier acto ilícito cometido por sus miembros".
Tuvieron que pasar 26 años desde el término de la dictadura para que las modificaciones a la justicia militar - introducidas por el Congreso en 2010 y en 2016-, limitaran su alcance, excluyendo de su competencia a civiles. Sin embargo, a partir de 2025, sectores oficialistas han propuesto una contrarreforma que busca retrotraer la legislación a su estado anterior.
La tipificación en el Código penal de la desaparición forzada como un delito autónomo es una medida que expertos y organismos de derechos humanos coinciden en señalar como un componente fundamental de las garantías de no repetición de este delito. Sin embargo, la tramitación del proyecto de ley ingresado al Congreso en 2014, sin urgencia, sigue aún pendiente.
Otros casos de detenidos desaparecidos en democracia
Otros tres nombres se suman al de Huenante: Hugo Arispe (2001), Ramón Pacheco (2008) y José Vergara (2015). Como se señala en este artículo estos casos tienen en común el rol de Carabineros y el factor pobreza presente en la vida de las víctimas.
Hugo Arispe Carvajal era cuidador de autos y tenía 53 años cuando fue detenido por carabineros en Arica, por encontrarse en estado de ebriedad en la vía pública. Al no poder pagar la multa, fue enviado al Centro Penitenciario de Acha desde donde desapareció. Después de 52 días sin obtener información de las autoridades, la familia logró reunirse con el alcaide del recinto penal, ver los libros de registro y el lugar en el cual se guardaban los objetos de los reclusos, donde se encontró la cédula de identidad de Hugo Arispe.
Con estos antecedentes, la Corte Suprema ordenó investigar el caso por el delito de secuestro permanente, y en 2013 designó un ministro en visita extraordinaria. Nuevos testigos aportaron información sobre el aislamiento y golpes a los que Hugo había sido sometido por cuatro gendarmes del denominado "Grupo de Reacción", encargado de reprimir hechos violentos dentro de la cárcel.
En 2016, el Instituto de DD.HH. (INDH) interpuso una querella, pero la causa se cerró dos años después, sin que se hubiera interrogado a los gendarmes involucrados. Aunque luego la investigación fue reabierta, nunca arrojó nueva información que pudiera establecer el paradero de la víctima.
El joven de 23 años, Ramón Pacheco Giacomozzi era mudo, desapareció en Talcahuano, en 2008, y estuvo en esa condición hasta 2020 cuando se identificaron sus restos. Estos habían permanecido en el Servicio Médico Legal de Concepción durante 11 años porque un primer análisis erróneo estableció que correspondían a una mujer, descartándose el cotejo de ADN con los familiares de Ramón.
A esta irregularidad en la identificación se suman las contradicciones entre los carabineros que siempre negaron su detención, y un testigo que primero afirmó haberlo visto subiendo a un vehículo policial en Hualqui y luego, en el sumario interno de Carabineros, se desdijo señalando que su testimonio se refería a un año antes de la desaparición de Ramón. Sin embargo, en los registros de la institución no existe constancia de ese procedimiento para ninguna de las fechas declaradas.
Aunque en 2020 la Fiscalía de Talcahuano reabrió la causa temporalmente cerrada, no se han conocido avances de la investigación.
El 13 de septiembre de 2015, los familiares de José Vergara Espinoza, de 22 años, solicitaron ayuda a Carabineros para contener una crisis provocada por su condición de salud mental. Debido a que carecían de acceso a asistencia médica de urgencia, era lo que solían hacer cuando su situación se hacía crítica. Pero en esta oportunidad, José fue subido al vehículo policial desde su casa en la población La Tortuga, de la comuna de Alto Hospicio, y su familia nunca más volvió a saber de él.
Inicialmente, la investigación estuvo a cargo de la justicia militar que procesó a los involucrados sólo por detención ilegal y falsificación de la documentación relacionada. Luego, en la causa que llevó el Ministerio Público, los carabineros implicados confesaron que habían abandonado al joven en el desierto, camino a Caleta Buena, en la ruta que va de Alto Hospicio a Pozo Almonte, alterando luego la hoja de ruta del vehículo policial.
Los carabineros Carlos Valencia Castro, Abraham Caro Pérez, Angelo Muñoz Roque y Manuel Carvajal Fabre fueron condenados por el delito de secuestro a una pena de cuatro años de presidio, la que fue sustituida por libertad vigilada intensiva y un programa de reinserción social; absolviéndolos del delito de falsificación de instrumento público por estimar que la hoja de ruta adulterada no reunía las características de un documento de ese tipo.
En 2019, los familiares de José interpusieron una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en contra del Estado de Chile, por los procesos judiciales que calificaban de "fallidos", la que fue acogida a tramitación en 2023.
Según declaraciones al diario La Tercera, en septiembre de 2023, Juan Vergara, padre de José, señaló que se reunió con el Presidente Gabriel Boric durante la visita del Mandatario al memorial de Pisagua, quien "se comprometió conmigo y mi familia a reiniciar la búsqueda del paradero de mi hijo e incluirlo en el Plan de Búsqueda de detenidos desaparecidos, pero nos engañó". Se refería a la decisión del ejecutivo que, finalmente, solo incluyó en el Plan los casos de personas detenidas desaparecidas durante la dictadura.
José Huenante en la memoria colectiva
El 30 de agosto de 2011, Día del Detenido desaparecido, Londres 38 se propuso visibilizar la desaparición de José Huenante a través de la intervención urbana, ¿Dónde está? ¿Dónde están?, instalando su imagen multiplicada en el centro de la ciudad de Santiago. Con ese objetivo, diez artistas visuales trabajaron sobre su foto, o hicieron su propia lectura de la tragedia. Las imágenes resultantes fueron ampliadas a gran tamaño, y exhibidas en una decena de edificios a lo largo de la Alameda en la ciudad de Santiago.
En la intervención participaron los artistas Roser Bru, Ismael Frigerio, Voluspa Jarpa, Carlos Montes de Oca, Iván Navarro, Guillermo Núñez, Bernardo Oyarzún, Víctor Pavez, Eugenio Téllez y Camilo Yáñez.
Este trabajo incluyó la publicación de un libro sobre el caso, un documental, y posteriormente la muestra itinerante que ha circulado por diversos espacios y ciudades del país, acompañando talleres y espacios de conversación con comunidades, en torno a la desaparición forzada.
Otra obra artística sobre el caso de José Huenante es A los 3 días de septiembre de Paula Arrieta, presentada en 2012. El título alude a la fecha de su detención. "Me interesó presentar un trabajo que cumpliera una doble función: por un lado reflexiva, acerca de los hechos que ponen en jaque la democracia en Chile y, por otro lado, informativa. Muy poca gente sabe quién es José Huenante y qué fue lo que sucedió con él". A través de la interacción que la obra propone, las personas "podían llevarse algo, una imagen, como símbolo de esa persistencia con la que necesitamos actuar para evitar el olvido", señala la artista.
El documental La lluvia fue testigo, realizado en 2017 por Nicolás Soto, buscó dar cuenta de la vida de José, así como de la ausencia y del abandono social que recorre su historia.
En Puerto Montt, cada año se realizan actividades para recordar a José Huenante, y seguir demandando verdad y justicia. Su familia, amigos y organizaciones sociales suelen convocar a marchas en la población y a otras que recorren la ciudad, desde el terminal de buses a la Plaza de Armas. Actos político culturales, conversatorios, peñas solidarias, carnavales, música, rap, muralismo, danza, rogativas, misas y velatones en la capilla Sagrada Familia, son parte del amplio y diverso repertorio de manifestaciones de un recordar activo que la comunidad ha desplegado durante más de veinte años para mantener presente la memoria de José.
La Escuela José Huenante de Puerto Montt es un proyecto colectivo que realiza escuelas de verano en el sector de Mirasol, donde vivía José. Sus ejes de trabajo son la educación popular y la promoción de los derechos de niños y adultos.
El 3 de septiembre, fecha de su detención y desaparición, es un hito de conmemoración colectiva en Puerto Montt, pero también el 1º de noviembre, día de su nacimiento, fecha que actualiza y trae al presente su vida.
